El Senado de la Nación se prepara para una sesión que puede marcar un nuevo avance en la conformación del Poder Judicial argentino. El próximo 16 de julio, si el oficialismo logra reunir el quórum necesario, la Cámara Alta debatirá al menos 26 pliegos judiciales que ya cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos. La votación representa un paso clave para el Gobierno de Javier Milei, que aspira a acelerar la cobertura de vacantes y alcanzar un objetivo sin precedentes: designar alrededor de 300 jueces durante su mandato.

La sesión también estará atravesada por casos de alto impacto institucional. Entre ellos sobresale la situación del juez Víctor Pesino, quien podría quedar fuera de la Justicia si el Senado no aprueba su continuidad antes de que cumpla 75 años. A esto se suma la controversia por el pliego de la magistrada María Verónica Michelli, cuya designación quedó envuelta en un fuerte debate político.

El tratamiento de los pliegos judiciales vuelve a poner sobre la mesa la importancia del Senado en la designación de magistrados y el impacto que estas decisiones tienen sobre el funcionamiento de la Justicia, ya que decenas de tribunales nacionales y federales continúan trabajando con cargos vacantes o jueces subrogantes.

El Senado busca avanzar con nuevos pliegos judiciales para cubrir vacantes

La sesión prevista para el 16 de julio podría convertirse en una de las más importantes del año para el Poder Judicial. Si los legisladores aprueban los 26 pliegos judiciales incluidos en el temario, el Senado alcanzará cerca de 100 acuerdos otorgados desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Hasta el momento, la Cámara Alta ya dio luz verde a 76 nombramientos, mientras que el Poder Ejecutivo oficializó 46 designaciones mediante los decretos correspondientes publicados en el Boletín Oficial.

La estrategia del Gobierno apunta a reducir la gran cantidad de vacantes existentes en tribunales nacionales y federales. En distintas jurisdicciones del país todavía funcionan juzgados con magistrados subrogantes o cargos sin cubrir, una situación que suele generar demoras en las causas judiciales y complicaciones administrativas.

El Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, mantiene negociaciones permanentes con distintos bloques políticos para garantizar que los pliegos judiciales continúen avanzando en el Congreso.

La intención oficial es llegar a unas 300 designaciones antes del final del mandato presidencial en diciembre de 2027. De concretarse ese objetivo, Javier Milei se convertiría en el presidente que más jueces nombró durante las últimas administraciones nacionales.

El proceso para aprobar un pliego judicial comienza con la selección del candidato por parte del Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo. Posteriormente, el expediente es analizado por la Comisión de Acuerdos del Senado, donde los postulantes responden preguntas de los legisladores y se evalúan sus antecedentes profesionales. Finalmente, el pliego debe ser aprobado por la Cámara Alta para completar el procedimiento constitucional.

La cobertura de vacantes es considerada prioritaria por el Gobierno debido a la cantidad de cargos pendientes en todo el país, especialmente en juzgados federales y tribunales con competencia electoral, donde la falta de magistrados titulares puede afectar el desarrollo de distintas investigaciones y procesos judiciales.

El caso Pesino y la situación de los jueces que cumplen 75 años

Uno de los expedientes que concentra mayor atención dentro de esta nueva tanda de pliegos judiciales es el correspondiente al juez Víctor Pesino.

El magistrado integra la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y adquirió notoriedad durante los últimos meses por intervenir en decisiones vinculadas con la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Entre otras resoluciones, rechazó distintos planteos promovidos por organizaciones sindicales y participó en decisiones relacionadas con la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica.

Su situación posee además una característica que aceleró el tratamiento legislativo: el próximo 27 de julio cumplirá 75 años.

La Constitución Nacional establece que los jueces federales y nacionales necesitan obtener un nuevo acuerdo del Senado para continuar en funciones una vez alcanzada esa edad. Si ese procedimiento no se completa antes del vencimiento del mandato, el magistrado debe dejar su cargo.

Como la siguiente sesión ordinaria prevista por el Senado sería recién durante agosto, después del receso invernal, Pesino presentó una medida cautelar para intentar conservar su puesto mientras espera la definición parlamentaria.

Su planteo judicial busca impedir que el límite de edad provoque automáticamente el cese de sus funciones antes de que los senadores puedan votar su continuidad.

El caso se transformó así en uno de los principales temas de discusión dentro del paquete de pliegos judiciales impulsado por el oficialismo.

Especialistas en derecho constitucional recuerdan que este mecanismo fue incorporado durante la reforma constitucional de 1994 y obliga a que los magistrados que alcanzan los 75 años vuelvan a recibir el acuerdo del Senado y un nuevo decreto presidencial para permanecer en sus cargos.

Por ese motivo, la sesión del 16 de julio adquiere una importancia especial tanto para Pesino como para el resto de los candidatos cuyos expedientes esperan resolución.

Michelli, las negociaciones políticas y el objetivo de nombrar 300 jueces

Otro expediente que continúa generando debate es el de la jueza María Verónica Michelli.

Su pliego había obtenido dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, pero el Poder Ejecutivo intentó retirarlo pocos minutos antes de que fuera tratado en el recinto del Senado.

Según trascendió, una de las razones analizadas dentro del Gobierno fue su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, ya que la magistrada es cuñada del reconocido periodista de investigación.

Al no prosperar el retiro del expediente, el Ejecutivo decidió posteriormente excluirla de la tanda de nombramientos oficializados en el Boletín Oficial.

Desde el Gobierno sostienen que Michelli no puede asumir porque el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata aún no dispone de una sede plenamente operativa. Sin embargo, distintos sectores políticos cuestionan esa explicación y recuerdan que recientemente también fueron designados magistrados para juzgados cuya estructura todavía no estaba completamente conformada.

Mientras estas diferencias continúan abiertas, el ministro de Justicia mantiene conversaciones con senadores de distintos bloques para garantizar la aprobación de nuevos pliegos judiciales.

Las negociaciones incluyen especialmente a representantes provinciales interesados en cubrir vacantes dentro de sus respectivas jurisdicciones, ya que muchas provincias reclaman desde hace años la designación de jueces federales y magistrados con competencia electoral.

Otro foco de conflicto gira alrededor de la Comisión de Acuerdos del Senado. Sectores del peronismo cuestionan su integración y anticiparon que podrían objetar algunos de los procedimientos utilizados para avanzar con determinados nombramientos.

En paralelo, el Gobierno modificó mediante un decreto aspectos del sistema de selección de magistrados. Entre los principales cambios figura una reducción del peso que tienen las entrevistas personales durante la evaluación de los candidatos y una reorganización de las instancias de participación pública.

La administración de Javier Milei considera que estas modificaciones permitirán acelerar la cobertura de vacantes sin alterar los requisitos constitucionales para acceder a la magistratura.

Si el Senado consigue sesionar el próximo 16 de julio y aprueba los 26 pliegos judiciales previstos, el oficialismo dará un nuevo paso hacia su objetivo de transformar la composición del Poder Judicial durante los próximos años. La votación no solo definirá el futuro inmediato de jueces como Víctor Pesino y María Verónica Michelli, sino que también servirá como una prueba política sobre la capacidad del Gobierno para reunir consensos en una de las áreas institucionales más sensibles del Estado argentino.