La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, volvió a tensar el vínculo político con el gobierno de la provincia de Buenos Aires al cuestionar con dureza la estrategia de Axel Kicillof en materia de seguridad y reclamar una reducción más significativa de la edad de imputabilidad penal. En un escenario marcado por el avance del delito organizado y el aumento de la violencia protagonizada por menores, la funcionaria sostuvo que el debate ya no puede quedar atrapado en posiciones ideológicas y debe resolverse a partir de datos concretos y comparaciones internacionales.

Monteoliva describió el diálogo institucional con la administración bonaerense como complejo y poco prometedor. Según explicó, las diferencias no se limitan a estilos de gestión sino que responden a miradas opuestas sobre cómo enfrentar el delito juvenil y el rol que debe asumir el Estado frente a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas. En ese marco, advirtió que resulta difícil esperar un cambio de postura en el corto plazo, especialmente cuando la discusión se aborda desde una lógica que, a su entender, minimiza la gravedad del problema.

La ministra aclaró que no mantiene un vínculo directo con el gobernador, aunque sí existe coordinación operativa con el ministro de Seguridad bonaerense en acciones específicas. Sin embargo, remarcó que la falta de una visión compartida condiciona la posibilidad de avanzar en políticas de largo plazo, particularmente en una provincia que concentra una porción significativa de los delitos violentos del país y donde la inseguridad ocupa un lugar central en la agenda social.

Provincia de Buenos Aires: diferencias políticas y un debate de fondo sobre seguridad

Desde la perspectiva de Monteoliva, la discusión sobre seguridad en la provincia de Buenos Aires está atravesada por una matriz ideológica que dificulta la adopción de medidas estructurales. La funcionaria sostuvo que, durante años, el debate público evitó revisar el régimen penal juvenil por temor al costo político, aun cuando la realidad delictiva se transformó de manera acelerada.

La ministra enfatizó que la responsabilidad primaria sobre la Justicia de Menores corresponde a las provincias, pero subrayó que el Gobierno nacional tiene la obligación de impulsar un rumbo claro. En ese sentido, explicó que la Nación busca articular con todos los distritos un cambio sistémico que permita enfrentar el delito juvenil desde una perspectiva integral, combinando prevención, sanción y reinserción social.

Monteoliva destacó que existen programas federales que requieren cooperación permanente con las provincias, incluso con aquellas gobernadas por espacios políticos opositores. Estas iniciativas, orientadas a combatir el crimen organizado y reforzar la presencia del Estado en territorios críticos, muestran que la coordinación es posible, aunque no siempre suficiente cuando las diferencias conceptuales son profundas.

En el caso bonaerense, la ministra señaló que la inseguridad no puede abordarse solo desde políticas sociales sin un marco penal actualizado. Según su análisis, la ausencia de sanciones efectivas frente a delitos graves cometidos por menores termina beneficiando a las organizaciones criminales, que aprovechan esas lagunas legales para incorporar adolescentes a sus estructuras.

Edad de imputabilidad: evidencia internacional y una ley desactualizada

El eje central del planteo de Monteoliva es la necesidad de bajar la edad de imputabilidad penal en Argentina. La funcionaria recordó que la normativa vigente data de 1980 y no contempla la complejidad actual del delito juvenil ni la lógica del crimen organizado. Para la ministra, mantener ese esquema implica ignorar cómo operan hoy las bandas dedicadas al narcotráfico, la trata y otras actividades ilícitas.

Monteoliva sostuvo que la discusión debe darse en términos comparativos. En la mayoría de los países de América Latina, la imputabilidad penal comienza entre los 12 y los 14 años, mientras que en Europa rigen criterios similares. Argentina, afirmó, quedó desalineada respecto de estos estándares, lo que genera un sistema poco eficaz para prevenir delitos graves protagonizados por menores.

La funcionaria consideró que los proyectos que plantean fijar la edad en 13 o 14 años son un avance, pero sugirió que el debate debería contemplar incluso un umbral más bajo. Según explicó, la evidencia muestra que las organizaciones criminales reclutan niños cada vez más jóvenes, conscientes de que el sistema penal actual limita las consecuencias legales de sus actos.

No obstante, Monteoliva aclaró que la baja de la edad de imputabilidad no puede ser una respuesta aislada ni meramente punitiva. Insistió en que cualquier reforma debe incluir dispositivos específicos de contención, programas de reinserción y recursos institucionales adecuados para trabajar con menores en conflicto con la ley. Desde su óptica, la verdadera omisión del Estado es permitir que estos jóvenes queden atrapados en circuitos delictivos sin intervención temprana.

La ministra también puso el foco en el impacto del crimen organizado en las estadísticas de violencia. Señaló que una porción relevante de los homicidios está vinculada a estas estructuras, caracterizadas por una lógica de reemplazo constante de sus integrantes. En ese esquema, explicó, la utilización de menores responde a una estrategia de bajo costo y alta rotación, donde la vida individual tiene escaso valor.

Penas más duras, orden público y percepción social de la inseguridad

Además del debate sobre la imputabilidad, Monteoliva abordó otros temas clave de la agenda de seguridad. Uno de ellos fue la problemática de los incendios forestales, frente a la cual respaldó un endurecimiento de las penas para los responsables de provocarlos de manera intencional. La ministra sostuvo que los daños ambientales y económicos generados por estos hechos son irreversibles y requieren una respuesta penal acorde a su gravedad.

En ese marco, confió en que la reforma del Código Penal incluya sanciones más severas y herramientas más eficaces para la investigación de estos delitos. También destacó el rol de la Agencia Federal de Emergencia y la coordinación entre provincias como un elemento central para mitigar el impacto de catástrofes que afectan a vastas regiones del país.

Monteoliva defendió además la continuidad del protocolo antipiquete, al que definió como un instrumento de planificación operativa. Según explicó, su objetivo es anticipar escenarios de conflicto, ordenar los operativos de seguridad y garantizar derechos en tensión, como la protesta y la libre circulación. La funcionaria rechazó las acusaciones de carácter represivo y aseguró que la finalidad es reducir riesgos y evitar episodios de violencia.

Finalmente, la ministra se refirió a la percepción social de la inseguridad y a la distancia que suele existir entre las estadísticas oficiales y el temor ciudadano. Reconoció que, aunque algunos indicadores muestran mejoras, los hechos violentos tienen un fuerte impacto emocional que condiciona la vida cotidiana. Para Monteoliva, esa preocupación es legítima y debe ser atendida con políticas claras y resultados visibles.

En ese sentido, afirmó que el combate al crimen organizado debe seguir siendo la prioridad central de la política de seguridad. Según su análisis, solo una estrategia integral, que combine reformas legales, presencia territorial y coordinación federal, permitirá reducir de manera sostenida los niveles de violencia. En un contexto de debate legislativo y tensiones políticas, la discusión sobre la edad de imputabilidad vuelve a ocupar un lugar clave, con la provincia de Buenos Aires como uno de los principales escenarios donde se juega el rumbo de la seguridad en Argentina.