El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, decidió involucrar de lleno a su gestión en la causa por el fentanilo adulterado que ya dejó cerca de 100 muertes en el país. La provincia se constituirá como querellante en el expediente que tramita en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, y que investiga la responsabilidad de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma.

El anuncio fue realizado por el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, en una conferencia de prensa que generó repercusión nacional. La medida no solo busca despejar dudas en el plano sanitario, sino también marcar un contraste con la estrategia del gobierno de Javier Milei, que hasta ahora se mantuvo en silencio frente a la crisis.

Córdoba busca despegarse del escándalo

Pieckenstainer, acompañado por el secretario de Salud Carlos Giordana, aseguró que en Córdoba no se registraron casos vinculados al lote 31202, el fentanilo contaminado que provocó el brote.

“En ningún hospital de Córdoba existe el lote 31202. No tenemos ningún caso reportado a la Justicia. Desde el día en que ANMAT presentó la alerta, la Dirección de Farmacias instruyó a todas las farmacias hospitalarias a separar el lote informado. Luego, el Ministerio de Salud tomó la decisión de retirar toda la medicación del laboratorio HLB Farma”, explicó el ministro.

El funcionario precisó que la decisión se tomó “como medida preventiva” y destacó que las clínicas privadas son responsables de informar al sistema judicial y al Ministerio de Salud de la Nación cualquier caso sospechoso. En la provincia hay 18 sanatorios privados bajo revisión, en los que se pidieron informes oficiales.

Mientras tanto, dos causas judiciales abiertas por familiares de víctimas en clínicas privadas de Córdoba buscan establecer si hubo decesos vinculados al suministro del fármaco adulterado.

Un contraste con el gobierno nacional

Aunque Pieckenstainer evitó confrontar directamente con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, la presentación de datos, fechas y protocolos de acción en Córdoba evidenció un contraste con el mutismo de la administración nacional.

El cordobesismo aprovecha esa diferencia para reforzar su perfil político: mostrar una gestión presente frente a una Nación que se desentiende de su rol de contralor. En medio de la campaña hacia las elecciones de octubre, Llaryora busca capitalizar esa imagen de eficacia frente al retroceso del Estado nacional en áreas sensibles.

La decisión de convertirse en querellante, además, tiene un peso institucional: Córdoba se suma a la causa en un contexto en el que el juez Kreplak enfrenta un pedido de recusación promovido por la Nación, debido a su vínculo familiar con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

La oposición provincial también presiona

El protagonismo del Ejecutivo cordobés se da en paralelo a los cuestionamientos opositores. Desde la UCR, los legisladores José Bría y Matías Gvozdenovich reprocharon que el gobierno archivara un pedido de informes presentado hace más de dos meses, cuando ya había 33 muertes confirmadas.

“El gobierno provincial nos debe una respuesta que nos dé tranquilidad a todos los cordobeses”, señalaron en un comunicado.

Por su parte, el legislador del Frente Cívico, Juan Pablo Peirone, reclamó la creación de una comisión investigadora en la Unicameral y criticó a la ANMAT por la demora en frenar la distribución del lote adulterado.

Próxima parada: el Congreso nacional

El escándalo no quedará circunscripto a Córdoba ni al plano judicial. La próxima semana, el Congreso nacional incorporará el tema en su agenda con nuevos pedidos de informes y la posibilidad de crear una comisión investigadora.

En Diputados, referentes del PRO, cercanos a Patricia Bullrich, adelantaron que insistirán en que el ministro Lugones y el titular de la ANMAT concurran a dar explicaciones. También desde la Unión Cívica Radical anticiparon que buscarán interpelar a funcionarios nacionales por la demora en activar los protocolos de control y por la ausencia de comunicación clara hacia la población.

En el Senado, bloques opositores trabajan en un proyecto para conformar una comisión bicameral especial que investigue los mecanismos de control del Estado sobre la producción y distribución de medicamentos, con foco en los laboratorios implicados. Aunque la iniciativa todavía no tiene consensos asegurados, el tema empieza a ganar volumen político y promete convertirse en un nuevo foco de disputa entre oficialismo y oposición.

Salud pública y campaña electoral

Con la campaña en marcha, el caso del fentanilo amenaza con convertirse en un eje de debate nacional. Mientras Milei busca evitar el tema para no exponerse a críticas sobre la desregulación del sistema sanitario y el debilitamiento de organismos de control, Llaryora se posiciona como un actor político que se involucra en una crisis que conmueve a la sociedad.

El desenlace judicial todavía está abierto, pero el impacto político ya es innegable: el fentanilo pasó de ser un problema sanitario a convertirse en un tema de campaña y de agenda legislativa, capaz de tensar aún más la relación entre provincias y Nación.