Ambos ministros justificaron su inasistencia por “compromisos de agenda”, mientras el oficialismo concentra la defensa en Guillermo Francos. La oposición evalúa denuncias por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Buenos Aires, 29 de abril de 2025 – El Congreso nacional vivió una jornada tensa y cargada de acusaciones luego de que los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no se presentaran a la sesión especial convocada para responder sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, cuyo desplome tras una promoción presidencial dejó un tendal de damnificados y abrió investigaciones judiciales en Argentina y el extranjero.

Ambos funcionarios justificaron su ausencia mediante sendas notas enviadas a la Cámara de Diputados. Caputo alegó “cuestiones de agenda impostergables”, mientras que Cúneo Libarona mencionó “compromisos urgentes asumidos previamente”. A su vez, se pusieron a disposición para responder por escrito las preguntas formuladas por los legisladores, una respuesta que generó aún más indignación entre los bloques opositores.

El Congreso exige explicaciones

La convocatoria a interpelar a los ministros se originó a raíz de la promoción pública de la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente Javier Milei, quien en febrero elogió su potencial en varias entrevistas y publicaciones en redes sociales. Poco después, la moneda digital sufrió una abrupta caída de valor, provocando pérdidas significativas para pequeños y medianos inversores. Diversas voces han señalado posibles irregularidades, conflictos de interés y falta de regulación estatal en el marco del escándalo.

Legisladores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y bloques independientes reclamaban explicaciones directas de los ministros, a quienes consideran figuras clave en la cadena de responsabilidades del caso. La sesión fue encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien asumió la tarea de responder en nombre del Ejecutivo, pero su presencia no logró contener el descontento.

“Francos no tiene competencia sobre la política monetaria ni sobre los marcos legales del funcionamiento de criptoactivos en la Argentina. Necesitamos a Caputo y a Cúneo Libarona sentados acá”, expresó con firmeza el diputado Germán Martínez (UxP).

Desde el bloque Democracia para Siempre, el legislador Pablo Juliano fue más allá y planteó: “Esto es una falta de respeto institucional sin precedentes. Estamos evaluando presentar una denuncia penal contra ambos ministros por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El oficialismo cierra filas y evita votación clave

Durante la sesión, la oposición propuso una moción para reprogramar la interpelación al martes 13 de mayo, con el fin de garantizar la presencia de Caputo y Cúneo Libarona. Sin embargo, esta iniciativa fue bloqueada por el oficialismo con apoyo de legisladores libertarios y aliados provinciales, quienes argumentaron que la presencia de Francos era suficiente y que el Congreso no debía avanzar con medidas “espectaculares ni persecutorias”.

Según fuentes parlamentarias y versiones periodísticas, la ausencia de los ministros fue una decisión tomada en la Casa Rosada, en un intento por centralizar la defensa política del caso en el jefe de Gabinete, considerado más hábil para sortear el debate legislativo. Esta estrategia, sin embargo, podría tener un costo político mayor al esperado.

“El Congreso es un poder independiente. Los ministros están obligados a dar explicaciones. No pueden esconderse detrás de una nota de excusa. Hoy asistimos a una falta de respeto a la democracia y a la ciudadanía”, sostuvo Myriam Bregman, del Frente de Izquierda.

Avanza la investigación y crece el escándalo

El caso $LIBRA se ha convertido en uno de los mayores escándalos de la gestión libertaria. Según investigaciones preliminares, la criptomoneda habría sido impulsada por un grupo con vínculos con asesores informales del entorno presidencial. Tras la promoción de Milei, el valor del token se multiplicó, generando una ola de compras, para luego desplomarse en lo que analistas califican como una clásica “estafa de pump and dump”.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) abrió una investigación administrativa, y la Justicia Federal analiza la posible comisión de delitos financieros, estafa, y hasta lavado de dinero. En paralelo, la SEC (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos también inició un proceso por el impacto que el caso tuvo en usuarios residentes en ese país.

El Congreso, por su parte, conformó una comisión especial investigadora, que deberá emitir un informe en 90 días. Se espera que esta comisión cite a declarar no solo a funcionarios del Gobierno, sino también a empresarios, influencers financieros y especialistas en criptoactivos.

Repercusiones políticas

La crisis generada por el caso $LIBRA no solo ha minado la imagen del presidente Milei —quien hasta el momento no se pronunció oficialmente sobre el escándalo—, sino que también tensiona las relaciones entre los poderes del Estado. En un contexto de creciente desconfianza pública y volatilidad económica, la falta de rendición de cuentas por parte de los ministros puede tener efectos duraderos.

Analistas políticos advierten que este episodio podría ser un punto de inflexión en la relación del Ejecutivo con el Congreso, especialmente si se profundiza la percepción de que el Gobierno se niega a someterse a los controles democráticos.

“Lo que está en juego no es solo una criptomoneda, sino la calidad institucional de la República”, advirtió el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en declaraciones recientes.