El Gobierno de Javier Milei enfrenta uno de los mayores escándalos de su gestión tras la difusión de audios del entonces director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, donde se mencionan presuntas coimas vinculadas a procesos de licitación con la droguería Suizo Argentina. En medio del impacto político y social que generó la denuncia, la Casa Rosada decidió intervenir el organismo y analiza ahora un cambio administrativo de fondo: que deje de ser un ente descentralizado y pase a la órbita directa del Ministerio de Salud.

La medida, confirmada por altas fuentes del Ejecutivo, busca que la cartera conducida por Mario Lugones tenga control sobre las licitaciones, un terreno hasta ahora vedado por la autonomía jurídica y financiera que tenía la ANDIS. “Estamos estudiando la viabilidad de que deje de ser un organismo descentralizado y que el Ministerio de Salud pase a tener una mayor responsabilidad sobre ella”, señalaron desde Presidencia.

Un área sensible y en el centro de la tormenta

La ANDIS fue creada en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, bajo el Decreto 698. Desde entonces funciona como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que le otorga la capacidad de manejar sus procesos de compra y licitación de manera independiente. Bajo esa modalidad, el organismo gestionaba el programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a titulares de pensiones no contributivas, uno de los sectores más vulnerables del sistema sanitario.

El estallido del escándalo se produjo cuando trascendieron audios de Spagnuolo, hombre de confianza de Milei, donde se lo escucha hablar de un presunto entramado de sobornos en contratos millonarios. El episodio derivó en su salida y la del director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, otro funcionario clave en las compras de medicamentos e insumos.

El caso impacta de lleno en la sensibilidad social: no se trata de un área cualquiera, sino de un organismo que administra prestaciones de salud para personas con discapacidad. Para la oposición, la situación desnuda el costado más crudo de la corrupción estatal: “Estamos hablando de licitaciones sospechosas en un área destinada a los sectores más vulnerables”, remarcan legisladores de Unión por la Patria y el radicalismo.

La respuesta del Gobierno y la llegada de Vilches

Para contener la crisis, la Casa Rosada dispuso la intervención de la ANDIS a través de un decreto publicado el viernes pasado. El designado interventor es Alejandro Vilches, hasta ahora secretario de Gestión Sanitaria y funcionario de extrema confianza del ministro Lugones. “Ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números, antes no lo podíamos hacer y quedaba todo a su disposición”, reconocieron en Salud.

Vilches recibió el mandato de auditar todos los contratos celebrados en los últimos meses y elaborar un informe sobre las condiciones administrativas y funcionales del organismo. Según trascendió, el foco estará puesto en el programa Incluir Salud, epicentro de las licitaciones que hoy están bajo sospecha.

La revisión se pondrá bajo la lupa de la Casa Rosada, donde ya se reunieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el propio Lugones. De esa mesa salió la orden política de acelerar las auditorías y buscar un camino administrativo para trasladar la ANDIS a la estructura del Ministerio de Salud.

Los contratos bajo sospecha

El contrato más resonante es el que vincula al Estado con Suizo Argentina, la empresa mencionada en los audios de Spagnuolo. El monto alcanzaba los 78.267 millones de pesos y se dividía en distintos servicios: distribución de vacunas, almacenamiento y logística de medicamentos. Según fuentes oficiales, el proceso fue abierto y competitivo, con la participación de Andreani, Correo Argentino y OCA. Finalmente, Andreani se quedó con la preparación de vacunas y Suizo Argentina con el servicio de distribución, tras ofertar por debajo del precio de referencia.

Desde el Gobierno intentaron bajarle el tono a las acusaciones: aclararon que el monto adjudicado “se paga solo por servicio prestado” y que, a casi cuatro meses del contrato, “todavía no se abonó nada”. Además, resaltaron que apenas el 6% de las compras de medicamentos del Ministerio de Salud se realizan a través de esa empresa.

De todos modos, el caso generó interrogantes sobre la falta de controles. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no intervino en la licitación, ya que este tipo de procesos están exceptuados del régimen de Precios Testigo. Fue el propio Ministerio de Salud el que determinó los valores de referencia.

Impacto político en la antesala electoral

El escándalo ocurre en un momento crítico para Milei: a menos de un mes de las elecciones legislativas de septiembre y en la antesala de los comicios de octubre. El oficialismo buscaba llegar a esa instancia mostrando orden en la gestión y avances en su plan económico, pero la crisis de la ANDIS reavivó cuestionamientos a la transparencia y el control político dentro del Ejecutivo.

En el Congreso, la oposición ya presiona para que funcionarios del Gobierno den explicaciones. “Aunque el Gobierno arrase en las elecciones, los problemas de gestión y corrupción van a seguir existiendo”, advirtió el diputado Juan Manuel López (UCR).

En la Casa Rosada, en cambio, confían en que la rápida reacción —intervención, auditorías y la posibilidad de trasladar la agencia a Salud— les permitirá dar la señal de que no toleran irregularidades. Milei, incluso, compartió en redes sociales un comunicado de Suizo Argentina en el que la empresa se ponía “a derecho y a plena disposición” de la Justicia.

Una incógnita abierta

El futuro de la ANDIS y su eventual pase al Ministerio de Salud dependerá de los resortes legales que encuentre el oficialismo. Durante la vigencia de la Ley Bases, que otorgaba facultades delegadas al Presidente, este tipo de modificaciones era habitual. Sin embargo, con la norma ya vencida, el camino es más complejo.

Un constitucionalista consultado por Infobae explicó que la medida podría sostenerse en el artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional, que faculta al Presidente a organizar la administración pública como superior jerárquico. Aun así, no está claro si habrá objeciones judiciales o legislativas.

Mientras tanto, el flamante interventor Alejandro Vilches ya dio inicio a la revisión de contratos y adelantó que elevará un primer informe en las próximas semanas. El desenlace del caso no solo marcará el futuro de la ANDIS, sino también el clima político con el que Milei llegará a las urnas.