El Gobierno Nacional encara el inicio de las sesiones extraordinarias con un alto grado de optimismo respecto a la sanción de los proyectos enviados al Congreso. Según fuentes cercanas a la Casa Rosada, el Ejecutivo espera que el temario completo, considerado “amigable” para la sociedad y los aliados legislativos, obtenga luz verde durante febrero, cuando se debatirán temas clave como la Reforma Laboral, la Ley de Presupuesto 2026 y el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

A pesar de algunas resistencias puntuales, especialmente del sindicalismo y de ciertos gobernadores, el oficialismo confía en el acompañamiento de sus aliados y en la lógica de consenso que caracterizó la preparación de los proyectos. En Balcarce 50 aseguran que “no hay motivos reales para bloquear estos temas”, y subrayan que la aprobación de estas iniciativas está alineada con demandas sociales y objetivos económicos estratégicos.

El plan del Ejecutivo no se limita a garantizar la sanción de la Reforma Laboral, que ha generado debates internos, sino también a asegurar que otros proyectos, como la modificación de la ley de glaciares y la designación de Fernando Iglesias como embajador, sean tratados y aprobados sin modificaciones significativas.

Temario y acuerdos legislativos: un calendario con certezas

El Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial, oficializó los principales ejes del debate legislativo para febrero. Entre ellos se destacan la Ley de Modernización Laboral, el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, la modificación de los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y la posible designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario.

Desde el Congreso, los funcionarios oficialistas consideran que la mayoría de los temas no presenta obstáculos insalvables. “Son cuestiones que impactan positivamente en la economía, en los costos de producción y en la gestión provincial. No se entiende la oposición a estos acuerdos”, explicó un legislador a este medio, haciendo referencia a los tratados comerciales y a las reformas laborales.

En relación a la Ley de Glaciares, el Ejecutivo decidió no introducir cambios, alineándose con las demandas de los gobernadores que buscaban eliminar restricciones a la explotación de recursos naturales bajo jurisdicción provincial. Por su parte, el acuerdo Mercosur-UE, trabajado durante varios gobiernos, se percibe como un proyecto con amplio respaldo, por lo que se espera su sanción rápida.

En el tablero legislativo, la Reforma Laboral es el proyecto que concentra más debate. Sin embargo, desde el oficialismo se mantiene la convicción de que la iniciativa contará con los apoyos necesarios. Según cifras compartidas por fuentes internas, el bloque en Diputados ya asegura 117 votos favorables, con margen para incorporar a los indecisos.

Negociaciones fiscales y resistencia provincial

Las discusiones en torno a la Reforma Laboral también incluyen el impacto sobre las provincias, principalmente en relación con modificaciones al Impuesto a las Ganancias. Los mandatarios provinciales expresan preocupación por la afectación a la coparticipación, aunque desde el Gobierno aseguran que los cambios no entrarán en vigencia hasta 2027.

Un funcionario explicó que “en todo 2026, las provincias gozarán de los beneficios de la modernización laboral, por lo que los temores sobre impactos inmediatos no tienen sustento”. Este enfoque busca equilibrar la percepción de los gobernadores con la estrategia de avanzar en la agenda económica del Ejecutivo. De manera similar, el ministro del Interior proyecta que la formalización de cada 400.000 trabajadores generará una recuperación neta de ingresos, compensando cualquier pérdida fiscal mínima estimada en 0,15% del total provincial.

Además, desde Balcarce 50 admiten que pueden existir conversaciones puntuales con gobernadores para atender algunas inquietudes, siempre que se mantenga el respaldo a los proyectos prioritarios. La combinación de presión política, negociación estratégica y proyección de beneficios económicos se presenta como el principal instrumento del oficialismo para asegurar la sanción del temario completo.

Estrategia política y objetivos del Ejecutivo

El Gobierno concentra sus esfuerzos en garantizar la aprobación de la Reforma Laboral, considerado el proyecto central de la agenda legislativa del presidente Javier Milei. Para lograrlo, decidió posponer el debate sobre la Reforma del Código Penal, programando su tratamiento después de marzo, con el fin de no dispersar recursos ni tensiones políticas.

En este marco, la coordinación de la estrategia legislativa recae sobre un núcleo reducido de funcionarios y referentes políticos: la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador político Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt. Todos ellos trabajan en la articulación de acuerdos que aseguren el acompañamiento de aliados, la minimización de resistencias y la consolidación de una narrativa positiva alrededor de los proyectos.

La estrategia incluye además la comunicación hacia la ciudadanía sobre los beneficios de los cambios legislativos. Según los voceros oficiales, la Reforma Laboral no solo incrementará la creación de empleo formal, sino que también generará mayores ingresos fiscales y reducirá costos para empresas y consumidores. En este contexto, los aliados del Ejecutivo sostienen que “no hay gobernador que pueda oponerse a la reforma, porque impactará directamente en la generación de recursos propios y en la formalización del empleo”.

El calendario legislativo de febrero, que se extiende desde el 2 hasta el 27 del mes, se convierte en el escenario clave para consolidar la agenda política y económica del Gobierno. La expectativa oficial es que, tras asegurar la aprobación de la Reforma Laboral y otros proyectos estratégicos, se abrirá un período más estable de gestión legislativa, con menor conflicto y mayores avances en otros temas de interés nacional.

Con esta planificación, el Ejecutivo busca garantizar que todas las iniciativas del temario extraordinario sean sancionadas, minimizando las tensiones con sectores opositores y asegurando la percepción de eficacia ante la ciudadanía. La combinación de negociaciones políticas, acuerdos estratégicos y comunicación pública pretende que febrero se transforme en un mes decisivo para la consolidación de la agenda legislativa y económica del presidente Milei.