Copete: Con las sesiones extraordinarias ya convocadas, el Gobierno nacional intensifica el diálogo con las provincias para destrabar la reforma laboral. Diego Santilli se reunió con Gustavo Sáenz en Salta y prepara encuentros en Neuquén y Entre Ríos, en una ofensiva política atravesada por reclamos fiscales, expectativas de empleo formal y un delicado equilibrio federal.

Bajada: La iniciativa, presentada como un proceso de modernización del mercado de trabajo, promete crecimiento y mayor formalización, pero despierta inquietud por su impacto en la recaudación y la coparticipación. En ese cruce de intereses, el Ejecutivo busca consolidar mayorías legislativas antes de febrero.

Con el calendario legislativo finalmente definido, el Gobierno nacional entró en una fase decisiva para avanzar con uno de los proyectos centrales de su agenda económica: la reforma laboral. El llamado oficial a sesiones extraordinarias, previstas entre el 2 y el 27 de febrero, obligó a acelerar tiempos y a ordenar una estrategia política que tiene como eje el diálogo con los gobernadores. En ese contexto, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó una intensa agenda de viajes por el interior del país, convencido de que el respaldo provincial será determinante para lograr la sanción de la ley.

La visita a Salta marcó el inicio de una semana clave. El encuentro con el gobernador Gustavo Sáenz, realizado en la Casa de Gobierno provincial y acompañado por una conferencia de prensa conjunta, funcionó como una señal política hacia el resto de las provincias. Salta no solo representa un distrito relevante por su peso territorial, sino también por su influencia en el Congreso, donde cuenta con una delegación parlamentaria capaz de inclinar votaciones ajustadas.

El Gobierno llega a esta instancia con un antecedente favorable, tras haber logrado en diciembre la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal. Sin embargo, la reforma laboral plantea un desafío distinto. A diferencia de otras iniciativas, toca de manera directa la relación entre el Estado, las empresas y los trabajadores, y abre un debate profundo sobre el modelo de empleo, la competitividad del sector privado y el impacto económico en las cuentas públicas.

Salta, la narrativa de la modernización y los reclamos pendientes

El diálogo con Sáenz expuso con claridad uno de los ejes centrales de la negociación: el modo en que se presenta la reforma. El gobernador salteño, de vínculo oscilante con la Casa Rosada, ya había sugerido en conversaciones previas que el término “reforma laboral” genera resistencia social y que resulta más efectivo hablar de “modernización”. No se trata solo de una cuestión semántica, sino de una lectura política sobre el humor social y el costo que puede tener acompañar cambios en un área sensible.

Desde el Ejecutivo toman nota de esa advertencia y refuerzan una narrativa centrada en la creación de empleo formal, el crecimiento económico y la ampliación de la base contributiva. El objetivo es instalar la idea de que la modernización del régimen laboral no implica una pérdida de derechos, sino una adaptación a nuevas dinámicas productivas que permitan reducir la informalidad y mejorar la competitividad.

Sáenz, por su parte, se mostró dispuesto a acompañar transformaciones que impulsen la actividad económica, aunque dejó en claro que el apoyo no es automático. En la mesa de discusión aparecieron reclamos históricos de la provincia, especialmente vinculados a obras públicas pendientes y a la necesidad de sostener recursos en un contexto de ajuste fiscal. La preocupación de fondo es que los cambios impositivos incluidos en la reforma puedan afectar la recaudación provincial en el corto plazo.

Salta se convierte así en un termómetro político. Su respaldo, aun condicionado, puede abrir el camino para otros gobernadores que observan con cautela el avance del proyecto. En ese equilibrio se mueve Santilli, que busca mostrar capacidad de escucha sin ceder en los lineamientos centrales de la iniciativa.

Neuquén y Entre Ríos: expansión territorial de la negociación

Tras la escala en Salta, la agenda del ministro del Interior continúa con viajes a Neuquén y Entre Ríos. En el caso neuquino, el encuentro con el gobernador Rolando Figueroa adquiere una relevancia estratégica particular. Neuquén es una provincia clave para la economía nacional por su rol en el sector energético y por la expectativa de inversiones privadas asociadas al desarrollo de Vaca Muerta. Para el Gobierno, sumar a Figueroa al esquema de apoyos implica fortalecer la idea de que la reforma laboral puede potenciar sectores dinámicos y atraer capitales.

En Entre Ríos, la reunión con Rogelio Frigerio se da en un clima político distinto. Con una relación más cercana al oficialismo, el gobernador entrerriano aparece como uno de los respaldos más previsibles. Aun así, el diálogo no está exento de tensiones, ya que la provincia también analiza con atención el impacto fiscal de la reforma y la evolución de la recaudación vinculada al Impuesto a las Ganancias.

Estas reuniones forman parte de una estrategia más amplia que Santilli viene desplegando desde comienzos de enero. Chubut, Chaco, Mendoza y San Juan ya fueron parte del recorrido, con encuentros que combinaron gestos políticos, recorridas territoriales y conversaciones técnicas sobre el contenido del proyecto. En cada provincia, el ministro recoge inquietudes similares: cómo se compensará una eventual caída de ingresos y en qué plazos se verán los beneficios prometidos en términos de empleo y actividad económica.

Impacto fiscal, empleo formal y el desafío de construir consensos

El principal nudo de la discusión gira en torno al impacto fiscal de la reforma laboral. Los gobernadores advierten que la reducción de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, prevista en algunos de los cambios propuestos, podría afectar la coparticipación y tensionar las finanzas provinciales. Este punto genera debate incluso dentro del propio oficialismo, donde conviven miradas más prudentes con otras que apuestan a un efecto expansivo rápido.

Desde la Casa Rosada sostienen que el impacto negativo inicial será limitado y que la formalización de trabajadores compensará la pérdida de ingresos. La lógica oficial plantea que cada avance en la reducción de la informalidad se traduce en más aportes, mayor consumo y un círculo virtuoso para la economía. En esa línea, Santilli explicó públicamente que el efecto estimado sobre las provincias sería marginal y que podría revertirse con la incorporación de cientos de miles de trabajadores al empleo formal.

Sin embargo, varios mandatarios reclaman mecanismos de transición que amortigüen el impacto en el corto plazo. La posibilidad de establecer esquemas de compensación aparece como un tema recurrente en las conversaciones, aunque en el Gobierno prevalece la idea de no incorporar cláusulas que comprometan el equilibrio fiscal. Esa postura refuerza la tensión con algunas provincias, pero también busca enviar una señal de consistencia hacia los mercados y el sector privado.

En el cálculo político del Ejecutivo, hay apoyos que se consideran prácticamente asegurados. Mendoza y San Juan figuran entre las provincias más alineadas, al igual que Chaco, aunque en este último caso con pedidos explícitos de acompañamiento financiero. Otras jurisdicciones, como La Pampa, permanecen en una zona de incertidumbre. La fallida reunión con el gobernador Sergio Ziliotto, postergada en dos oportunidades, refleja las dificultades para avanzar con aquellos mandatarios más críticos de la reforma.

A medida que se acerca febrero, el margen de negociación se reduce y las definiciones se vuelven urgentes. La reforma laboral se consolidó como una prueba de fuego para la relación entre la Nación y las provincias, pero también como un indicador del rumbo económico que el Gobierno pretende imprimirle al país. Si logra articular consensos suficientes, el oficialismo podrá exhibir un nuevo triunfo legislativo. Si no, quedará expuesta la fragilidad de un esquema que apuesta al diálogo federal en un contexto de fuertes restricciones fiscales.

El recorrido de Santilli por Salta, Neuquén y Entre Ríos muestra que la disputa no se limita al Congreso, sino que se libra también en el territorio y en la capacidad del Gobierno para convencer de que la modernización del empleo puede traducirse en crecimiento, mayor recaudación y estabilidad económica. El desenlace de esa negociación definirá no solo el futuro de la reforma laboral, sino también el tono político de un año legislativo que se anticipa intenso.