La senadora bonaerense del Frente Renovador, Malena Galmarini, presentó un proyecto de ley que busca prohibir la tenencia de teléfonos celulares en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires y habilitar la instalación de inhibidores de señal para impedir estafas y extorsiones. La iniciativa apunta a frenar la creciente actividad delictiva organizada desde las cárceles, donde se cometen delitos mediante dispositivos electrónicos de manera sistemática.

Según Galmarini, “el sistema penitenciario no puede seguir funcionando como una oficina desde la cual se planifican delitos. Las cárceles no deben convertirse en call centers del crimen”. La senadora remarcó que la medida no solo busca reforzar la vigilancia interna, sino también proteger a las víctimas de estafas telefónicas, que suelen generar pérdidas económicas millonarias y estrés emocional severo.

El proyecto establece la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todas las unidades penitenciarias en un plazo máximo de 180 días, junto con controles tecnológicos y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos móviles. Además, se garantizará que los internos mantengan contacto únicamente mediante canales oficiales con familiares y abogados, respetando sus derechos sin permitir comunicaciones ilícitas.

Medidas concretas para evitar delitos desde la cárcel

La iniciativa de Galmarini surge frente al incremento de estafas virtuales y extorsiones telefónicas que se originan desde el interior de los penales. Según explicó la legisladora, detrás de cada uno de estos delitos hay víctimas que sufren angustia, miedo y pérdidas económicas significativas, muchas veces bajo amenazas que simulan secuestros o violencia familiar.

El proyecto plantea que ninguna persona privada de su libertad podrá poseer teléfonos móviles ni otros dispositivos tecnológicos no autorizados. Se prevé la implementación de sistemas de supervisión tecnológica y requisas periódicas, con el objetivo de impedir cualquier comunicación no permitida desde los pabellones.

“Quien está preso debe cumplir la condena que le impuso la Justicia, no continuar delinquiendo desde una celda”, afirmó Galmarini, agregando que la medida busca que el Estado proteja a las víctimas. Desde su equipo destacaron que la iniciativa no busca solo aumentar el control interno, sino impedir que los delitos afecten a la sociedad.

Con la combinación de inhibidores de señal y controles permanentes, la propuesta apunta a reducir la capacidad de los internos de organizar estafas o extorsiones, manteniendo a la vez los canales legales de comunicación, como llamadas supervisadas y visitas controladas.

Casos recientes que impulsan la ley

El proyecto de Galmarini llega después de que se conocieran casos que evidencian las falencias en el control de la comunicación dentro de las cárceles. Uno de los más impactantes fue el del soldado voluntario Rodrigo Andrés Gómez, quien se suicidó tras ser víctima de una estafa organizada por internos del penal de Magdalena.

La banda utilizó un perfil falso en una aplicación de citas, simulando amenazas graves y solicitando un pago millonario. Gómez llegó a pagar un millón y medio de dólares antes de quitarse la vida, evidenciando cómo los delitos cometidos desde los penales pueden tener consecuencias trágicas para las víctimas.

Casos como este llevaron a legisladores nacionales y provinciales a tomar medidas para controlar el uso de tecnología en cárceles y proteger a la sociedad. La iniciativa de Galmarini refuerza esta línea de acción, buscando un equilibrio entre el control penitenciario y la protección de los derechos de los internos y sus víctimas.

No es la primera vez que se presentan proyectos de esta naturaleza. Recientemente, el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, propuso una ley similar para prohibir los celulares en los penales, conocida como la “Ley Rodrigo”, elaborada con la colaboración de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y del juez de la Cámara Penal de Apelaciones Carlos Pagliere (hijo).

Impacto esperado y próximos pasos

La propuesta de Galmarini será analizada en la Legislatura bonaerense, donde se anticipa un debate amplio. La implementación de inhibidores de señal y controles tecnológicos podría transformar la dinámica interna de las prisiones, limitando la capacidad de los internos para coordinar delitos y reforzando la seguridad de la ciudadanía.

Además de reducir estafas y extorsiones, la medida busca enviar un mensaje contundente: el Estado está del lado de las víctimas y debe actuar para protegerlas. La prohibición de celulares no elimina la comunicación con familiares o abogados, sino que limita el uso de la tecnología con fines delictivos, garantizando un control responsable.

Galmarini concluyó: “El Estado tiene que estar presente y actuar para que las víctimas de estafas y extorsiones no queden desprotegidas. La tecnología existe, y debemos usarla para garantizar la seguridad y la justicia”.

Mientras se espera la votación del proyecto, la discusión sobre celulares en las cárceles y la instalación de inhibidores de señal se consolida como un tema central en la agenda de seguridad de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa apunta a cerrar una vía que hasta ahora permitía la continuidad de delitos graves desde los penales y a garantizar que quienes cumplen condena lo hagan sin afectar a terceros.

Con esta legislación, el Estado bonaerense busca un sistema penitenciario más seguro, donde la comunicación sea supervisada y regulada, las víctimas estén protegidas y los internos cumplan sus penas sin comprometer la seguridad pública. La combinación de tecnología, supervisión y marco legal pretende reducir significativamente los delitos organizados desde los penales y aumentar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.