El Gobierno nacional confirmó este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una decisión que se inscribe en el proceso de reordenamiento del Estado impulsado por la administración de Javier Milei y que se conoce en un contexto atravesado por una investigación judicial por presunta corrupción dentro del organismo. La medida fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su última conferencia de prensa del año, donde buscó llevar tranquilidad a las familias beneficiarias y remarcó que “no se corta ninguna prestación”.

Según explicó el funcionario, todas las competencias que hasta ahora estaban en manos de la ANDIS pasarán a ser absorbidas por el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones. El objetivo, de acuerdo a la versión oficial, es centralizar la gestión, reducir estructuras administrativas y garantizar un mayor control sobre el uso de los recursos públicos destinados a políticas de discapacidad, sin afectar derechos adquiridos ni beneficios vigentes.

La decisión del Ejecutivo se produce en medio de una causa judicial que investiga presuntas maniobras irregulares dentro del organismo. Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, es señalado por la Justicia como posible líder de una organización que habría direccionado compras de medicamentos e insumos con sobreprecios que, según la pesquisa, alcanzarían hasta un 20%. El caso aceleró las definiciones políticas y profundizó las críticas oficiales sobre el funcionamiento de la agencia.

La Agencia Nacional de Discapacidad había sido creada en 2017 con la misión de coordinar, planificar y ejecutar políticas públicas orientadas a personas con discapacidad. Sin embargo, Adorni sostuvo que la “autonomía administrativa” con la que fue concebida terminó derivando, con el paso del tiempo, en un esquema poco eficiente y difícil de controlar. En ese marco, afirmó que el organismo acumuló “capas burocráticas innecesarias” y un nivel de “descontrol administrativo incompatible con una gestión pública transparente”.

Durante su exposición, el jefe de Gabinete enumeró una serie de irregularidades detectadas en auditorías internas y relevamientos oficiales. Entre ellas, mencionó casos de pensiones que continuaban siendo percibidas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin la documentación básica exigida por la normativa vigente y trámites avalados por profesionales de la salud sin respaldo clínico suficiente. También apuntó contra organizaciones que, según la investigación administrativa, habrían facturado servicios que nunca fueron efectivamente prestados.

Desde el Gobierno insistieron en que la disolución de la ANDIS no implica un retroceso en materia de derechos, sino una reconfiguración del esquema institucional para mejorar controles y eficiencia. “Las prestaciones van a seguir, pero bajo un sistema más ordenado y transparente”, señalaron fuentes oficiales, que anticiparon que el Ministerio de Salud avanzará en una revisión integral de los programas existentes para depurar irregularidades y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

La medida abre ahora una nueva etapa en la gestión de las políticas de discapacidad, con el desafío de sostener la cobertura y la asistencia en un contexto de ajuste del gasto público, mientras avanza la investigación judicial que podría derivar en responsabilidades penales por los hechos denunciados.