El Gobierno nacional está analizando el cierre de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, dependiente del Ministerio de Economía, lo que implicaría la eliminación de programas destinados a la construcción de viviendas, como el Procrear, Casa Propia y el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI). Esta medida podría derivar en el despido de alrededor de 500 trabajadores, según fuentes gremiales.

El 13 de noviembre de 2024, el Ejecutivo ya había eliminado el fondo fiduciario del Procrear, creado en 2012, mediante el decreto 1018/2024, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo. En el decreto se argumentó que la financiación de la vivienda debe ser responsabilidad de los bancos comerciales, sin intervención estatal.

En su conferencia de prensa matutina, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que «se está evaluando, pero por el momento no hay una determinación tomada» respecto al cierre de la Secretaría.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había señalado irregularidades en la gestión del Procrear, como demoras en la entrega de viviendas, costos adicionales evitables y problemas de habitabilidad. Actualmente, unas 17.000 casas terminadas podrían ser subastadas. Algunas provincias, como Buenos Aires, y municipios como Avellaneda, han aceptado la transferencia de proyectos inconclusos para su finalización y entrega.

El programa Casa Propia-Construir Futuro, lanzado en 2021, también fue objeto de modificaciones en mayo de 2024, cuando se implementaron cambios en su financiamiento para garantizar su operatividad.

El FONAVI, creado en 1972, ha financiado la construcción de numerosos complejos habitacionales, como el Barrio Ejército de Los Andes (Fuerte Apache) y el Barrio General Savio (Lugano I y II). Su eliminación representaría el fin de un histórico mecanismo de acceso a la vivienda para sectores de bajos ingresos.

En respuesta a la posible clausura de la Secretaría, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado a un abrazo simbólico en defensa de la institución, argumentando que la medida afectaría a más de 1.800 convenios de vivienda, paralizaría 72.000 obras y provocaría la quiebra de más de 2.000 empresas constructoras. Según fuentes gremiales, el cierre podría concretarse el 28 de febrero.

La única dependencia que continuaría en funciones sería la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Sebastián Pareja, senador en licencia y figura clave en La Libertad Avanza.

La posible eliminación de estos programas genera preocupación en diversos sectores, tanto por su impacto en la economía y el empleo como por las dificultades que podrían enfrentar miles de familias para acceder a una vivienda propia.