El incendio que consumió un depósito de electrodomésticos en pleno centro de La Plata no solo arrasó una estructura ilegal. También dejó al desnudo un entramado de inacción, negligencia institucional y permisividad burocrática que lleva años gestándose en silencio. Las llamas que sorprendieron a vecinos a las seis de la mañana fueron el último eslabón de una cadena de omisiones: el fuego visible de un Estado que hace tiempo viene ardiendo por dentro.

No se trató de una tragedia imprevisible. El edificio ya había sido clausurado por el Municipio el 25 de junio por carecer de habilitación, pero siguió operando sin problemas. Desde septiembre del año pasado, funcionaba como depósito clandestino, sin controles efectivos, sin inspecciones sostenidas, sin consecuencias reales. Las autoridades sabían. Las estructuras sabían. Pero no actuaron.

Las imágenes del colapso edilicio, la caída de electrodomésticos sobre la calle y la evacuación de más de 50 familias son impactantes. Pero más preocupante es el contexto: un depósito que no debió estar activo, un espacio con tanques de nafta subterráneos no removidos, en pleno centro de una capital provincial, operando sin ningún tipo de supervisión real. ¿Cuántos lugares similares funcionan hoy en La Plata? ¿Cuántos otros están a la espera de ser noticia?

En las horas posteriores al siniestro, el gobierno provincial y el municipio desplegaron operativos de contención, evacuación y asistencia. Bomberos, SAME, Defensa Civil y organismos técnicos trabajaron para evitar que el desastre fuera aún mayor. Pero la pregunta no puede esquivarse: ¿por qué se llegó a este punto?

Las medidas anunciadas —demolición del edificio, relevamientos de comercios, refuerzos en los controles, asistencia a damnificados— son respuestas necesarias, pero tardías. Y si no se transforman en políticas públicas sostenidas, articuladas y transparentes, volverán a ser apenas eso: respuestas a la urgencia, reacciones ante lo irremediable.

El caso ya está en manos de la Justicia. La fiscalía N°16 imputó a la titular del depósito, Roxana Aloise, y no se descarta que el incendio haya sido intencional. Pero una investigación penal no alcanza. El problema excede lo judicial. Es político, estructural y cultural. Se trata de cómo funciona (o no funciona) el Estado cuando debe prevenir, fiscalizar y garantizar seguridad urbana.

No hay política pública posible sin voluntad de control. No hay prevención sin inspecciones eficaces. No hay seguridad sin transparencia. Y no hay Estado si las clausuras se levantan con un llamado, si los sellos municipales pueden ser ignorados sin consecuencias, si la ilegalidad es tolerada mientras no haga ruido.

Hoy se habla de derrumbe, pero lo que colapsó no es solo una estructura física. Se desplomó la confianza de una ciudadanía que ve cómo el Estado aparece siempre después: cuando el humo ya cubrió las ventanas, cuando el fuego ya cruzó la calle, cuando los vecinos ya salieron corriendo con lo puesto.

La reconstrucción no puede limitarse a retirar escombros. Hace falta una política urbana con controles reales, una gestión estatal que no tolere zonas grises, y una ciudadanía que exija rendición de cuentas. Porque en La Plata, como en tantas otras ciudades del país, la emergencia no es la excepción: es la norma encubierta por la desidia.

Y esa desidia, esta vez, casi mata.