La causa por la muerte de Lito Costilla, el joven repartidor de 28 años que falleció en 2020 durante un operativo policial en Tolosa, ingresó en una instancia clave que vuelve a poner en el centro de la escena el accionar de las fuerzas de seguridad y la respuesta del sistema judicial. A casi cinco años del hecho, la fiscalía y el particular damnificado formularon un ofrecimiento de juicio abreviado que contempla una pena de cinco años de prisión por el delito de homicidio culposo para los policías imputados, dejando atrás definitivamente otras hipótesis penales de mayor gravedad que se analizaron en etapas anteriores del expediente.

La propuesta, que fue aceptada por las defensas de los efectivos —quienes continúan bajo arresto domiciliario—, no implica el cierre automático del proceso. La decisión final quedará en manos del juez de la causa, quien deberá resolver en una audiencia prevista para la semana entrante si homologa el acuerdo, si lo rechaza o si adopta una resolución distinta. En ese marco, la defensa adelantó que, aun aceptando la vía abreviada, insistirá con la inocencia de sus representados, un planteo que introduce un elemento adicional de tensión en una causa atravesada por debates jurídicos y sociales de fondo.

El juicio abreviado y la discusión sobre la responsabilidad penal

El ofrecimiento de un juicio abreviado por homicidio culposo redefine el eje central de la causa Costilla. La figura legal supone que la muerte fue consecuencia de una conducta imprudente o negligente, sin intención directa de provocar el resultado fatal. En términos penales, esta calificación implica una pena sensiblemente menor a la que correspondería a un homicidio doloso y, al mismo tiempo, fija un límite claro respecto de la responsabilidad que el Estado, a través de sus agentes, asume en este tipo de operativos.

Martín Sarubbi, abogado de los policías imputados, señaló que la aceptación del abreviado responde a una estrategia procesal, pero no a un reconocimiento de culpabilidad. Según explicó, en la audiencia insistirán con que no existió delito y que el accionar de los efectivos debe analizarse en el contexto de un procedimiento policial. “El juez puede aprobar el abreviado o incluso absolver”, sostuvo el letrado, al tiempo que anticipó que, si el acuerdo es homologado, recurrirán la decisión en instancias superiores.

La postura de la defensa se apoya en la idea de que el desenlace fatal fue el resultado de una secuencia desafortunada, pero no de una conducta deliberada. Desde esa óptica, el juicio abreviado aparece como una salida que reduce la incertidumbre judicial, aunque deja abierta la discusión sobre la responsabilidad institucional y los criterios con los que se evalúan las actuaciones policiales que derivan en muertes.

Del otro lado, sectores vinculados a la familia de la víctima y a organismos de derechos humanos cuestionan que una persecución policial que culmina con una muerte en la vía pública sea encuadrada como un hecho culposo. Para esos espacios, la calificación minimiza la gravedad del accionar estatal y sienta un precedente problemático en relación con el uso de la fuerza. Esa tensión explica por qué, aun con un acuerdo sobre la mesa, el caso continúa generando repercusiones en La Plata y la región.

La persecución en Tolosa y los hechos que marcaron el expediente

El episodio que dio origen a la causa ocurrió en 2020, en Tolosa, cuando Lito Costilla circulaba en una motocicleta Honda Wave. Según la reconstrucción incorporada al expediente, varios policías a bordo de motos oficiales iniciaron una persecución que se extendió por distintas calles de la zona. El joven, que trabajaba como repartidor, fue seguido durante varias cuadras hasta llegar a la intersección de la calle 524, entre 121 y avenida 120.

En ese punto, de acuerdo con la acusación, los efectivos lograron alcanzar y encerrar al motociclista. La secuencia posterior es el núcleo del debate judicial: uno de los policías habría propinado una patada que provocó que Costilla perdiera el control de la moto, desviara su trayectoria e impactara contra un poste de madera del alumbrado público. El golpe contra la estructura y la posterior caída sobre el asfalto le ocasionaron la muerte de manera instantánea.

La defensa cuestiona esa versión y sostiene que no existió una agresión directa destinada a derribar al joven. Plantea, en cambio, que se trató de una maniobra fallida en el marco de una persecución que ya presentaba riesgos propios, y que el resultado fatal no puede atribuirse a una acción concreta con entidad penal. Esa diferencia en la interpretación de los hechos fue determinante para el rumbo que tomó la investigación.

Durante la instrucción se produjeron pericias técnicas, declaraciones testimoniales y reconstrucciones del hecho que intentaron establecer con precisión la mecánica del impacto. La ausencia de registros audiovisuales completos y la complejidad para reconstruir la secuencia exacta de movimientos dificultaron la consolidación de una hipótesis única y robusta. En ese contexto probatorio, la fiscalía optó por avanzar hacia una solución abreviada que garantice una condena, aunque con una calificación menos severa.

Impacto social, debate institucional y una definición que trasciende la causa

La muerte de Lito Costilla tuvo un fuerte impacto social en La Plata y se convirtió en un caso emblemático del debate sobre las persecuciones policiales en zonas urbanas. El hecho reavivó cuestionamientos sobre los protocolos de actuación, la proporcionalidad en el uso de la fuerza y los límites de la intervención estatal cuando están en juego la vida y la integridad de las personas.

El juicio abreviado, lejos de cerrar definitivamente la discusión, vuelve a poner sobre la mesa interrogantes de fondo. Para algunos, asegura una respuesta penal concreta y evita la prolongación de un proceso con final incierto. Para otros, consolida una lógica de baja responsabilidad en hechos protagonizados por fuerzas de seguridad, lo que podría desalentar revisiones más profundas sobre las prácticas policiales.

En el plano judicial, la audiencia prevista para la semana entrante será determinante. El juez deberá evaluar si el acuerdo cumple con los requisitos legales, si la calificación de homicidio culposo resulta adecuada a los hechos probados y si corresponde homologar la pena propuesta. También tendrá la facultad de rechazar el abreviado y ordenar que la causa continúe hacia un juicio oral, o incluso dictar una resolución absolutoria si entiende que no se configura delito.

Más allá de la decisión puntual, el cierre de la causa Costilla será leído como un mensaje institucional. La forma en que el Poder Judicial resuelva este expediente marcará un precedente sobre cómo se juzgan las muertes ocurridas en operativos policiales y cuál es el estándar de responsabilidad que se aplica a los agentes del Estado. En Tolosa y en toda La Plata, la expectativa no se limita al destino de los imputados, sino a lo que este fallo pueda significar para el futuro de las prácticas de seguridad y el control democrático de la fuerza pública.