La situación financiera del sistema previsional de Entre Ríos volvió a instalarse en el centro de la agenda política provincial. El gobierno encabezado por Rogelio Frigerio inició una ronda de reuniones con gremios estatales y dirigentes de la oposición para discutir una reforma del régimen jubilatorio, con el objetivo de enfrentar uno de los principales desequilibrios estructurales de las cuentas públicas.

El debate surge en un contexto marcado por el creciente déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial. Actualmente, el organismo enfrenta un rojo mensual cercano a los 30.000 millones de pesos, una cifra que obliga al Estado entrerriano a cubrir esa diferencia con recursos del presupuesto general para garantizar el pago de haberes a jubilados y pensionados.

Aunque en los últimos meses se aplicaron medidas administrativas que permitieron moderar el ritmo del deterioro financiero, el desbalance sigue siendo elevado. Frente a este panorama, el Ejecutivo provincial busca avanzar con una reforma que permita ordenar el sistema en el largo plazo sin modificar uno de los pilares históricos del régimen entrerriano: el 82 % móvil para los jubilados del sector público.

El déficit previsional que condiciona las cuentas públicas

El sistema jubilatorio de Entre Ríos arrastra desde hace décadas un desequilibrio estructural que se fue profundizando con el paso del tiempo. A diferencia de otras provincias, el distrito decidió en los años noventa no transferir su caja previsional al sistema nacional administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Esa decisión implicó conservar la autonomía para definir las reglas del régimen jubilatorio, pero también asumir el costo de financiarlo con recursos propios. Con el paso de los años, la combinación de cambios demográficos, regímenes especiales y una relación cada vez menos favorable entre trabajadores activos y jubilados terminó generando un fuerte desbalance financiero.

Actualmente, alrededor de 120.000 empleados estatales realizan aportes al sistema previsional provincial, mientras que cerca de 65.000 personas perciben jubilaciones o pensiones. Esta relación entre aportantes y beneficiarios resulta cada vez más difícil de sostener, especialmente cuando los haberes se calculan bajo el esquema del 82 % móvil.

A este panorama se suma el nivel de aportes que realizan los trabajadores en actividad. Los empleados públicos entrerrianos destinan aproximadamente el 19 % de su salario bruto al financiamiento del sistema jubilatorio, uno de los porcentajes más altos del país. Sin embargo, esos recursos, junto con las contribuciones del Estado como empleador, no alcanzan para cubrir el total de las prestaciones que se pagan cada mes.

Como consecuencia, la provincia debe cubrir el déficit con fondos propios, lo que reduce el margen presupuestario disponible para otras áreas de gestión. Este escenario se transformó en una preocupación central para el gobierno provincial, que considera imprescindible comenzar a corregir el problema antes de que el sistema alcance un nivel de desequilibrio aún mayor.

En paralelo, la administración de Frigerio también reclama recursos al Estado nacional por la deuda previsional acumulada durante años. Por ese motivo, la provincia inició una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en la que reclama alrededor de 154.000 millones de pesos a valores históricos.

Mientras ese proceso judicial avanza, el gobierno mantiene negociaciones con la Administración Nacional de la Seguridad Social para obtener transferencias parciales que permitan aliviar la presión financiera. Uno de los acuerdos más recientes estableció el envío de aproximadamente 48.000 millones de pesos en cuotas para compensar parte del déficit.

Qué cambios analiza el Gobierno en el sistema jubilatorio

El proyecto de reforma previsional que comenzó a discutirse en Entre Ríos se centra en dos aspectos principales: la edad jubilatoria y la revisión de algunos regímenes especiales que funcionan dentro del sistema provincial.

Desde el Ejecutivo remarcan que uno de los objetivos centrales es preservar el 82 % móvil para los jubilados estatales. Este mecanismo garantiza que los haberes de los pasivos representen ese porcentaje del salario que perciben los trabajadores activos en funciones similares, un derecho que históricamente fue defendido por los gremios del sector público.

Sin embargo, el gobierno considera que mantener ese beneficio requiere introducir modificaciones en otros aspectos del régimen vigente. Uno de los puntos bajo análisis es la edad mínima para acceder a la jubilación.

En la actualidad, las mujeres que trabajan en la administración pública provincial pueden retirarse a los 57 años y los varones a los 60. Estas edades son inferiores a las establecidas en el sistema nacional administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, donde los requisitos son 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.

Además existen regímenes especiales que reducen aún más la edad de retiro. En el sector docente, por ejemplo, las maestras pueden jubilarse a los 52 años y los docentes varones a los 54, siempre que cumplan determinados requisitos de antigüedad y años de trabajo frente al aula.

La propuesta que analiza el gobierno provincial contempla revisar estas condiciones mediante un esquema gradual. Según se planteó en las primeras reuniones con gremios y legisladores, cualquier modificación se aplicaría de manera progresiva y no alcanzaría a quienes ya están en condiciones de jubilarse o se encuentran cerca de cumplir los requisitos actuales.

Otro punto que aparece en el borrador de la reforma es la revisión de ciertos regímenes especiales que actualmente dificultan la compatibilidad del sistema previsional provincial con el nacional. Esa incompatibilidad limita el acceso a mecanismos de financiamiento que podrían ayudar a sostener el sistema en el futuro.

Para la administración provincial, reducir esas diferencias permitiría mejorar la articulación con el esquema nacional y ampliar las posibilidades de financiamiento en el largo plazo.

La negociación política con gremios y oposición

La reforma previsional se presenta como uno de los desafíos políticos más complejos que enfrenta el gobierno de Frigerio desde el inicio de su gestión. Las modificaciones en los sistemas jubilatorios suelen generar fuertes resistencias sociales, especialmente cuando implican cambios en la edad de retiro o en las condiciones de acceso a los beneficios.

Por ese motivo, el Ejecutivo provincial decidió iniciar un proceso de diálogo previo con los sindicatos estatales y los distintos bloques legislativos antes de enviar formalmente el proyecto de ley a la Legislatura.

En los primeros encuentros participaron representantes gremiales y legisladores tanto del oficialismo como de la oposición. Durante esas reuniones, el presidente de la Caja de Jubilaciones provincial, Gastón Bagnat, explicó el diagnóstico elaborado por el gobierno sobre la situación financiera del sistema.

Según planteó el funcionario, el año 2026 será clave para avanzar con una reforma que permita ordenar el régimen previsional en el mediano y largo plazo. La expectativa oficial es que la ley que surja de este proceso de debate sea lo suficientemente amplia como para garantizar la sustentabilidad del sistema durante las próximas décadas.

En ese marco, el gobierno anticipó que enviará el borrador del proyecto a los gremios y a los legisladores para recibir observaciones, propuestas alternativas y sugerencias. La intención es construir un consenso que permita avanzar con la reforma sin que el debate derive en un conflicto político o sindical de gran escala.

Desde la oposición, algunos dirigentes reconocieron que el déficit previsional constituye un problema que debe abordarse. El senador justicialista Víctor Sanzberro señaló que el deterioro de las finanzas provinciales también está vinculado al contexto económico nacional y a la reducción de recursos que llegan desde el Estado federal.

Por su parte, el senador radical Rafael Cavagna consideró que abrir una discusión de este tipo implica asumir un desafío político importante, ya que los efectos de una reforma previsional no suelen verse en el corto plazo, sino varios años después de su implementación.

Los gremios estatales, en cambio, adelantaron su rechazo a cualquier iniciativa que implique modificar las condiciones actuales de jubilación. Desde la Asociación Trabajadores del Estado de Entre Ríos, su secretario general Oscar Muntes afirmó que el déficit del sistema no debe resolverse trasladando el costo del ajuste a los trabajadores.

Una postura similar expresaron desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, donde advirtieron que se opondrán a cualquier reforma que implique una pérdida de derechos para docentes activos o jubilados.

En este escenario, el debate previsional aparece como una de las discusiones más sensibles que atravesará la política entrerriana en los próximos meses. El resultado de esas negociaciones no solo definirá el futuro de la Caja de Jubilaciones, sino también la capacidad de la provincia para sostener su sistema previsional frente a los desafíos económicos de los próximos años.