El comienzo del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires quedó envuelto en un escenario de alta incertidumbre tras la decisión de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) de rechazar la última propuesta salarial del gobierno provincial y convocar a un paro de 24 horas para el próximo 2 de marzo, fecha prevista para el regreso a las aulas. La medida impacta de lleno en el distrito educativo más grande del país, con millones de estudiantes y miles de establecimientos públicos que podrían no iniciar las clases con normalidad.

La resolución fue adoptada en el Congreso Extraordinario del gremio, donde los delegados consideraron insuficiente el ofrecimiento presentado por la administración que encabeza Axel Kicillof. La propuesta contemplaba un incremento del 4% para febrero —retroactivo a diciembre— y un 3% para enero. Para la conducción sindical, esos porcentajes no alcanzan a compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación acumulada en los últimos meses.

La decisión no solo abre un frente de conflicto en la antesala del calendario escolar, sino que también vuelve a poner en el centro del debate la sostenibilidad salarial de los docentes bonaerenses en un contexto económico marcado por restricciones presupuestarias, caída de transferencias nacionales y tensiones fiscales entre la provincia y la Nación.

La Federación de Educadores Bonaerenses es el segundo gremio en representatividad dentro del sistema educativo provincial y cuenta con fuerte presencia en el interior. Forma parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), espacio que también integra SUTEBA, el sindicato que conduce Roberto Baradel. Si bien cada organización define sus propias medidas, las decisiones del frente suelen tener un peso determinante en la dinámica del conflicto.

Desde la FEB, su presidenta Liliana Olivera explicó que, tras consultas a las bases en distintos distritos, el rechazo fue unánime. Además de confirmar el paro para el primer día de clases, el Congreso facultó al Consejo Directivo del gremio a adoptar nuevas medidas si no hay una mejora sustancial en la oferta salarial. La advertencia deja abierta la posibilidad de que el conflicto se profundice si no se alcanzan acuerdos en los próximos días.

El impacto potencial es significativo. La provincia de Buenos Aires concentra cerca del 40% de la matrícula escolar del país. Un paro en el inicio del ciclo lectivo no solo altera la planificación institucional, sino también la organización familiar, especialmente en hogares donde ambos adultos trabajan y dependen del calendario escolar para coordinar actividades laborales y de cuidado. Cada jornada sin clases implica reacomodamientos, costos adicionales y, en algunos casos, pérdida de días de aprendizaje que luego deben recuperarse.

La negociación paritaria había sido reabierta el 5 de febrero, tal como se había acordado en el entendimiento salarial de enero. Sin embargo, la nueva propuesta oficial no logró acercar posiciones. Desde el gobierno provincial sostienen que la situación financiera es compleja, en parte por la reducción de transferencias no automáticas desde el Gobierno nacional y la caída de la recaudación. También remarcan que la prioridad es sostener el diálogo y evitar una ruptura que derive en un conflicto prolongado.

Del lado sindical, el diagnóstico es distinto. Las organizaciones advierten que el salario real viene acumulando una pérdida sostenida frente al aumento de precios y que los porcentajes ofrecidos no garantizan una recuperación efectiva. Además, señalan que la eliminación de programas nacionales de apoyo al salario docente —como el Fondo Nacional de Incentivo Docente— incrementó la presión sobre las paritarias provinciales y redujo los ingresos totales de los trabajadores de la educación.

La tensión no se limita al ámbito docente. La misma oferta del 3% fue extendida a otros sectores de la administración pública provincial y también recibió rechazos. Asociación Trabajadores del Estado planteó que el incremento es insuficiente y reclamó un aumento que supere la inflación, junto con el pase a planta permanente de trabajadores precarizados y la recategorización del personal. A su vez, FEGEPPBA solicitó al Ejecutivo un mayor esfuerzo presupuestario para alcanzar un acuerdo que contemple de manera real las necesidades del sector estatal.

Este escenario amplifica la presión sobre la administración bonaerense, que enfrenta demandas simultáneas en distintas áreas sensibles. Educación es, sin embargo, uno de los frentes más visibles y con mayor impacto social. El inicio de clases suele ser un momento simbólico y político de alta exposición pública, por lo que cualquier interrupción adquiere una dimensión que trasciende lo estrictamente salarial.

En términos económicos, el debate gira en torno a la capacidad de recomposición frente a una inflación que, aunque desacelerada respecto de picos anteriores, continúa erosionando ingresos. Para los docentes, el reclamo central es que los aumentos acompañen o superen la evolución de los precios para evitar una nueva caída del salario real. Para el gobierno, el margen fiscal es limitado y cualquier mejora debe encuadrarse dentro de una planificación presupuestaria ajustada.

Mientras tanto, el calendario avanza. Restan pocas semanas para el 2 de marzo y la paritaria permanece formalmente abierta a la espera de una nueva convocatoria del Ministerio de Trabajo provincial. En las próximas jornadas podrían intensificarse las reuniones informales y los contactos técnicos en busca de una propuesta que permita desactivar el paro.

El desenlace dependerá de la capacidad de ambas partes para acercar posiciones en un plazo acotado. Si no hay acuerdo, el ciclo lectivo 2026 comenzará con conflicto y con miles de estudiantes sin clases en su primer día. Si, en cambio, se alcanza una mejora que satisfaga al menos parcialmente las demandas gremiales, el gobierno provincial logrará garantizar el inicio normal del calendario y evitar una escalada de medidas.

Por ahora, la señal es clara: el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires no está asegurado. La definición llegará en las próximas semanas, en una negociación donde se cruzan variables económicas, decisiones políticas y el impacto directo sobre la vida cotidiana de millones de familias bonaerenses.