Una nueva disputa entre el Gobierno nacional y el bloque de senadores de Unión por la Patria se desató en las últimas horas, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunciara públicamente que desde el sector kirchnerista del Senado se pidió restringir el uso de sanitarios y espacios comunes del Congreso a efectivos de fuerzas federales que participan de operativos de seguridad durante jornadas de protesta.

Bullrich hizo su descargo a través de la red social X, donde acusó a los senadores de “no querer” a las fuerzas de seguridad y los criticó por supuestamente impedirles acceder incluso a necesidades básicas. “Ya sabíamos que no los querían… pero ni para ir al baño los dejan. Un poco de respeto y sentido común. Son los que nos cuidan todos los días”, escribió la funcionaria, acompañando su publicación con una imagen del documento presentado por los legisladores opositores ante las autoridades del Senado.

La carta en cuestión fue firmada por un grupo de senadores peronistas entre los que se encuentran Oscar Parrilli, Cristina López, Sergio Leavy, María Eugenia Duré, Silvia Sapag, Antonio Rodas, Carlos Linares y Gerardo Montenegro. En el texto, no se solicita una prohibición concreta, pero sí se expresa preocupación por el incremento de personal de las fuerzas de seguridad dentro del recinto legislativo durante operativos vinculados a movilizaciones o actos públicos de gran convocatoria.

Los senadores plantean que, en esas ocasiones, la presencia de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria se vuelve “desproporcionada” y puede generar incomodidades para el personal del Senado, tanto por el uso compartido de instalaciones como por el aumento del movimiento dentro de áreas restringidas del edificio.

La nota reclama que se coordine y regule el ingreso y uso de espacios comunes por parte del personal de seguridad, “limitando su uso a lo estrictamente necesario”, e incluso propone garantizar que la prioridad de uso de los sanitarios y otras zonas de servicio sea para los empleados permanentes de la Cámara alta.

Una disputa que expone tensiones de fondo

La respuesta de Bullrich no fue solo institucional sino también política. La ministra interpretó el pedido como una expresión de desprecio hacia los uniformados, en un contexto donde el Gobierno nacional defiende abiertamente el accionar de las fuerzas de seguridad como una de sus principales banderas de gestión.

Desde que asumió nuevamente el cargo, Bullrich ha impulsado medidas orientadas a reforzar el despliegue preventivo y disuasivo de las fuerzas federales en contextos de protesta. Uno de los principales puntos de su política de seguridad ha sido el «Protocolo Antipiquetes», que regula la actuación de las fuerzas durante cortes de calles, marchas y movilizaciones, priorizando la libre circulación y el orden público. Esa política ha generado resistencias por parte de sectores opositores, organismos de derechos humanos y sindicatos.

En ese contexto, el reclamo de los senadores de UP parece haber tocado un punto sensible. Para Bullrich, limitar el acceso de los efectivos a espacios básicos como los sanitarios equivale a desconocer su función y a deshumanizarlos. “No se trata solo de logística, se trata de respeto institucional. Están ahí cumpliendo órdenes del Estado, cuidando el Congreso, protegiendo incluso a quienes ahora se quejan por su presencia”, sostuvo la funcionaria en declaraciones posteriores a medios acreditados.

Seguridad, inteligencia y el monitoreo en redes

La controversia no se da en un vacío. En paralelo a esta disputa, Bullrich también profundizó declaraciones sobre el nuevo plan de monitoreo en redes sociales que impulsa su ministerio. El programa busca anticipar situaciones de conflictividad a través del análisis de publicaciones digitales que puedan estar asociadas a llamados a la violencia, amenazas colectivas o desinformación organizada. Según explicó, no se trata de censurar, sino de prevenir delitos, resguardar el orden y actuar con anticipación frente a convocatorias que puedan derivar en hechos delictivos.

Además, se refirió al aniversario del atentado a la AMIA y aseguró que el Gobierno mantiene «monitoreos permanentes» sobre amenazas terroristas y actividades sospechosas, en articulación con agencias de inteligencia nacionales e internacionales. Destacó también que la lucha contra la impunidad en este caso sigue siendo “una deuda del Estado argentino que aún no se ha saldado”.

El Congreso, escenario de tensiones

El Congreso se ha transformado en uno de los principales campos de batalla política entre el oficialismo y la oposición desde la llegada de Javier Milei al poder. Con una agenda legislativa estancada por la falta de acuerdos, las diferencias de criterio entre las fuerzas mayoritarias han trascendido los debates parlamentarios y se expresan en gestos, reclamos administrativos y disputas simbólicas, como la que ahora involucra el uso de los baños.

Mientras la ministra de Seguridad ratifica su respaldo total a las fuerzas y denuncia una actitud discriminatoria de parte del bloque peronista, los senadores firmantes evitan confrontar públicamente y remarcan que su pedido se basa en cuestiones organizativas y laborales dentro de un edificio que funciona con cientos de trabajadores de planta y asesores.

En medio de una creciente polarización institucional, este nuevo episodio vuelve a poner en escena el enfrentamiento entre dos concepciones del orden público y del rol de las fuerzas federales en la vida democrática. El baño, en este caso, fue apenas la superficie de una disputa mucho más profunda.