El Gobierno nacional inició la última semana de enero con una serie de decisiones que, aunque formalizadas como renuncias y designaciones administrativas, configuran un reordenamiento de peso en áreas sensibles del Estado. A través de distintos decretos publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aceptó la salida del director nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), oficializó la renuncia del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) y avanzó con cambios profundos en la Secretaría de Transporte y en entes reguladores del sector energético.

Lejos de tratarse de movimientos aislados, las resoluciones se concentran en organismos estratégicos vinculados al control institucional, la administración de recursos públicos y la supervisión de sectores económicos clave. En un contexto de ajuste fiscal, redefinición del rol del Estado y negociación permanente con actores locales e internacionales, los recambios funcionan también como señales políticas hacia adentro del gabinete y hacia afuera del sistema político.

El denominador común de las decisiones es la búsqueda de mayor alineamiento interno, mayor control sobre áreas críticas y una renovación de equipos en sectores donde el Gobierno considera necesario acelerar cambios de gestión. Aunque los decretos apelan al lenguaje formal de agradecimiento por los servicios prestados, el trasfondo remite a una etapa de reorganización más amplia que podría extenderse a otros organismos en los próximos meses.

Renaper: cambio de conducción en un organismo clave para la gestión estatal

Uno de los primeros movimientos oficializados fue la aceptación de la renuncia del contador Pablo Luis Santos como director nacional del Registro Nacional de las Personas. El cambio se hará efectivo a partir del 1° de febrero de 2026 y fue formalizado mediante el Decreto 33/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli.

En su reemplazo asumirá el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, quien tomará el control de un organismo central para el funcionamiento cotidiano del Estado. El Renaper es responsable de la emisión y administración de los documentos nacionales de identidad, pasaportes y registros vinculados al estado civil, tareas que lo convierten en una pieza clave tanto desde el punto de vista administrativo como político.

Hasta el momento, el Gobierno no difundió los motivos de la salida de Santos ni realizó un balance público de su gestión. Tampoco se detallaron los lineamientos que tendrá la nueva conducción, aunque fuentes oficiales señalaron que la prioridad estará puesta en profundizar procesos de modernización, control y optimización de recursos.

En un escenario donde la digitalización de trámites, la seguridad de la identidad y la interoperabilidad de bases de datos son temas centrales, el recambio en el Renaper adquiere un valor que excede lo meramente administrativo. La designación de Pérez Lorgueilleux se inscribe así en una lógica de reordenamiento institucional que apunta a reforzar áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento del Estado y la relación con los ciudadanos.

UIF: fin de una gestión de alto perfil y señales hacia el control financiero

En paralelo al cambio en el Renaper, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera, el organismo encargado de prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La salida fue oficializada a través del Decreto 45/2026 y marcó el cierre de una gestión caracterizada por su exposición pública y judicial.

Starc había asumido el cargo en abril de 2025, tras la dimisión de Ignacio Yacobucci, y llegó a la UIF con una extensa trayectoria en la investigación de delitos complejos. Durante su gestión, el organismo tuvo una participación activa en causas de alto impacto, entre ellas el expediente conocido como el juicio de los Cuadernos, en el que la UIF intervino como querellante en procesos que involucran a ex funcionarios y empresarios.

En las semanas previas a su salida, Starc encabezó una agenda internacional intensa. Viajó a Washington para mantener reuniones con autoridades estadounidenses y representantes de la Red de Control de Delitos Financieros, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en investigaciones vinculadas al lavado de dinero. Esos encuentros buscaron alinear a la Argentina con estándares internacionales y reforzar vínculos institucionales en un área especialmente sensible para los mercados.

Desde el Ministerio de Justicia destacaron que la gestión saliente se enfocó en adecuar los sistemas de prevención a los marcos normativos vigentes y subrayaron el profesionalismo del funcionario. Al mismo tiempo, informaron que Starc continuará colaborando con el Gobierno en tareas vinculadas al desarrollo financiero y la consolidación institucional, aunque sin ocupar un cargo formal.

Si bien la designación aún no fue publicada en el Boletín Oficial, desde el Ejecutivo adelantaron que el licenciado Ernesto Gaspari asumirá la conducción de la UIF. Con antecedentes en gestión pública y privada y experiencia en áreas de planificación y administración, su llegada apunta a una etapa de fortalecimiento del control financiero y de optimización del uso de la información, en línea con las exigencias de los organismos internacionales.

Transporte y energía: recambios profundos en sectores bajo revisión

El reordenamiento también alcanzó al área de Transporte, donde el Gobierno avanzó con cambios que impactan tanto en la estructura política como en las empresas estatales. Mediante el Decreto 47/2026, el Ejecutivo oficializó la salida de Luis Octavio Pierrini de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y designó al arquitecto Fernando Augusto Herrmann como nuevo titular del área, con efecto a partir del 22 de enero.

La salida de Pierrini estuvo acompañada por la renuncia de los presidentes de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, dos compañías clave dentro del sistema ferroviario. Se trata de empresas que concentran especial atención dentro del Gobierno, en particular por su inclusión en el listado de sociedades sujetas a privatización o concesión según lo previsto en la Ley Bases.

Desde la Casa Rosada señalaron que el objetivo es avanzar con un cambio integral en la gestión del transporte, un área atravesada por debates sobre subsidios, eficiencia y sostenibilidad fiscal. Aunque oficialmente se habló de motivos personales, en el trasfondo aparece la intención de revisar esquemas de gasto y de control en un sector históricamente sensible.

Un rol central en este proceso lo asumió el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, quien impulsó la renovación de autoridades como punto de partida de su gestión. Bajo su órbita quedaron múltiples organismos y empresas públicas, lo que refuerza la idea de una concentración de decisiones orientada a acelerar cambios estructurales.

En el sector energético, los movimientos siguieron la misma lógica. La Secretaría de Energía aceptó la renuncia de Carlos Alberto María Casares como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas y designó a Marcelo Alejandro Nachon como su reemplazante. El nombramiento se da en el marco de la intervención vigente sobre el organismo, prorrogada hasta julio de 2026 o hasta la conformación de un directorio definitivo.

La continuidad de las intervenciones en los entes reguladores de gas y electricidad responde a la emergencia energética y a la futura creación de un organismo unificado previsto por ley, que aún no entró en funcionamiento. Hasta entonces, el Gobierno mantiene el control directo sobre áreas críticas para garantizar la supervisión del transporte y la distribución de servicios esenciales.

En conjunto, la seguidilla de renuncias y designaciones confirma que el Ejecutivo atraviesa una etapa de reconfiguración interna, donde los recambios funcionan como herramientas para ordenar áreas sensibles, enviar señales de control y preparar el terreno para decisiones de mayor impacto. Lejos de cerrarse, el proceso deja abierta la expectativa sobre nuevos movimientos en la estructura estatal a lo largo de 2026.