La investigación sobre la presunta secta liderada por Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, integrantes de la agrupación Movimiento Ciudadano La Capitana en La Plata, ha expuesto un entramado de abusos sexuales que se desarrolló durante años bajo el silencio de las instituciones. Lo más preocupante no es solo la gravedad de los hechos, sino que varias personas dentro del Senado bonaerense y del entorno político estaban al tanto de lo que ocurría, aunque la reacción estatal tardó más de una década.

La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, reconoció que conocía los rumores sobre los acusados desde antes de asumir su cargo en diciembre de 2019. Sin embargo, afirmó que se trataba de información no confirmada, y destacó la dificultad de intervenir cuando no existían causas judiciales activas. Entre 2014 y 2025, los acusados no solo acumularon denuncias sin avances, sino que continuaron ganando terreno dentro de la política local y participando de actos públicos, incluso coincidiendo con las víctimas a pesar de las restricciones judiciales.

Rumores, demora judicial y conocimiento institucional

Rodríguez y Silva Muñoz acumulaban denuncias desde 2014, y ninguna de ellas había avanzado significativamente hasta 2019. En ese período, una de las víctimas decidió abandonar la ciudad de La Plata y trasladarse a más de 300 kilómetros para protegerse. Según reconstrucciones periodísticas, Estela Díaz estaba al tanto de las acusaciones al asumir su cartera, aunque enfatizó que se trataba de “rumores” sin confirmación judicial.

El Ministerio de Mujeres y Diversidad intervino formalmente recién en octubre de 2024, tras recibir un pedido de auxilio de una empleada del Senado bonaerense. El Equipo Interdisciplinario de la Legislatura elaboró un informe y lo remitió a la Dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, dependiente de la ministra. En ese momento, la víctima aún no había realizado la denuncia penal, y desde el ministerio se le indicó que hacerlo era un paso necesario para recibir medidas de protección, como botones antipánico o acompañamiento.

Esta política, de priorizar la denuncia judicial antes de garantizar protección inmediata, fue criticada por organizaciones feministas. Una fuente cercana a las víctimas explicó: “Fue mandarlas a una vía muerta. Cuando intervenís, primero ayudas a que la denuncia se haga y garantizas la prevención”.

Cronología de la intervención y hechos relevantes:

• 2014-2019: Denuncias acumuladas sin avances judiciales.
• Diciembre 2019: Estela Díaz asume como ministra de Mujeres y Diversidad y conoce los rumores sobre los acusados.
• Octubre 2024: Primera intervención formal del ministerio tras el pedido de una empleada legislativa.
• Diciembre 2024: Orden de alejamiento por otra denunciante y apartamiento de los acusados del Senado.
• 2025: Nuevas denuncias, formalización de la causa, detención de Rodríguez y Silva Muñoz.

Durante este período, los acusados continuaron participando en actos públicos, coincidiendo incluso con las víctimas y violando restricciones judiciales.

La participación de Estela Díaz y la política local

En agosto de 2025, la ministra Estela Díaz inauguró su propia unidad básica en Ringuelet, llamada “Casa del Movimiento Derecho al Futuro”, base territorial del espacio político del gobernador Axel Kicillof en esa localidad platense. Fuentes del peronismo local indicaron que La Capitana fue invitada a participar de actividades vinculadas al nuevo armado político, aunque la ministra negó cualquier vínculo formal.

Registro de coincidencias públicas con los acusados:

• Participación en inauguración de la unidad básica de la ministra.
• Aparición en al menos cuatro actos entre 2020 y 2025 junto a la plana mayor del peronismo platense:
  • Vigilia del 2 de abril en Plaza Islas Malvinas.
  • Misa de despedida al Papa Francisco en la Catedral.
  • Movilización por la Noche de los Lápices.
  • Debate en el Teatro Argentino.

Según Díaz, los acusados buscaban visibilidad y trataban de sacarse fotos con los presentes, y en algunos casos fue necesario que la policía los retirara de los actos. Las redes sociales muestran al menos tres imágenes de Díaz con los imputados: una con Silva Muñoz en un acto feminista y dos con Rodríguez posando junto a otros dirigentes platenses.

La “falsa abogada” y el encubrimiento sistemático

Una pieza clave para que este entramado funcionara durante años fue Melina Gaudino, conocida como la “falsa abogada”. Su rol consistía en engañar a las víctimas haciéndoles creer que estaban siendo representadas legalmente mientras no se realizaban gestiones judiciales.

Claudio Yacoy, abogado vinculado a organizaciones de Derechos Humanos, explicó que Gaudino inventaba trámites y presentaciones inexistentes, manteniendo a las víctimas bajo su control. Incluso cuando Yacoy intentó confrontarla, Gaudino alegó enfermedad terminal, aunque días después fue vista participando activamente en actos públicos.

Periplo laboral y político de Gaudino:

• 2020-2023: Ministerio de Seguridad bonaerense, escalando de asesora a directora sin título legal.
• Fines de 2023: Cesantía confirmada tras descubrir que no era abogada.
• Febrero 2024: Directora General de Acceso a la Justicia en la Municipalidad de La Plata, vinculada a La Capitana.
• Marzo 2025: Responsable de la Unidad de Género de la UTN La Plata, nuevamente presentada como abogada.

Gaudino logró sostener su influencia mediante conexiones políticas y familiares: era hijastra del militante Luis Cañeque, tenía contacto con la Cámara de Casación bonaerense a través de su padre biológico Alejandro Gaudino y con la Fiscalía de Estado a través de su ex pareja Emanuel Desojo, ex presidente de la AJUS regional.

Violaciones, impunidad y conexión política

Rodríguez y Silva Muñoz fueron precandidatos y participaron activamente en política durante todo el período de denuncias. Silva Muñoz, por ejemplo, fue precandidata a concejala de La Plata en 2021 por la lista del Frente de Todos. Mientras tanto, la impunidad que garantizaba Gaudino permitió que las víctimas permanecieran desprotegidas y que los acusados compartieran actos públicos con dirigentes y militantes, incluso violando restricciones judiciales.

El secretario administrativo del Senado, Roberto Feletti, apartó a los acusados de sus cargos en diciembre de 2024, aunque siguieron cobrando sus sueldos hasta el momento de su detención meses después. La fiscal Betina Lacki solicitó unificar todas las causas que involucran a Rodríguez y Silva Muñoz, bajo la competencia de los jueces de garantías Juan Pablo Masi y Pablo Nicolás Raelle, para asegurar un proceso judicial coherente y eficaz.

Hechos críticos y evidencia pública:

• Coincidencia con víctimas en actos públicos pese a restricciones.
• Uso de redes sociales para visibilizar su presencia en eventos políticos.
• Manipulación de víctimas mediante la “falsa abogada”.
• Lenta reacción del Estado provincial ante denuncias acumuladas durante más de una década.

Reflexión final: negligencia institucional y necesidad de protección

El caso La Capitana evidencia no solo delitos sexuales graves, sino un patrón de negligencia institucional que permitió la reproducción de la violencia durante años. La combinación de abuso, encubrimiento y fallas de control político y judicial generó un entorno de impunidad que afectó directamente a las víctimas y debilitó la confianza en las instituciones.

La ministra Estela Díaz enfrenta el desafío de equilibrar su rol político con la necesidad de transparencia y responsabilidad institucional. La unificación de causas, la investigación sobre el rol de Gaudino y la revisión de protocolos de intervención son pasos fundamentales para garantizar protección a las víctimas y que la política no permanezca desconectada de la justicia.

Este caso plantea un dilema central para la política bonaerense: cómo actuar con rapidez y eficacia ante denuncias de abuso sexual, incluso cuando los sospechosos ocupan espacios de poder, y cómo asegurar que la prevención y la protección de víctimas sean prioridad absoluta, evitando que los rumores y la impunidad amplifiquen el daño social.