El Ejecutivo nacional decidió retomar en los próximos meses dos proyectos que habían quedado estancados el año pasado: la reforma del Código Penal y la modificación de la edad de imputabilidad. Ambas iniciativas, que buscan actualizar el marco legal y reforzar el régimen penal juvenil, habían avanzado de manera desigual en 2025, pero nunca llegaron a ser tratadas en el recinto del Congreso. El Gobierno prevé ahora agruparlas en un solo paquete legislativo, con el objetivo de garantizar su sanción y aprovechar un contexto parlamentario más favorable.

Después de la aprobación del Presupuesto 2026 y de la ley de Inocencia Fiscal, el oficialismo concentra sus esfuerzos en las sesiones extraordinarias en la sanción de la reforma laboral y el acuerdo comercial con la Unión Europea. Sin embargo, el horizonte legislativo del Gobierno no se limita a estos temas: ya está planificando cómo avanzar con medidas de seguridad y justicia que habían quedado pendientes. Entre estas, el nuevo Código Penal y la baja de la edad de imputabilidad ocupan un lugar central, ya que representan cambios estructurales en la política criminal del país.

Ambos proyectos tienen antecedentes recientes: el Código Penal fue elaborado por una comisión de expertos convocada por el Ejecutivo y presentado oficialmente en diciembre de 2025, mientras que la baja de la edad de imputabilidad había logrado dictamen en la Cámara de Diputados, aunque sin alcanzar el apoyo necesario para ser debatida. Con el cambio de correlación de fuerzas parlamentarias y el impulso del oficialismo, las autoridades nacionales confían en que esta vez la discusión pueda avanzar.

La reforma del Código Penal: modernización y endurecimiento selectivo

El nuevo Código Penal, cuyo desarrollo comenzó a principios de 2024, representa un intento de modernizar un marco legal que no se actualiza de manera integral desde hace décadas. La comisión encargada de su redacción estuvo integrada por destacados juristas, entre ellos el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, y el abogado Jorge Boumpadre. La propuesta final, presentada en diciembre de 2025, incluye 912 artículos y aborda delitos existentes, introduce nuevas tipificaciones y revisa penas en un contexto de justicia contemporánea.

Entre las modificaciones más relevantes, se destacan las que afectan a la corrupción, el terrorismo y los crímenes de gravedad excepcional. La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad se mantiene, y se suman otros crímenes como homicidios simples y agravados, abuso sexual infantil, grooming, trata de personas, financiación del terrorismo, tráfico de drogas y delitos ambientales. El texto también incorpora definiciones más precisas de delitos emergentes, como los cometidos por “motochorros”, para eliminar ambigüedades que dificulten su juzgamiento.

Asimismo, la propuesta contempla la actualización de figuras legales vinculadas a la discriminación. Aunque la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y las normas sobre agravantes por discriminación de género, identidad u orientación sexual se mantienen, el debate interno sobre su alcance continúa siendo un punto de atención. En paralelo, la propuesta introduce penas más estrictas para ciertos delitos y contempla medidas alternativas para jóvenes infractores, como trabajos comunitarios o reparación del daño, lo que evidencia un enfoque integral de justicia penal.

Un aspecto que llamó la atención en la previa de la presentación oficial fue la influencia ideológica del Gobierno en el debate penal. En diciembre de 2025, el presidente Javier Milei entregó a sus ministros el libro “Defendiendo lo indefendible” del economista libertario estadounidense Walter Block, en el que se cuestiona la penalización de conductas voluntarias que no impliquen agresión, como la prostitución o el narcotráfico. Si bien no todas estas ideas se reflejan en la reforma, muestran la intención del Ejecutivo de introducir un enfoque teórico liberal en la discusión sobre política criminal.

La baja de la edad de imputabilidad: equilibrio entre sanción y reinserción

El segundo proyecto que el Gobierno busca impulsar se centra en el régimen penal juvenil. La iniciativa plantea reducir de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un menor puede ser juzgado penalmente, limitando la pena máxima a 15 años y solo para delitos graves. La medida, que había logrado dictamen en la Cámara de Diputados en mayo de 2025, quedó frenada por la falta de consenso político y la resistencia de la oposición.

El proyecto no busca simplemente endurecer las sanciones, sino incorporar un conjunto de herramientas de intervención social y terapéutica. Incluye programas de asistencia y reinserción, medidas de reparación del daño y restricciones específicas, como prohibiciones de acercamiento a las víctimas. Según uno de los autores de la iniciativa, “hay todo un régimen penal juvenil que combina sanción con políticas de Estado, asistencia social y tratamiento terapéutico, pensado para dar respuesta integral a un chico que delinque”.

Ahora, el Gobierno planea incluir la baja de la edad de imputabilidad dentro del nuevo Código Penal, fusionando ambos proyectos en un solo texto legislativo. Esta estrategia busca agilizar el debate y consolidar un marco normativo coherente, que combine la actualización de los delitos y las penas con un régimen juvenil más claro y efectivo. La intención es que, al tratarse de un único proyecto, se facilite la aprobación y se reduzcan los riesgos de que la oposición vuelva a bloquear la iniciativa.

En la sesión que logró dictamen, la propuesta había recibido 77 votos a favor, superando el mínimo requerido. Los apoyos provenían de diversos bloques, entre ellos el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre. Sin embargo, la minoría del oficialismo en ese momento impedía avanzar hacia el recinto. La nueva correlación de fuerzas y el impulso del Gobierno podrían cambiar sustancialmente este panorama.

Expectativas y desafíos del debate legislativo

El envío de un proyecto combinado al Congreso representa un desafío político y técnico. Por un lado, la reforma del Código Penal implica abordar más de 900 artículos, con modificaciones que afectan delitos tradicionales, nuevas figuras delictivas y medidas de prevención. Por otro, la inclusión de la baja de la edad de imputabilidad requiere equilibrar la sanción con programas de reinserción social y terapéutica, lo que exige coordinación con los ministerios de Justicia, Seguridad y Desarrollo Social.

Otro elemento central del debate será la reacción de la oposición. Aunque algunos sectores políticos apoyaron la baja de la edad de imputabilidad en su momento, es probable que surjan cuestionamientos sobre los límites de la sanción, el impacto en la reinserción de menores y la proporcionalidad de las penas. Del mismo modo, la reforma del Código Penal genera expectativas y preocupaciones en distintos ámbitos: justicia, seguridad, derechos humanos y organismos de control.

El Gobierno, por su parte, apuesta a consolidar un consenso amplio, mostrando que la modernización del Código Penal y el régimen juvenil no solo busca endurecer penas, sino también brindar herramientas efectivas para prevenir la reincidencia y proteger a la sociedad. La estrategia de combinar ambos proyectos refleja la intención de ofrecer un marco integral, coherente y actualizado frente a la criminalidad, respondiendo tanto a demandas sociales como a los lineamientos de política de seguridad del Ejecutivo.

En paralelo, la influencia de teorías liberales sobre la intervención penal, como las expuestas por Walter Block, podría seguir alimentando la discusión pública. Si bien el proyecto mantiene un enfoque punitivo en delitos graves, también contempla alternativas que buscan minimizar la penalización de conductas sin víctimas directas, lo que introduce un matiz teórico poco habitual en la legislación argentina reciente.

El debate legislativo que se avecina no solo tendrá implicancias jurídicas, sino también políticas y sociales. La sanción del proyecto consolidaría al oficialismo como un actor capaz de actualizar el marco legal en materia penal, mientras que la manera en que se aborde la baja de la edad de imputabilidad será observada de cerca por organismos de derechos humanos, académicos y la sociedad en general. La manera en que se combine sanción, prevención y reinserción marcará un precedente sobre cómo Argentina enfrenta la criminalidad juvenil en el futuro.

Con esta estrategia, el Ejecutivo espera cerrar una etapa de proyectos truncos y avanzar hacia un marco legal que integre modernización, endurecimiento selectivo de penas y políticas de justicia juvenil. La combinación de ambos proyectos, la actualización de delitos emergentes y la inclusión de medidas alternativas para jóvenes infractores representan un cambio profundo en la manera en que el país encara la justicia penal. La discusión legislativa de los próximos meses será decisiva no solo para definir la sanción de estas iniciativas, sino también para delinear la política criminal de Argentina para los próximos años.