Meta descripción sugerida: El Gobierno de Javier Milei negocia con gobernadores el impacto de la reducción del impuesto a las Ganancias en la coparticipación para asegurar la aprobación de la reforma laboral en 2026. Detalles de los acuerdos y compensaciones analizadas.

Tras un breve receso político, el Gobierno de Javier Milei intensifica las negociaciones con los gobernadores para garantizar los votos necesarios para aprobar la reforma laboral en el Congreso. La discusión se centra en el efecto de la modificación del impuesto a las Ganancias de sociedades sobre la coparticipación provincial y la búsqueda de mecanismos de compensación que eviten afectaciones significativas en los presupuestos de las provincias. Diego Santilli, ministro del Interior, inició esta ronda de encuentros con mandatarios provinciales clave, incluyendo Mendoza y San Juan, para recabar demandas, plantear contrapartidas y asegurar un consenso que permita la sanción de la ley.

El ministro viajó primero a Mendoza, donde se reunió con Alfredo Cornejo, y posteriormente se dirigirá a San Juan para dialogar con Marcelo Orrego. Ambos apoyan la reforma laboral en términos generales, pero plantean reservas respecto a ciertos artículos y solicitan medidas que mitiguen el impacto fiscal. La propuesta oficial prevé reducir la alícuota del impuesto a las Ganancias de sociedades: del 30% al 27% para el tramo medio y del 35% al 31,5% para el tramo superior. Esta baja genera menor recaudación, afectando directamente los fondos coparticipables que se distribuyen entre provincias y Ciudad de Buenos Aires.

Diversos gobernadores advierten que el beneficio fiscal se concentra en un número limitado de grandes empresas y representa solo un 0,3% del Producto Interno Bruto. Por ello, varias provincias solicitan que la Nación asuma temporalmente el impacto o posponga la medida, por ejemplo durante 2026, trasladando los efectos presupuestarios a 2027 o 2028. La Casa Rosada evalúa estas alternativas, consciente de que la negociación fiscal será determinante para obtener los votos en ambas cámaras.

Impacto fiscal de la reforma laboral y la negociación provincial

El principal desafío de la negociación radica en equilibrar la reforma laboral con la estabilidad fiscal de las provincias. La coparticipación constituye una fuente crítica de ingresos, y cualquier reducción de Ganancias incide directamente en la capacidad de financiamiento de servicios esenciales y obras públicas. Cornejo y Orrego destacan que la reforma laboral debe impulsar empleo y previsibilidad, pero subrayan que los beneficios impositivos deben ser compatibles con la capacidad provincial de sostener políticas públicas.

Santilli afirmó que “no creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en Argentina”, reconociendo la importancia del proyecto. No obstante, la dimensión fiscal obliga a la Casa Rosada a considerar alivios temporales. La Mesa Política, que se reunirá en Casa Rosada, evaluará las alternativas antes de trasladarlas al Ministerio de Economía y al presidente Milei. Participarán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la senadora Patricia Bullrich; Santiago Caputo; los legisladores Martín Menem y Eduardo ‘Lule’ Menem; Santilli; Ignacio Devitt y el ministro de Economía Luis Caputo, cuyo papel será central en determinar la viabilidad financiera de cualquier compensación.

Los datos recientes muestran que los recursos de coparticipación cayeron 0,2% en el tercer trimestre de 2025, totalizando 36 billones de pesos. Esto aumenta la sensibilidad provincial frente a cualquier medida tributaria. Aunque la Nación estudia alivios temporales, el oficialismo subraya que el déficit cero sigue siendo un pilar irrenunciable de su programa económico, y que cualquier ajuste adicional debe respetar el superávit alcanzado. Desde esta perspectiva, ahora corresponde que las provincias se adapten, aunque varias consideran que aún existen márgenes de eficiencia en su gestión interna.

Estrategia política y prioridades provinciales

El avance de la reforma laboral dependerá del consenso con los gobernadores. A pesar de haber ampliado su representación en el Congreso, La Libertad Avanza sigue necesitando apoyo externo de bloques provinciales, monobloques o legisladores que integran espacios más grandes, como UCR, Provincias Unidas o secciones de Unión por la Patria. Estos votos dependen de negociaciones individuales con la Nación, no de alineamientos automáticos. Por ello, asegurar la cooperación provincial es clave para que la ley prospere.

En paralelo, los gobernadores plantean demandas adicionales de infraestructura y desarrollo regional. Cornejo solicitó la reanudación de tramos de la Ruta 40 que conectan Mendoza con San Juan y Neuquén, así como el mantenimiento de la Ruta Internacional 7, corredor estratégico hacia Chile. Orrego, por su parte, insistirá en la pronta sanción de la Ley de Glaciares, fundamental para provincias donde la minería es relevante. Estas demandas reflejan la necesidad de equilibrar la agenda nacional con las prioridades locales y asegurar que las provincias no vean comprometidos sus recursos.

El debate sobre Ganancias también evidencia cómo el Gobierno enfrenta la tensión entre reducir impuestos y negociar con actores provinciales estratégicos. La propuesta de alivio temporal refleja un reconocimiento de que la reforma laboral no puede avanzar sin acuerdos que integren la visión nacional y las realidades provinciales. Esto subraya la relevancia política de los gobernadores, incluso frente a la mayoría oficialista ampliada, y marca un punto crítico para la aprobación de leyes que impacten en la economía y el empleo.

A medida que continúen las reuniones de Santilli con los gobernadores, se definirá si la reforma laboral puede avanzar con consenso suficiente o si será necesario ajustar la propuesta. El resultado tendrá implicancias directas sobre la percepción de estabilidad económica, la capacidad de inversión provincial y la credibilidad política del Gobierno. La atención está puesta en fórmulas de compensación, prioridades de infraestructura y medidas fiscales que puedan equilibrar intereses nacionales y provinciales.