En una extensa conversación con Comunicadores LP, el diputado nacional y autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, Daniel Arroyo, se mostró sorprendido y molesto por la decisión del presidente de vetar una norma que, según subrayó, contaba con un amplio consenso parlamentario y representaba un paso fundamental para mejorar la vida de las personas con discapacidad en Argentina.

La ley, aprobada por una amplia mayoría en ambas cámaras, planteaba la reorganización del nomenclador de prestaciones —la herramienta que determina los servicios, terapias y apoyos a los que tienen derecho las personas con discapacidad— con el objetivo de garantizar transporte, medicamentos y acompañamiento terapéutico. Para Arroyo, este cambio no solo era necesario, sino urgente:

“El sistema está desacomodado y eso está generando maltrato: transporte que no llega, medicamentos que se recortan y terapias que se interrumpen. La ley ordenaba, no desordenaba”.

Uno de los argumentos del Ejecutivo para justificar el veto fue el impacto fiscal, algo que el legislador relativiza. Según sus cálculos, la aplicación de la norma implicaría apenas el 0,003% del Producto Bruto Interno. “No se trata de un gasto, sino de una deuda histórica con las familias que sostienen día a día la vida de personas con discapacidad”, enfatizó.

Un recorte que desestabilizó todo el sistema

Durante la entrevista, Arroyo señaló que parte del problema actual tiene su origen en la reducción del 30% del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad, medida que —asegura— “desarticuló” un sistema ya frágil. Este recorte provocó demoras, suspensiones y trabas en el acceso a prestaciones esenciales.

El diputado cuestionó también la forma en que se intentó auditar el padrón de beneficiarios. Según explicó, se enviaron más de 400 mil cartas documentales que nunca llegaron a sus destinatarios debido a errores en la base de datos y a la falta de actualización de domicilios. “Se quiso hacer un control masivo sin comprender la realidad de las personas. Así, lo único que se logra es dejar gente sin cobertura y generar angustia”, advirtió.

En este punto, Arroyo fue más allá y acusó al gobierno de ignorar resoluciones de la ONU que garantizan los derechos de las personas con discapacidad. Para él, este desinterés implica “un retroceso de décadas” en políticas de inclusión y respeto.

Auditoría sí, pero con mirada humana

Aunque respalda la necesidad de auditar el sistema, el legislador plantea que debe hacerse con criterios claros y un enfoque social. Propone focalizar el análisis en aquellas zonas donde la cantidad de pensiones por discapacidad sea anormalmente alta en comparación con el promedio nacional, pero evitando aplicar recortes indiscriminados.

“Es imposible hacer un ajuste tan drástico sin comprender la realidad actual de las pensiones por discapacidad. Hay que controlar, pero con inteligencia y humanidad, no con una planilla de Excel”.

Arroyo también advirtió sobre el riesgo de que las auditorías se utilicen como excusa para restringir derechos. “Si la revisión se hace para recortar, estamos en el camino equivocado; si se hace para ordenar y garantizar, ahí sí es útil”, remarcó.

Prestaciones recortadas, salarios congelados y talleres en crisis

La situación de las prestaciones para personas con discapacidad atraviesa un momento crítico. En los últimos meses, muchas obras sociales y empresas de medicina prepaga han limitado el acceso a acompañantes terapéuticos, lo que deja sin apoyo a quienes necesitan asistencia diaria para su autonomía y rehabilitación.

A esto se suma el congelamiento de los ingresos en los talleres protegidos, espacios laborales destinados a personas con discapacidad. Desde febrero de 2023, el salario mensual se mantiene en 28.000 pesos, cifra que Arroyo calificó de “irrisoria” para cubrir necesidades básicas.

La crisis también alcanza a los hogares y talleres protegidos que arrastran deudas con la AFIP, situación que pone en riesgo su continuidad. “Si estos lugares cierran, no solo se pierde un empleo; se pierde un espacio de contención, socialización y dignidad”, advirtió el legislador.

Una desigualdad que crece

Arroyo advirtió que el desajuste actual en el sistema de prestaciones está generando una brecha cada vez más profunda entre quienes logran acceder a los apoyos que necesitan y quienes quedan fuera. “El sistema no se está reacomodando adecuadamente y eso está generando una creciente desigualdad”, señaló.

En su diagnóstico, esta desigualdad no es solo económica, sino también geográfica: el acceso a terapias, transporte y medicación varía drásticamente según la provincia o municipio. “No puede ser que el lugar donde uno vive determine el nivel de derechos que recibe”, cuestionó.

Urgencia legislativa y llamado al consenso

Para el diputado, revertir el veto es una prioridad política y social. Por eso, pidió que la Cámara de Diputados convoque de inmediato a una sesión especial para tratar el tema. En su visión, el debate debe salirse de la “grieta” y buscar un acuerdo amplio entre oficialismo y oposición.

“El impacto en la vida de las familias con personas con discapacidad es significativo y necesita ser reconocido por el Estado. Esta ley es una cuestión de justicia y humanidad, no de banderas políticas”.

Arroyo confía en que el respaldo de organizaciones del sector y legisladores de distintas fuerzas permita reactivar la iniciativa. Mientras tanto, advierte que cada día que pasa sin una solución significa un derecho vulnerado y una familia en mayor dificultad.

“Esta ley no era un capricho político; era una herramienta concreta para ordenar y garantizar derechos. El veto no solo es incomprensible, es profundamente injusto”, concluyó.