El uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses volvió al centro de la escena política con un nuevo proyecto de ley que propone una prohibición total. La iniciativa, impulsada por el bloque HECHOS en la Legislatura provincial, surge en un contexto marcado por el crecimiento de delitos organizados desde el interior de los penales, una problemática que genera preocupación tanto en el ámbito judicial como en la sociedad.

Lejos de tratarse de una discusión aislada, el debate reabre una de las grandes tensiones del sistema penitenciario actual: cómo garantizar derechos básicos de las personas privadas de la libertad sin descuidar la seguridad pública. En este caso, el foco está puesto en una herramienta que, según advierten distintos sectores, se transformó en un canal clave para la comisión de delitos a distancia.

El punto de partida de esta iniciativa se remonta a la pandemia de COVID-19, cuando se autorizó el uso de celulares como una medida excepcional para compensar la falta de visitas. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa excepción se volvió regla. Hoy, el proyecto busca revertir esa situación, reinstalar controles estrictos y cerrar una vía que, según denuncian, facilita estafas, amenazas y extorsiones desde las cárceles.

Por qué quieren prohibir los celulares en las cárceles

El proyecto plantea la prohibición del ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares y cualquier dispositivo con conectividad dentro de todas las unidades del sistema penitenciario bonaerense. Para sus impulsores, el esquema actual quedó desactualizado y sin controles efectivos, lo que generó un escenario propicio para nuevas modalidades delictivas.

Durante la emergencia sanitaria, el uso de dispositivos fue habilitado como una solución temporal frente a las restricciones de contacto. Sin embargo, esa flexibilización nunca fue revisada de manera integral. Con el regreso de las visitas presenciales, los celulares continuaron circulando dentro de los penales, consolidándose como una práctica habitual.

Según los fundamentos del proyecto, esta situación derivó en un crecimiento sostenido de delitos cometidos desde el interior de las cárceles. Entre ellos se destacan las estafas telefónicas, las extorsiones y las amenazas, muchas veces dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad. La facilidad para acceder a aplicaciones, redes sociales y sistemas de pago digital amplificó el alcance de estas maniobras.

El planteo de los legisladores apunta a restablecer un “orden jurídico claro”, donde las reglas dentro del sistema penitenciario no estén condicionadas por excepciones prolongadas sin evaluación. En ese sentido, la iniciativa también propone derogar todas las normativas o disposiciones administrativas que hayan permitido el uso de dispositivos móviles en las cárceles bonaerenses.

A su vez, remarcan que el Estado debe recuperar el control sobre las comunicaciones dentro de los penales. La falta de supervisión, sostienen, no solo facilita la comisión de delitos, sino que también debilita el funcionamiento del sistema penitenciario en su conjunto.

Cómo funcionaría la nueva prohibición y qué cambia

Más allá de la prohibición en sí, el proyecto incorpora herramientas concretas para asegurar su cumplimiento. Uno de los ejes centrales es la implementación de sistemas tecnológicos de inhibición, bloqueo o detección de señales dentro de las unidades penitenciarias.

Estos dispositivos permitirían impedir la conexión de teléfonos móviles a redes de comunicación, incluso si ingresan de manera ilegal. Se trata de una medida que ya se aplica en distintas jurisdicciones y que busca cortar de raíz la posibilidad de operar desde el interior de las cárceles.

En paralelo, la iniciativa redefine el derecho a la comunicación de las personas privadas de la libertad. El proyecto aclara que este derecho seguirá garantizado, pero exclusivamente a través de canales oficiales, supervisados y registrados por las autoridades penitenciarias.

Esto incluye líneas telefónicas institucionales y sistemas de comunicación controlados, que permitirían mantener el contacto con familiares y abogados bajo condiciones de seguridad. El objetivo es evitar la incomunicación, pero al mismo tiempo eliminar los espacios sin control donde pueden originarse maniobras delictivas.

Otro aspecto clave es el régimen de sanciones. El incumplimiento de la prohibición será considerado una falta grave, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias dentro del ámbito penitenciario. Además, en los casos en que se compruebe la comisión de delitos, podrían sumarse responsabilidades penales adicionales.

Desde el bloque impulsor sostienen que la medida es necesaria para cortar la cadena de delitos organizados desde prisión. En ese sentido, insisten en que el sistema penitenciario debe funcionar con reglas claras, controles efectivos y una lógica orientada a prevenir la reincidencia.

Estafas desde la cárcel: los casos que impulsaron el debate

El impulso de este proyecto no puede entenderse sin el impacto de casos recientes que generaron conmoción social. En los últimos meses, distintas investigaciones judiciales detectaron maniobras delictivas organizadas desde cárceles bonaerenses, muchas de ellas basadas en el uso de celulares.

Uno de los episodios más resonantes fue el de un joven soldado de 21 años que terminó quitándose la vida tras ser víctima de una estafa y extorsión. La causa judicial determinó que el engaño se gestó desde el interior de unidades penitenciarias, a partir de un esquema delictivo que combinó redes sociales, identidades falsas y presión psicológica.

El mecanismo utilizado sigue un patrón que se repite con frecuencia. Los delincuentes crean perfiles falsos en aplicaciones de citas o redes sociales para establecer contacto con sus víctimas. Luego, construyen una historia que deriva en una situación comprometida y, finalmente, aparece la amenaza.

En muchos casos, intervienen supuestos policías o familiares ficticios que presionan a la víctima con denuncias inexistentes. A partir de ese punto, comienza la extorsión económica, generalmente mediante transferencias a billeteras virtuales que dificultan el rastreo inmediato del dinero.

Este tipo de delitos creció de manera significativa en los últimos años y encontró en los celulares una herramienta central para su expansión. La posibilidad de operar desde el anonimato, sin contacto físico y con múltiples víctimas al mismo tiempo, convierte a estas maniobras en un problema complejo para las fuerzas de seguridad.

El caso del joven soldado no solo expuso la gravedad de estas prácticas, sino también las limitaciones del sistema actual para prevenirlas. La investigación permitió identificar a parte de la red involucrada, pero también dejó en evidencia cómo estas organizaciones pueden seguir operando desde el interior de las cárceles.

A partir de estos hechos, el reclamo por medidas más estrictas comenzó a ganar fuerza. El proyecto presentado en la Legislatura busca dar una respuesta concreta a ese escenario, con una estrategia centrada en eliminar las herramientas que facilitan la comisión de delitos.

El debate, sin embargo, está lejos de ser sencillo. Mientras algunos sectores consideran que la prohibición total de celulares es indispensable para reforzar la seguridad, otros advierten sobre la necesidad de garantizar condiciones dignas de comunicación para las personas privadas de la libertad.

En ese equilibrio se jugará la discusión legislativa que se viene. Lo cierto es que el tema ya está instalado y promete ocupar un lugar central en la agenda pública de la provincia de Buenos Aires en las próximas semanas, en un contexto donde la seguridad y el funcionamiento del sistema penitenciario vuelven a estar bajo la lupa.