El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otros 18 imputados por integrar un presunto entramado de corrupción que operó dentro del organismo durante su gestión. La resolución judicial describe un sistema organizado y sostenido en el tiempo, destinado a direccionar contrataciones públicas de medicamentos e insumos médicos a cambio de sobornos millonarios, con un impacto directo sobre recursos del Estado y prestaciones sensibles destinadas a personas con discapacidad.

El fallo, de más de 300 páginas, detalla cómo la ANDIS habría sido utilizada como plataforma para beneficiar intereses privados mediante sobreprecios, simulación de competencia y pagos ilegales. Spagnuolo fue procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita, acusado de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo. Junto a él, la decisión alcanzó a funcionarios del organismo, operadores externos y empresarios vinculados al negocio de las droguerías.

La causa se inició el año pasado, tras la filtración de audios que derivaron en una denuncia judicial. Sin embargo, Casanello remarcó que los procesamientos no se sustentan en esas grabaciones como prueba directa, sino en una investigación independiente basada en expedientes administrativos, documentación contable, cruces de datos, testimonios y medidas de prueba que permitieron reconstruir el funcionamiento del esquema con prescindencia de los audios.

Un entramado de corrupción montado sobre las contrataciones públicas

Según la resolución, la investigación permitió identificar un patrón sistemático de irregularidades en los procesos de compra de la ANDIS, especialmente en la adquisición de medicamentos de alto costo y baja incidencia, así como de insumos médicos. Para el juez, lejos de tratarse de hechos aislados, se montó un mecanismo estable que combinó decisiones administrativas direccionadas, simulación de competencia de precios y pago de retornos a funcionarios.

El fallo describe una “puesta en escena” en las compulsas de precios, el paso formal imprescindible para las contrataciones públicas. Cuatro droguerías concentraron la mayor parte de las adjudicaciones y, en la mayoría de los casos, se alternaban para presentar ofertas. En determinadas compras competían formalmente dos de ellas y resultaban adjudicatarias, mientras que en otros procesos lo hacían las restantes, replicando un esquema rotativo que aseguraba el reparto del negocio.

Casanello subrayó que estas empresas estaban vinculadas entre sí, fueron dadas de alta como prestadoras de la ANDIS el mismo día y en respuesta a pedidos urgentes de las autoridades del organismo. Ese contexto facilitó que las contrataciones se realizaran sin controles exhaustivos, amparadas en situaciones de emergencia que permitían evitar licitaciones más amplias y competitivas.

A este mecanismo se sumó el pago de sobreprecios. Las ofertas aceptadas por la agencia resultaban significativamente más elevadas que las de otras compras similares, incluso dentro del propio organismo y en el mismo período. Esa diferencia, sostuvo el juez, constituía la base económica del esquema de sobornos, que luego se distribuían entre los integrantes de la organización.

Para Casanello, la ANDIS “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento”, en desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación. El fallo remarca que los recursos involucrados no eran marginales y que el daño al Estado se tradujo también en un impacto sobre un área especialmente sensible, como es la política pública destinada a personas en situación de discapacidad.

El rol de Spagnuolo y las pruebas del sistema de sobornos

El procesamiento atribuye a Diego Spagnuolo un rol central en la operatoria. Como máxima autoridad de la ANDIS durante el período investigado, el juez consideró que no sólo tenía conocimiento de las maniobras, sino que habría articulado y supervisado el direccionamiento de las compras en beneficio de determinadas droguerías, a cambio de sobornos.

La resolución rechaza el argumento defensivo de una supuesta “ceguera” frente a lo que ocurría en el organismo. Por el contrario, recoge testimonios de empresarios excluidos del sistema de compras que aseguraron haber advertido directamente al entonces funcionario sobre la existencia de un grupo reducido de empresas favorecidas de manera sistemática. Esos reclamos, según la causa, fueron desoídos, lo que refuerza la hipótesis de una decisión deliberada.

Entre los elementos probatorios valorados por el juez figura el hallazgo de una máquina de contar billetes en la vivienda de Spagnuolo. Para Casanello, se trata de un indicio relevante, ya que la clandestinidad de las maniobras habría obligado al manejo de grandes sumas de dinero en efectivo, evitando transferencias bancarias que dejaran rastros incompatibles con la condición de funcionario público.

La investigación también documentó encuentros presenciales reiterados entre Spagnuolo y operadores externos vinculados al negocio de las droguerías, algunos de ellos registrados mediante visitas a domicilios particulares. Además, se acreditaron pagos indirectos, como desembolsos realizados por terceros para cubrir gastos personales del ex titular de la ANDIS, una modalidad habitual para disimular la entrega de sobornos.

El fallo describe un entramado de vínculos personales, laborales y comerciales entre funcionarios y actores privados, que permitió sostener en el tiempo la adjudicación direccionada de contratos millonarios. Para el juez, ese “detrás de escena” revela una coordinación persistente orientada a beneficiar intereses privados ilícitos, en contra del interés general y del correcto funcionamiento del Estado.

Los jefes de la asociación ilícita y el alcance político de la causa

La resolución identifica una estructura jerárquica clara. Además de Spagnuolo, fueron procesados como presuntos jefes de la asociación ilícita Daniel Garbellini, ex subdirector de la ANDIS, y dos operadores externos: Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Estos últimos, con vínculos históricos con el sector de las droguerías y antecedentes en la política, fueron señalados como quienes habrían ejercido un control informal pero decisivo sobre las compras del organismo.

Junto a ellos, el procesamiento alcanza a otros funcionarios, empleados y empresarios que habrían actuado como integrantes o partícipes del esquema. La nómina incluye ex directores de áreas estratégicas, coordinadores, empleados vinculados a los operadores externos y representantes de las empresas beneficiadas por las adjudicaciones irregulares.

Aunque todos los procesados permanecerán en libertad, el impacto económico de la decisión judicial es significativo. Casanello dispuso embargos por más de 200 mil millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo y montos similares para los otros principales acusados, con el objetivo de asegurar eventuales decomisos y reparaciones al Estado en caso de una condena.

Más allá de los procesamientos, el juez dejó planteada una advertencia de mayor alcance. En su fallo sostuvo que el esquema delictivo descubierto podría no agotarse en los hechos ya probados y que existen indicios de “otro nivel de complicidades”. La magnitud de las cifras involucradas, la extensión temporal de las maniobras y el grado de impunidad con el que se habrían desarrollado sugieren, según Casanello, que la responsabilidad podría escalar más allá de los imputados actuales.

En ese marco, ordenó nuevas declaraciones indagatorias y avanzó sobre las estructuras societarias utilizadas para el fraude, citando a las propias personas jurídicas de las principales droguerías involucradas. El objetivo es profundizar la investigación y determinar si hubo más actores políticos o administrativos que facilitaron o toleraron el funcionamiento del sistema.

La causa por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad entra así en una etapa clave. Con procesamientos firmes, embargos millonarios y nuevas medidas en marcha, el expediente pone bajo la lupa el uso de recursos públicos en un área crítica del Estado y abre interrogantes sobre los controles, las responsabilidades políticas y la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia en las contrataciones públicas.