El inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso marca un año de intensa actividad legislativa para el Gobierno de Javier Milei, que no enfrentará elecciones en 2026 y busca consolidar reformas pendientes que considera estratégicas. Desde Casa Rosada aseguran que la agenda para el período ordinario, que comenzará el domingo 1° de marzo, incluirá más de 40 proyectos de ley en diversas áreas, algunos de ellos con fuerte impacto en la economía, la seguridad y la administración pública.

Según fuentes internas del Ejecutivo, la prioridad estará puesta en aquellos proyectos que habían quedado en pausa durante 2025, especialmente tras el tratamiento de la reforma laboral. Aunque muchos detalles se mantienen en reserva, el panorama legislativo que se avecina promete un ritmo intenso, con discusiones que podrían marcar el rumbo del segundo tramo del mandato. Entre los temas centrales figuran cambios profundos en el Código Penal, ajustes en la estructura tributaria y modificaciones clave en la Ley de Salud Mental, además de una serie de iniciativas surgidas del Consejo de Mayo y de los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo.

El Gobierno apuesta a que, al no haber elecciones en el calendario, podrá avanzar con proyectos de mayor complejidad sin las presiones políticas que suelen condicionar la agenda legislativa en años electorales. No obstante, la coordinación con los gobernadores, la mesa judicial y los distintos bloques parlamentarios será crucial para que las reformas logren aprobarse en tiempo y forma.

Reforma tributaria y modernización laboral: el desafío económico del Ejecutivo

Uno de los proyectos más relevantes que planea enviar el Gobierno es la reforma tributaria, aún en fase de diseño, y que busca simplificar impuestos y reducir la carga sobre los contribuyentes. Según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, la idea central es disminuir Ganancias para las personas y generar un esquema de “competencia fiscal” entre las provincias, con un sistema de IVA dividido entre Nación y jurisdicciones locales.

“Vamos a dividir el IVA entre nacional y provincial. Nosotros cobraríamos el 9% sobre el 21% actual”, explicó Caputo, destacando que el objetivo es estimular el desarrollo de los mercados y promover la inversión privada. Sin embargo, la propuesta enfrenta resistencias, sobre todo de gobernadores que cuestionan la reducción de alícuotas de Ganancias para las empresas, ya que impactaría directamente en los recursos de la coparticipación federal.

Este capítulo impositivo se incorporará al proyecto de “Modernización Laboral”, que busca simplificar procedimientos y normativas para incentivar la contratación y el crecimiento económico. El Ejecutivo aspira a que, una vez tratada la reforma laboral, la agenda económica avance con rapidez, aunque aún resta definir cómo se equilibrará la reducción de impuestos con las necesidades financieras del Estado.

En paralelo, la mesa política analiza medidas complementarias que podrían potenciar la reforma laboral, como incentivos a la formalización de empleos y modificaciones en contribuciones patronales. La combinación de estas iniciativas refleja la estrategia del Gobierno: utilizar la agenda legislativa para consolidar cambios estructurales en el mercado laboral y el sistema tributario, mientras se preserva la capacidad de gasto público.

Endurecimiento del Código Penal y Ley de Salud Mental: seguridad y derechos en debate

Otro eje central de la agenda legislativa del Ejecutivo está vinculado a la seguridad y la justicia. Tras la frustrada intención de aprobar cambios en febrero, el Gobierno ultima los detalles de la modificación del Código Penal, que abarcará más de 900 artículos y contempla el endurecimiento de las penas para delitos graves como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. La intención de la administración libertaria es aprobar estos cambios con celeridad, destacando la importancia de un sistema penal más estricto como herramienta de prevención y control del delito.

A la par, el Ministerio de Salud trabaja en cambios a la Ley de Salud Mental que buscan habilitar internaciones involuntarias bajo autorización judicial en casos específicos y crear centros especializados para el tratamiento de pacientes. La propuesta responde a reclamos persistentes de familias, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad, y busca equilibrar los derechos individuales con la protección de terceros y la seguridad pública.

Estas iniciativas se suman a otros proyectos que tienen como objetivo reforzar la institucionalidad del país, como la ampliación de vacantes en el Poder Judicial. Actualmente, la Corte Suprema opera con solo tres miembros, y se prevé el envío de pliegos para cubrir cargos vacantes en la Justicia Nacional y Federal, donde cerca del 37% de los puestos se encuentra sin titular. El objetivo es garantizar una mayor eficiencia judicial y reducir los retrasos en la administración de justicia.

Educación, seguridad y proyectos pendientes: el resto de la agenda

Más allá de los ejes económicos y judiciales, la agenda del Gobierno contempla reformas en educación, seguridad y administración pública. La Ley de Libertad Educativa, derivada del Consejo de Mayo, propone la obligatoriedad escolar desde los 4 años hasta el final del secundario, estableciendo mínimos de horas por nivel y otorgando mayor autonomía institucional para definir planes de estudio dentro de un marco de contenidos comunes a nivel federal.

Otro frente en el que trabaja el Ejecutivo es la seguridad interior y nacional. Desde el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo se estudian cambios a la Ley de Inteligencia Nacional y la revisión de leyes vinculadas a la seguridad, aunque aún no se precisaron fechas para su envío al Congreso.

El Gobierno también contempla incluir en el temario de sesiones ordinarias proyectos que quedaron pendientes en extraordinarias, con especial atención a la Ley de Emergencia Ígnea ante los reclamos de gobernadores patagónicos. La coordinación de la hoja de ruta legislativa requiere ajustar los tiempos, teniendo en cuenta feriados, períodos de vacaciones y la necesidad de concluir proyectos antes de que se reanude la actividad después de marzo.

Por último, el Ejecutivo mantiene reserva sobre medidas relacionadas con el sistema previsional, que no serán tratadas hasta el próximo mandato. Esta decisión busca evitar conflictos políticos innecesarios y garantizar que la discusión sobre jubilaciones y pensiones se desarrolle en un contexto más favorable, dejando para el futuro los cambios que podrían generar mayor debate.

El año legislativo que comienza se perfila como un período de gran intensidad en el Congreso. La combinación de reformas económicas, modificaciones al Código Penal, ajustes en la Ley de Salud Mental y proyectos en educación y seguridad refleja la ambición del Gobierno de avanzar con una agenda amplia y estructural. Con más de 40 proyectos en carpeta, la coordinación entre el Ejecutivo, los legisladores y los gobernadores será determinante para lograr sanciones rápidas y efectivas, asegurando que las iniciativas estratégicas del mandato se concreten antes de 2027.