El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a colocar en el centro del debate la necesidad de modificar el régimen penal juvenil, insistiendo en que los menores que cometen delitos graves deben ser juzgados sin importar su edad. Su postura surge luego de la viralización del asesinato de Jeremías Monzón, un caso que involucró a adolescentes y que reavivó la discusión sobre la eficacia de la ley actual y la seguridad en la provincia.

Durante una conferencia de prensa en Santa Fe, Pullaro aseguró que “el juzgamiento debe centrarse en la gravedad del delito, no en la edad de quien lo comete”. El gobernador destacó que el Código Penal vigente fue concebido para otra realidad social y no contempla fenómenos recientes, como la utilización de menores por parte de adultos dentro de estructuras criminales.

El mandatario fundamentó su posición en su experiencia como ministro de Seguridad entre 2015 y 2019, y en los hechos violentos que enfrentó desde que asumió la gobernación. Según Pullaro, no se puede asumir que un adolescente de 14 o 15 años no comprende las consecuencias de sus actos: “Deberíamos bajar la edad de imputabilidad. La evaluación tiene que centrarse en el delito y no en la edad”, sostuvo.

Experiencia y cifras: por qué la ley necesita actualizarse

Pullaro recordó que durante su gestión en el Ministerio de Seguridad se registraron numerosos casos de menores involucrados en homicidios y delitos graves. Según datos oficiales de la provincia, entre 2022 y 2025 se duplicaron los casos de violencia extrema protagonizados por adolescentes, lo que evidencia un cambio en la criminalidad juvenil.

El gobernador aseguró que factores como la pobreza o la vulnerabilidad social no pueden ser excusa para crímenes de alta gravedad. “Existen muchísimos jóvenes que no tuvieron oportunidades y no cometen delitos. La violencia extrema tiene múltiples causas, incluso dentro de las familias, pero eso no puede justificar acciones criminales”, explicó.

Para reforzar la seguridad, la provincia incrementó la coordinación con fuerzas federales, endureció la supervisión de detenidos de alto perfil y ajustó las condiciones en las cárceles. Pullaro destacó que estas medidas son insuficientes si no se ajusta el marco legal para juzgar adecuadamente delitos graves cometidos por menores, adaptando la ley a la criminalidad actual.

El caso Monzón y la polémica nacional sobre imputabilidad

El asesinato de Jeremías Monzón volvió a abrir el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron un nivel de violencia extremo que para Pullaro evidencia que los adolescentes involucrados “saben lo que están haciendo”.

La viralización del caso generó un fuerte impacto social y mediático, impulsando la discusión sobre cómo la legislación actual enfrenta los delitos juveniles graves. Según el gobernador, la política de seguridad en Santa Fe combina prevención con sanción, articulando programas sociales con medidas de control y judicialización.

Entre los programas de contención social más destacados se encuentra “Nueva Oportunidad”, que alcanza actualmente a 18.000 jóvenes. Este plan brinda talleres de educación, deporte y cultura, con el objetivo de ofrecer alternativas y reducir la reincidencia. Pullaro remarcó que el Estado debe ser firme con quienes cometen delitos graves, pero al mismo tiempo ofrecer oportunidades a quienes aún pueden reinsertarse en la sociedad.

La postura de Pullaro coincide con iniciativas del Gobierno nacional para que los menores responsables de crímenes graves puedan ser juzgados bajo las mismas normas que los adultos, especialmente en delitos como homicidios, secuestros o robos violentos.

Reformas necesarias y desafíos para la sociedad

La insistencia de Pullaro refleja una tendencia de endurecimiento del régimen penal juvenil frente al aumento de delitos graves cometidos por menores. Sin embargo, la propuesta genera debate entre especialistas en derecho y criminología, quienes advierten sobre los riesgos de estigmatizar adolescentes y de aplicar sanciones severas sin programas preventivos eficaces.

Para el gobernador, la clave está en evaluar la gravedad del hecho y su impacto en la víctima. La educación, la cultura y la contención social son complementarias, pero no sustituyen la necesidad de sancionar delitos graves. En su visión, la ley debe reflejar la realidad contemporánea: la criminalidad juvenil ha cambiado y exige respuestas proporcionales, integrales y rápidas.

El caso Monzón y otros hechos violentos protagonizados por menores muestran que la reforma del régimen penal juvenil no solo es un tema legal, sino un desafío social que combina justicia, derechos y seguridad ciudadana. Pullaro sostiene que políticas de mano dura y programas de inclusión deben coexistir para ofrecer seguridad y oportunidades. La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad seguirá siendo central en la agenda política y social, condicionando decisiones legislativas y estrategias de prevención en Santa Fe y en todo el país.

Con estadísticas recientes, casos mediáticos y programas de contención, la provincia enfrenta un dilema complejo: garantizar justicia efectiva, proteger a los jóvenes en riesgo y ofrecer seguridad a la comunidad. Pullaro insiste en que la responsabilidad penal debe basarse en el acto cometido, no en la edad, mientras la sociedad debate cómo equilibrar sanción y prevención en la criminalidad juvenil.