La desarticulación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas por parte del Gobierno nacional no puede leerse como una simple decisión administrativa ni como un reordenamiento técnico del sistema sanitario. Se trata de un retroceso estructural que impacta de manera directa sobre el derecho a la salud de las infancias y que expone a miles de bebés a riesgos concretos, evitables y potencialmente irreversibles. En un país donde las desigualdades territoriales en materia de atención médica siguen siendo profundas, el debilitamiento de una política federal de alta complejidad representa una señal de alarma que excede la coyuntura política.

Cada año, en Argentina, nacen miles de niños y niñas con cardiopatías congénitas, una patología que continúa siendo una de las principales causas de mortalidad infantil cuando no se diagnostica y trata a tiempo. La experiencia médica demuestra que la sobrevida y la calidad de vida de estos pacientes dependen de un sistema de salud capaz de garantizar detección precoz, seguimiento continuo y acceso rápido a cirugías y tratamientos especializados. El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas había sido creado precisamente para dar respuesta a esa necesidad, articulando recursos humanos, hospitales y equipos médicos en todo el territorio nacional.

La política pública no sólo apuntaba a salvar vidas, sino también a corregir desigualdades históricas. En muchas provincias, la falta de centros de alta complejidad obliga a derivar pacientes a otras jurisdicciones, lo que requiere coordinación federal, logística sanitaria y equipos profesionales capacitados para actuar con rapidez. Sin ese engranaje estatal, la posibilidad de acceder a una atención médica especializada deja de ser un derecho garantizado y pasa a depender de la capacidad económica, la información disponible o la cercanía geográfica de cada familia.

La gravedad de la situación fue señalada por Cecilia Moreau, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y dirigente del bloque Unión por la Patria, quien denunció públicamente que el vaciamiento del programa constituye “una violación gravísima al derecho a la salud de las infancias”. Moreau recordó que el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas fue convertido en ley en 2023, durante su gestión al frente de la Cámara de Diputados, tras un amplio debate parlamentario y con el acompañamiento casi unánime de los bloques políticos.

Ese consenso legislativo reflejaba un acuerdo básico: la salud infantil, y en particular la atención de patologías graves y complejas, debía quedar protegida frente a los vaivenes políticos y económicos. Sin embargo, al momento de la votación hubo dos excepciones significativas. Los únicos votos en contra fueron los de Javier Milei y Victoria Villarruel, quienes ya entonces manifestaron su rechazo a una política pública que implicaba un rol activo del Estado en la garantía del derecho a la salud.

Para Moreau, la situación actual confirma una continuidad entre aquella posición legislativa y las decisiones que hoy se toman desde el Poder Ejecutivo. “Lo que ayer no pudieron bloquear desde las bancas, hoy avanzan destruyendo desde el Gobierno”, sostuvo la diputada, al advertir que la desarticulación del programa no es un error técnico, sino una decisión política con consecuencias humanas concretas.

Uno de los aspectos más críticos del proceso de vaciamiento es la eliminación del equipo de profesionales que tenía a su cargo la coordinación federal de derivaciones. Ese equipo cumplía una función estratégica dentro del sistema de salud, ya que garantizaba que los bebés diagnosticados con cardiopatías congénitas fueran trasladados de manera rápida y eficiente a centros especializados, sin importar su lugar de origen. La supresión de esa estructura rompe la lógica federal del programa y fragmenta la atención médica especializada.

Las consecuencias de esta decisión son inmediatas. En patologías cardíacas congénitas, el tiempo no es una variable secundaria, sino un factor determinante. Un diagnóstico que se demora, una derivación que no se concreta o una cirugía que se posterga pueden derivar en secuelas permanentes o en la pérdida de la vida. Desde esta perspectiva, el debilitamiento del programa no sólo afecta indicadores sanitarios, sino que compromete el cumplimiento del derecho constitucional a la salud y de los tratados internacionales que protegen los derechos de niños y niñas.

El impacto del desmantelamiento no se limita al plano sanitario. También genera efectos económicos y sociales profundos. Cuando el Estado nacional se retira de la coordinación y del financiamiento integral, la carga se traslada a las provincias y a las familias. Los sistemas de salud provinciales, especialmente en las regiones con menor infraestructura, no siempre cuentan con los recursos necesarios para afrontar tratamientos de alta complejidad, lo que profundiza la desigualdad sanitaria y expone a miles de hogares a gastos médicos imposibles de sostener.

Moreau subrayó además la dimensión ética del problema. Las infancias con cardiopatías congénitas integran uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, no sólo por su condición de salud, sino por su dependencia absoluta de políticas públicas eficaces. “Es justamente a quienes más deberíamos cuidar”, expresó, al advertir que el daño provocado por estas decisiones puede ser irreversible, tanto en términos individuales como en el deterioro del sistema de salud infantil en su conjunto.

La conversión del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en ley en 2023 tuvo como objetivo otorgarle estabilidad, previsibilidad y jerarquía institucional, evitando que quedara sujeto a recortes coyunturales o decisiones discrecionales. Su debilitamiento actual reabre interrogantes sobre el respeto a las leyes vigentes y sobre el modelo de Estado que se consolida cuando políticas sanitarias esenciales son tratadas como variables de ajuste.

En un contexto de redefinición del sistema de salud y de discusión sobre el rol del Estado, el vaciamiento de este programa se convierte en un caso testigo. No se trata sólo de estructuras administrativas ni de partidas presupuestarias, sino de la capacidad del Estado argentino para garantizar atención médica especializada, reducir la mortalidad infantil y proteger derechos básicos. La advertencia lanzada por Cecilia Moreau busca visibilizar una decisión que avanza de manera silenciosa, pero cuyas consecuencias pueden marcar de forma permanente la vida de miles de niños y niñas que dependen, literalmente, de una política pública para sobrevivir.