Con una alianza impensada entre el PRO y Unión por la Patria, el Senado rechazó las designaciones impulsadas por Javier Milei para la Corte Suprema. El intento del Ejecutivo de avanzar por decreto terminó en una dura derrota política.

En una jornada que quedará marcada en la historia institucional reciente, el Senado de la Nación asestó un duro golpe al Gobierno de Javier Milei al rechazar las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema. Con votos clave del PRO y Unión por la Patria, ambas postulaciones fueron tumbadas por una mayoría que se plantó frente al intento del Ejecutivo de imponer jueces por decreto durante el receso legislativo.

La candidatura de Lijo fue rechazada por 43 votos en contra y 27 a favor, mientras que García-Mansilla sufrió una derrota aún más contundente: 51 votos en contra frente a solo 20 afirmativos. El mensaje político fue claro: hay límites, incluso para un gobierno que se jacta de gobernar «sin pedir permiso».

El revés sacudió los cimientos del oficialismo, que no solo perdió la pulseada judicial, sino que también quedó expuesto frente a su estrategia de confrontación constante con el Congreso. La jugada de Milei —designar a sus candidatos en comisión por decreto— fue considerada inconstitucional por gran parte de la oposición y terminó desatando una reacción conjunta que muy pocos preveían: el PRO y el kirchnerismo votando en la misma vereda.

Ariel Lijo, por ahora, seguirá en su cargo de juez federal, mientras que el futuro de García-Mansilla, quien ya había asumido informalmente su rol en la Corte, es incierto y podría derivar en un conflicto legal de alto voltaje.

Este cachetazo institucional no solo frena el avance del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, sino que abre una nueva etapa de tensiones políticas que podrían complicar aún más la ya desgastada relación entre Casa Rosada y el Congreso.