En medio de la polémica por la criptomoneda $LIBRA, el ministro de Justicia salió a fijar posición y cuestionó las acusaciones contra el Presidente sin intervención de la Justicia. También advirtió sobre una posible filtración ilegal de información.

El funcionario pidió respetar los tiempos judiciales y remarcó que ninguna persona puede ser considerada culpable sin una imputación formal, mientras crece la tensión política por el caso.

La controversia por el caso $LIBRA volvió a escalar en las últimas horas y sumó un nuevo capítulo con la intervención pública del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien salió a respaldar institucionalmente al presidente Javier Milei y cuestionó con dureza las acusaciones que lo vinculan con un presunto delito. En un contexto de máxima exposición mediática y política, el funcionario advirtió que “es imprudente” afirmar la culpabilidad del mandatario sin que exista siquiera una imputación judicial.

El tema no es menor. La investigación sobre la criptomoneda $LIBRA, que generó pérdidas a inversores tras una abrupta caída en su valor, volvió al centro de la agenda pública tras la difusión de nuevas revelaciones y un informe parlamentario que apunta directamente al entorno presidencial. En ese clima, las declaraciones de Mahiques no solo buscaron ordenar el debate, sino también poner un freno a lo que el Gobierno considera un adelantamiento de conclusiones.

Desde el oficialismo sostienen que el caso se está discutiendo más en el plano político que en el judicial, lo que —según advierten— puede distorsionar la percepción pública. Por eso, el mensaje del ministro fue claro: sin intervención formal de la Justicia, no hay delito comprobado ni responsabilidad atribuible.

El mensaje del Gobierno: sin imputación no hay delito

Durante su intervención, Mahiques marcó una línea argumental precisa que atraviesa toda la estrategia oficial frente al caso $LIBRA: la culpabilidad penal no puede construirse desde declaraciones políticas ni mediáticas. En ese sentido, explicó que el único actor con facultad para imputar a una persona es el fiscal, y que cualquier proceso de condena requiere múltiples instancias judiciales.

El funcionario insistió en que el sistema judicial argentino está diseñado para evitar decisiones apresuradas, con controles y revisiones que garantizan el debido proceso. Bajo esa lógica, cuestionó lo que definió como un tratamiento “liviano” de un tema de extrema gravedad institucional.

En el centro de sus críticas aparece la idea de que se está instalando una narrativa de culpabilidad sin sustento jurídico. Para el ministro, esto no solo afecta al Presidente, sino también al funcionamiento de las instituciones, ya que desdibuja el rol del Poder Judicial.

El mensaje también tuvo un componente político implícito: frenar el impacto de las acusaciones antes de que se consoliden en la opinión pública. En un escenario de alta sensibilidad, cada declaración adquiere peso propio y puede influir en la percepción social del caso.

El informe que encendió la polémica

Uno de los principales detonantes de la actual escalada fue el informe elaborado en la Cámara de Diputados, impulsado por el legislador Maximiliano Ferraro. Allí se reconstruye un presunto entramado que vincula al entorno presidencial con la promoción de la criptomoneda $LIBRA, incluyendo versiones sobre supuestos beneficios económicos.

El documento tuvo un fuerte impacto político porque no se limitó a describir hechos, sino que avanzó en la atribución de responsabilidades. Ese punto fue especialmente cuestionado por Mahiques, quien remarcó que las comisiones parlamentarias tienen un carácter político y no judicial.

Para reforzar su postura, el ministro recordó antecedentes recientes, como el intento de juicio político contra la Corte Suprema durante la gestión de Alberto Fernández. Según planteó, ese proceso se extendió durante meses sin derivar en condenas, lo que demuestra —a su entender— los límites de este tipo de iniciativas.

El trasfondo es una disputa más amplia sobre quién tiene la legitimidad para establecer responsabilidades en casos de alto impacto. Mientras el Congreso busca avanzar en el terreno político, el Ejecutivo insiste en que la única verdad válida será la que surja de los tribunales.

Filtraciones, dudas y un nuevo foco de conflicto

Además de la causa principal, Mahiques introdujo un elemento que podría modificar el curso de la investigación: la presunta filtración de información sensible. Según explicó, existe una segunda causa que intenta determinar cómo se difundieron datos que formarían parte de un expediente judicial en trámite.

La hipótesis es que una persona no autorizada habría accedido a archivos bajo custodia de la Procuración General de la Nación y luego los habría compartido, lo que derivó en su circulación pública. Para el ministro, este hecho es de una gravedad institucional significativa, ya que podría comprometer la validez de las pruebas.

Uno de los puntos más delicados es la posible afectación de la cadena de custodia, un aspecto clave en cualquier investigación judicial. Si se confirma que hubo manipulación o acceso indebido, el impacto no sería solo político, sino también jurídico.

El dato que agrega tensión es que la denuncia no fue impulsada por el Gobierno, sino por el propio jefe de los fiscales, lo que refuerza la seriedad del episodio. A partir de esa presentación, se inició un sumario interno y una investigación penal que podría derivar en nuevas imputaciones.

Mientras tanto, la causa por la criptomoneda $LIBRA sigue avanzando en paralelo, en un escenario marcado por la incertidumbre. Según el informe parlamentario, el activo digital registró un crecimiento repentino tras su lanzamiento y una caída igual de abrupta, lo que generó pérdidas para numerosos inversores.

En ese marco, la figura de Milei quedó en el centro del debate público, aunque sin definiciones judiciales hasta el momento. Esa falta de resolución es, precisamente, el eje sobre el que el Gobierno construye su defensa: sin imputación, no hay delito.

El caso, lejos de cerrarse, continúa sumando elementos que alimentan la tensión política y mediática. A medida que avancen las investigaciones, tanto la principal como la vinculada a las filtraciones, se pondrá a prueba no solo la responsabilidad de los involucrados, sino también la capacidad del sistema institucional para procesar un conflicto de alto impacto sin erosionar su credibilidad.