La discusión por la reforma laboral volvió a activarse en el Senado con una reunión extensa entre el oficialismo y los bloques considerados “dialoguistas”, en un intento por ordenar los pedidos de cambios y despejar el camino hacia una eventual sanción durante el período de sesiones extraordinarias. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, encabezó el encuentro y dejó un mensaje optimista: aseguró que existe un entendimiento sólido con los aliados, aunque reconoció que el texto aprobado en comisión en diciembre no saldrá intacto y será objeto de ajustes.

El encuentro se realizó en las oficinas del bloque radical y se extendió por más de dos horas, en una señal de que la negociación ingresó en una fase fina, de revisión artículo por artículo. Allí se sentaron representantes de la UCR, fuerzas provinciales y bloques federales que ya habían acompañado el dictamen original, con el objetivo de sistematizar observaciones y canalizarlas hacia el Poder Ejecutivo. La expectativa del Gobierno es cerrar ese intercambio antes del martes próximo, fecha que aparece como límite informal para definir si el proyecto llega al recinto en la primera quincena de febrero.

Bullrich buscó transmitir orden político y previsibilidad legislativa. Habló de un acuerdo “bastante consolidado” y de un trabajo coordinado entre senadores que, según recordó, ya había permitido reunir una mayoría relevante a fines del año pasado. Sin embargo, el tono realista predominó en la reunión: nadie desconoce que el respaldo depende de concesiones puntuales, especialmente en los capítulos que afectan a las provincias y al esquema tributario asociado a los incentivos a la inversión.

Un diálogo abierto con aliados y provincias en alerta

La reunión reunió a senadores de distintos espacios que, sin formar parte del oficialismo, se muestran dispuestos a acompañar la reforma laboral como una señal de gobernabilidad. Desde el radicalismo, Eduardo Vischi ofició de anfitrión y vocero de una posición que combina respaldo político con advertencias de tono federal. El correntino sostuvo que existe un alto nivel de coincidencia con el espíritu general de la ley, pero admitió que hay aspectos sensibles que requieren correcciones para no afectar a las economías provinciales.

Uno de los puntos que generó mayor intercambio fue el impacto fiscal del proyecto, en particular la posible merma de recursos derivada de beneficios impositivos a grandes empresas. Para varios senadores, ese capítulo no puede analizarse de manera aislada del vínculo financiero entre Nación y provincias. Bullrich evitó dar definiciones cerradas y derivó la discusión al ámbito del Ejecutivo, aunque reconoció que el tema sigue abierto y que forma parte del paquete de negociaciones en curso.

Desde los bloques provinciales, el mensaje fue similar: voluntad de acompañar, pero con la exigencia de contemplar realidades productivas diversas. Se planteó la necesidad de diferenciar entre grandes compañías y pymes, tanto en materia tributaria como en la aplicación de los nuevos regímenes de incentivo. En ese marco, surgió la idea de introducir precisiones técnicas en algunos artículos cuya redacción actual genera incertidumbre o “ruido”, según admitieron incluso los aliados del Gobierno.

La ausencia del PRO en la reunión llamó la atención en un primer momento, aunque luego fue relativizada por el oficialismo, que la atribuyó a cuestiones logísticas. Más allá de ese dato, el clima del encuentro fue descripto como constructivo, con un intercambio prolongado que incluyó la revisión detallada del articulado y un compromiso explícito de volver a verse en los próximos días para cerrar diferencias.

Los cambios en discusión y el foco en la litigiosidad laboral

Más allá de la ingeniería política, el contenido de la reforma laboral sigue siendo el eje del debate. Bullrich defendió el proyecto como una herramienta para modernizar las relaciones de trabajo y reducir la litigiosidad, uno de los puntos que el Gobierno considera centrales para reactivar el empleo formal. Según explicó, la propuesta busca volver a un esquema de indemnización más previsible, basado en un salario por año trabajado, y dejar atrás distorsiones que, en su visión, terminaron convirtiendo a los juicios laborales en un factor de riesgo para las empresas.

En ese diagnóstico, la senadora sostuvo que el actual sistema desalienta la contratación y contribuye a la fragilidad del entramado productivo. Argumentó que Argentina tiene una densidad empresaria baja en comparación con otros países de la región y que la reforma apunta a generar condiciones más favorables para la creación de nuevas firmas. En esa línea, vinculó el proyecto con los regímenes de incentivo a la inversión que impulsa el Ejecutivo, pensados para atraer capitales y expandir el sector privado.

Sin embargo, incluso entre los aliados hay matices. Algunos senadores plantearon la necesidad de afinar la redacción para evitar interpretaciones ambiguas que puedan derivar en nuevos conflictos judiciales. Otros reclamaron garantías adicionales para que la búsqueda de previsibilidad no se traduzca en una pérdida de derechos adquiridos. Ese equilibrio delicado explica por qué el texto final aún no está cerrado y por qué el oficialismo admite cambios antes de llevar la ley al recinto.

El debate también se cruzó, de manera lateral, con otras urgencias de la agenda nacional. Consultada sobre la posibilidad de incorporar el tema de los incendios en el sur al temario de extraordinarias, Bullrich señaló que el Estado nacional ya está brindando asistencia y dejó abierta la puerta a que el Ejecutivo incluya ese asunto en los próximos días. La mención funcionó como recordatorio de que la negociación legislativa convive con una agenda cargada de demandas sociales y territoriales.

Un cierre abierto y una definición que se acerca

Con el reloj de las sesiones extraordinarias en marcha, el oficialismo apuesta a capitalizar el trabajo previo y evitar sorpresas en el recinto. La estrategia pasa por cerrar un texto consensuado con los bloques dialoguistas, aun al costo de introducir modificaciones que atenúen algunos de los puntos más controversiales. En ese marco, el “acuerdo consolidado” del que habla Bullrich no es una foto fija, sino un proceso en movimiento, sujeto a la capacidad del Gobierno de absorber reclamos y ordenar su propia tropa.

Desde la UCR y los bloques provinciales, el mensaje es de cautela optimista. Reconocen avances significativos, pero insisten en que el acompañamiento final dependerá de cómo se resuelvan los capítulos fiscal y federal. La próxima reunión, prevista para antes del martes, será clave para saber si la reforma laboral llega al recinto con los votos necesarios o si el oficialismo deberá estirar los plazos y profundizar la negociación.

Por ahora, el escenario combina expectativa y prudencia. El Gobierno necesita una señal legislativa fuerte para sostener su agenda de reformas, mientras que los aliados buscan marcar límites y dejar su impronta en una ley de alto impacto. En ese juego de equilibrios, la reforma laboral se encamina a una definición que, más allá de los discursos, dependerá de la letra chica que termine escribiéndose en los próximos días.