El procurador general interino presentó un dictamen ante la Corte Suprema en el que solicita una condena más severa para la exmandataria, a quien acusa de liderar una asociación ilícita.

El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, pidió este jueves a la Corte Suprema de Justicia que eleve de 6 a 12 años la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa conocida como «Vialidad». La solicitud se fundamenta en la supuesta existencia de una asociación ilícita encabezada por la exmandataria para direccionar obra pública en favor del empresario Lázaro Báez durante sus gobiernos.

El dictamen de Casal respalda el recurso presentado por el fiscal Mario Villar, quien había reclamado que la ex presidenta sea condenada también por el delito de asociación ilícita, además de administración fraudulenta, cargo por el cual ya fue sentenciada en diciembre de 2022.

Casal consideró que los jueces de la Cámara de Casación no valoraron adecuadamente las pruebas ni los argumentos de la fiscalía al excluir la figura de la asociación ilícita. Además, cuestionó la reducción del monto del decomiso propuesto por el tribunal, que había sido fijado en más de 5.300 millones de pesos, valor actualizado del perjuicio económico ocasionado al Estado.

La respuesta de la defensa

El abogado de Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira, respondió rápidamente al planteo de Casal. «Esto es un intento de proscribirla políticamente por vía judicial», sostuvo. El letrado puso en duda que la Corte Suprema haga lugar al pedido del procurador y advirtió que es improcedente considerar que un gobierno elegido democráticamente puede ser encuadrado como parte de una asociación ilícita.

Próximos pasos

La decisión ahora está en manos de la Corte Suprema, que deberá definir si admite la queja presentada por la fiscalía y si revisa la condena actual. En caso de que la Corte confirme una condena de 12 años, Fernández de Kirchner, que ya tiene más de 70 años, podría cumplir la pena bajo arresto domiciliario.

La expresidenta no ocupa cargos públicos actualmente, pero ha dejado abierta la posibilidad de presentarse nuevamente a elecciones. De ser electa para un cargo legislativo, obtendría fueros que la protegerían de una eventual detención.

Un fallo que puede marcar un precedente

El dictamen de Casal reaviva el debate sobre la relación entre justicia y política en Argentina. Mientras sectores opositores celebran el avance judicial, desde el kirchnerismo acusan una persecución orientada a impedir el regreso de Cristina Fernández de Kirchner al escenario electoral.

La causa Vialidad, que ya generó un fallo histórico en 2022, podría tener su capítulo final en los próximos meses si la Corte Suprema resuelve intervenir. La posibilidad de una condena agravada abre un nuevo escenario político y judicial de alto voltaje en pleno año electoral.