El Gobierno nacional volvió a poner en agenda una de las discusiones más sensibles de los últimos años y envió al Congreso el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que propone reducir la edad de imputabilidad. La iniciativa, que había sido presentada sin éxito durante el año pasado, retoma el mismo esquema normativo pero incorpora una diferencia clave que cambia el escenario legislativo: esta vez incluye una asignación presupuestaria específica para garantizar su aplicación.

La decisión oficial apunta a acelerar el tratamiento parlamentario. La intención es que el proyecto sea debatido esta misma semana en un plenario de comisiones y llegue al recinto de la Cámara de Diputados antes de que finalice febrero. En ese marco, el oficialismo ya inició contactos con los bloques de la oposición dialoguista, que si bien mantienen reparos sobre algunos puntos centrales, adelantaron que están dispuestos a discutir el contenido y avanzar hacia un consenso posible.

El envío del texto se produce en un contexto político marcado por la persistencia de la inseguridad como una de las principales preocupaciones sociales y por la estrategia del Gobierno de avanzar con reformas estructurales en distintas áreas. La baja de la edad de imputabilidad vuelve así al centro del debate público, con implicancias jurídicas, sociales y presupuestarias que atraviesan tanto al oficialismo como a la oposición.

Edad de imputabilidad y negociación política: el punto más sensible del debate

El núcleo de la iniciativa es la modificación de la edad de imputabilidad en Argentina. El proyecto establece que adolescentes desde los 13 años puedan ser penalmente responsables en casos de delitos graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Se trata de una definición que ya había generado fuertes tensiones en el intento legislativo anterior y que vuelve a concentrar la mayor parte de las discusiones.

En el Congreso, la postura del oficialismo choca con la de los bloques de la oposición dialoguista, que consideran difícil acompañar un piso tan bajo. Referentes del PRO y de la Unión Cívica Radical adelantaron que su posición es sostener los 14 años como edad mínima, un consenso que había comenzado a construirse en el dictamen frustrado de 2025. Todo indica que ese será uno de los primeros artículos en ser modificados durante el tratamiento en comisión.

Más allá del número específico, el debate de fondo gira en torno a cómo responder desde el Estado a los delitos cometidos por adolescentes y cuál debe ser el equilibrio entre sanción, prevención y resocialización. El Gobierno sostiene que la reforma del régimen penal juvenil es necesaria para dar una respuesta a hechos de inseguridad que involucran a menores y para evitar que organizaciones criminales se aprovechen de la inimputabilidad vigente hasta los 16 años.

Desde la oposición, en cambio, advierten que una baja de la edad sin un sistema adecuado de contención y seguimiento puede agravar problemas estructurales. En ese sentido, el oficialismo apuesta a mostrar que el proyecto no se limita a endurecer penas, sino que propone un régimen diferenciado del sistema penal adulto, con reglas específicas y derechos reforzados para los adolescentes.

El texto establece que, aun en los casos más graves, no se aplicará prisión perpetua ni reclusión perpetua. Sin embargo, habilita penas máximas que podrían llegar hasta los 20 años de privación de la libertad, un punto que también genera resistencia. Durante el debate anterior, el propio oficialismo había aceptado reducir ese tope a 15 años para lograr un acuerdo político, por lo que no se descarta que esa discusión vuelva a darse en esta etapa.

Presupuesto, implementación y el rol de las provincias

Uno de los cambios más relevantes del nuevo proyecto es la incorporación de una asignación presupuestaria concreta. La falta de financiamiento había sido uno de los principales argumentos para frenar la reforma en 2025. Esta vez, el texto incluye un artículo específico que fija un monto superior a los 23.700 millones de pesos destinados a la implementación del régimen penal juvenil.

La norma detalla cómo se distribuyen esos recursos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación, y abre la puerta a acuerdos entre el Estado nacional y las provincias para el envío de partidas especiales. El objetivo es financiar la construcción y adecuación de institutos especializados para adolescentes en conflicto con la ley penal, una condición considerada indispensable para avanzar con la reforma.

El proyecto establece que los menores condenados deberán cumplir las sanciones en centros separados de los adultos, con personal capacitado específicamente en infancia y adolescencia. También se garantiza el acceso a educación formal, atención médica integral y tratamientos para adicciones cuando corresponda. La prohibición de cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores aparece como un principio central del nuevo régimen.

Este punto es clave en términos de implementación real y de impacto presupuestario. La creación de nuevas instituciones, la capacitación del personal y la articulación con los sistemas provinciales representan un desafío logístico y financiero que excede al Poder Ejecutivo nacional y obliga a una coordinación federal compleja. Para los bloques dialoguistas, la inclusión del presupuesto es una señal positiva, aunque advierten que el control sobre la ejecución de esos fondos será determinante.

En cuanto al proceso penal, el proyecto diferencia claramente entre rangos etarios. Para adolescentes de hasta 15 años, se habilita la posibilidad de medidas de privación de libertad solo en casos de extrema gravedad, priorizando siempre alternativas orientadas a la resocialización. Para delitos menores, se promueven sanciones no privativas, como tareas comunitarias, programas de reparación del daño y restricciones de contacto con las víctimas.

Derechos de los adolescentes, lugar de las víctimas y cronograma legislativo

La reforma del régimen penal juvenil también incorpora un capítulo específico de derechos reforzados para los adolescentes imputados. Entre ellos, se garantiza el acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, y la posibilidad de participar en instancias de mediación. Además, se establece el derecho a ser informados y escuchados durante todo el proceso judicial, en línea con estándares internacionales de protección de la niñez.

De manera paralela, el proyecto fortalece el rol de las víctimas dentro del sistema penal. Se reconocen derechos a recibir información clara y oportuna, contar con acompañamiento jurídico y psicológico y participar, cuando corresponda, en mecanismos alternativos de resolución de conflictos. El Gobierno sostiene que este equilibrio entre garantías para los adolescentes y reconocimiento de las víctimas es uno de los pilares de la iniciativa.

En términos políticos, el oficialismo busca avanzar con rapidez. Según el cronograma comunicado por la presidencia de la Cámara de Diputados, la intención es dictaminar el proyecto en un plenario de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto, y llevarlo al recinto antes de mediados de febrero. El objetivo es obtener media sanción y trasladar el debate al Senado, donde se anticipa una discusión igual o más compleja.

La oposición dialoguista ya dejó en claro que no bloqueará el tratamiento, pero condiciona su acompañamiento a cambios concretos en artículos sensibles como la edad mínima de imputabilidad y la pena máxima. El oficialismo, por su parte, apuesta a que la inclusión del financiamiento y la presión de la agenda pública permitan destrabar una discusión que lleva años sin resolverse.

La reforma penal juvenil vuelve así al centro del debate legislativo, con un Congreso atravesado por tensiones políticas, demandas sociales y límites presupuestarios. El resultado de esta discusión no solo definirá un cambio profundo en el sistema penal argentino, sino también la capacidad del Gobierno para construir consensos en un tema que divide opiniones y expone las contradicciones estructurales del Estado frente a la inseguridad y la infancia.