La Cámara baja dio media sanción al proyecto que modifica el régimen vigente desde 1980 y establece responsabilidad penal desde los 14 años para delitos graves. Cómo funcionará el nuevo sistema, qué penas prevé, qué cuestionamientos surgieron y qué puede pasar ahora en el Senado.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma del Régimen Penal Juvenil y fijó en 14 años la edad de imputabilidad para determinados delitos, en una de las votaciones más relevantes del período legislativo. El proyecto obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones, y ahora deberá ser tratado por el Senado, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley durante las sesiones extraordinarias.

La iniciativa modifica un esquema que rige desde 1980 y que, según amplios sectores políticos, quedó desactualizado frente a las transformaciones sociales y a la complejidad del delito juvenil. El Gobierno defendió la reforma como una herramienta para ordenar la respuesta del Estado ante hechos graves cometidos por adolescentes, mientras que la oposición planteó reparos sobre el enfoque punitivo, la inversión prevista y la ausencia —según advirtieron— de políticas estructurales de prevención.

El debate no solo giró en torno a la edad en sí misma, sino también sobre el tipo de sanciones, la duración de las penas, la participación de las víctimas y el financiamiento de los dispositivos especializados. La media sanción marca un punto de inflexión en una discusión que lleva años en el Congreso y que ahora se trasladará a la Cámara alta.

Qué significa bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Uno de los ejes centrales de la discusión fue el concepto de imputabilidad. En términos jurídicos, implica que una persona puede ser considerada penalmente responsable por un delito y, por lo tanto, sometida a un proceso judicial con posibilidad de sanción.

Hasta ahora, el régimen vigente establecía que los menores de 16 años no eran punibles en el sistema penal tradicional. Con la reforma aprobada, los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados por delitos graves bajo un régimen especial, distinto al de los adultos, pero con consecuencias penales concretas.

El oficialismo argumentó que, a partir de esa edad, existe capacidad de comprensión de la criminalidad del acto. Legisladores que acompañaron el proyecto señalaron que la reforma no implica aplicar el Código Penal de adultos a menores, sino crear un sistema específico con reglas diferenciadas, garantías procesales y límites estrictos.

El nuevo Régimen Penal Juvenil contempla un máximo de 15 años de condena en los casos más graves y establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso. Antes de llegar a esa instancia, los jueces contarán con un abanico de medidas alternativas.

Entre ellas se incluyen amonestaciones, prestación de servicios a la comunidad, restricciones de acercamiento, prohibiciones de conducir o salir del país, tratamientos contra adicciones y seguimiento judicial obligatorio. El objetivo declarado es combinar responsabilidad con resocialización.

El proyecto también fija la prohibición absoluta de alojar a menores junto a adultos y prevé la intervención de equipos interdisciplinarios especializados. Además, incorpora plazos máximos para los procesos y regula la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos determinados requisitos.

Cómo funcionará el nuevo sistema penal juvenil

La reforma establece un régimen integral con más de 50 artículos que regulan desde el inicio del proceso hasta la ejecución de la pena. Uno de los puntos destacados por sus impulsores es la incorporación de medidas socioeducativas y restaurativas, que buscan reducir la reincidencia.

El sistema prevé que el juez pueda aplicar sanciones proporcionales a la gravedad del delito y a la edad del adolescente. Para hechos con penas menores, se priorizarán soluciones alternativas que eviten el encierro. Solo en casos de delitos graves se habilitará la privación de la libertad en establecimientos especializados.

También se contempla la participación de la víctima en el proceso, un aspecto que fue resaltado por bloques que acompañaron la iniciativa. Según sus defensores, el régimen actual no ofrece respuestas claras ni para las víctimas ni para los propios adolescentes involucrados.

Sin embargo, el financiamiento fue uno de los aspectos más discutidos. Legisladores de distintos espacios plantearon dudas sobre si las partidas presupuestarias previstas serán suficientes para construir centros especializados, capacitar personal y sostener programas educativos y terapéuticos.

Algunos diputados advirtieron que sin inversión real el nuevo régimen podría quedar en una declaración formal sin impacto efectivo en el territorio. El debate puso el foco en la responsabilidad compartida entre Nación y provincias, ya que la implementación requerirá infraestructura y coordinación federal.

En paralelo, se planteó la necesidad de articular el nuevo sistema con la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y con la normativa de salud mental. Sectores críticos sostuvieron que la reforma pone el acento en la sanción y no en la prevención, mientras que el oficialismo respondió que ambas dimensiones no son excluyentes.

El debate político y lo que puede pasar en el Senado

La sesión estuvo atravesada por fuertes cruces políticos. Desde el oficialismo se cuestionó a las gestiones anteriores por no haber actualizado una normativa heredada de la última dictadura. Diputados de La Libertad Avanza afirmaron que durante años existió falta de decisión para reformar el régimen y que la sociedad demanda respuestas más firmes ante delitos violentos.

Desde Unión por la Patria y otros bloques opositores se planteó que bajar la edad no resolverá por sí sola la conflictividad adolescente. Señalaron que el problema está vinculado a la exclusión social, la falta de acceso a la educación, la desarticulación de políticas públicas y el avance del narcotráfico en sectores vulnerables.

También se advirtió sobre el riesgo de judicialización si no se introducen ajustes técnicos adicionales, especialmente en lo referido a la no punibilidad de los menores de 14 años. Algunos bloques adelantaron que podrían proponer modificaciones en el Senado.

El resultado en Diputados mostró una mayoría clara, pero la discusión en la Cámara alta podría abrir nuevas negociaciones. El oficialismo confía en reunir los votos necesarios para convertir el proyecto en ley, aunque el escenario dependerá de acuerdos políticos más amplios.

La baja de la edad de imputabilidad a 14 años se inscribe en un contexto de fuerte sensibilidad social en materia de seguridad. Más allá del desenlace legislativo, el debate dejó expuestas dos visiones sobre el rol del Estado frente al delito juvenil: una que prioriza la ampliación de la responsabilidad penal con un esquema diferenciado y otra que pone el acento en la prevención y las políticas sociales.

Con la media sanción ya obtenida, el foco se traslada ahora al Senado. Allí se definirá si la Argentina modifica de manera definitiva su régimen penal juvenil y abre una nueva etapa en la discusión sobre responsabilidad, derechos y seguridad.