El concejal de La Libertad Avanza de La Plata, Juan Pablo Allan, quedó nuevamente en el centro de la escena luego del control de alcoholemia que se le realizó en Pinamar. El dirigente dio positivo durante un operativo vial y el episodio derivó en una sanción económica, una restricción para conducir y una fuerte polémica con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Según la información difundida sobre el expediente, Allan deberá afrontar una multa de 438 unidades fijas, equivalente a unos $999.078, y permanecerá sin poder conducir hasta Navidad. El caso se originó luego de que un control detectara presencia de alcohol en sangre mientras se encontraba al volante de un Toyota Yaris.

Sin embargo, la situación no terminó con la infracción. La Provincia difundió imágenes del procedimiento y aseguró que Allan y su esposa se retiraron del lugar antes de que concluyeran las actuaciones. El concejal rechaza esa interpretación y niega enfáticamente haberse fugado del operativo.

La controversia suma así dos cuestiones diferentes: por un lado, la infracción derivada del control de alcoholemia y sus consecuencias administrativas; por otro, el enfrentamiento que podría abrirse entre Allan y el Ministerio de Transporte bonaerense por la difusión del video y la descripción de lo ocurrido.

Qué pasó con Juan Pablo Allan durante el control de alcoholemia

El procedimiento tuvo lugar en Pinamar durante un operativo de prevención y fiscalización vial realizado por agentes del Ministerio de Transporte bonaerense. Allan circulaba en un Toyota Yaris cuando fue detenido en un control.

El Ministerio informó oficialmente que el test de alcoholemia registró 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre, un resultado que constituye una infracción debido al régimen de Alcohol Cero vigente en la provincia de Buenos Aires.

El propio Allan había dado otra cifra al explicar públicamente lo sucedido. En declaraciones posteriores sostuvo que el resultado que le habían comunicado era de 0,25 g/l y reconoció que había tomado una copa de vino. También explicó que decidió conducir porque su esposa se encontraba descompuesta y, según su versión, no estaba en condiciones de manejar.

La diferencia entre ambos valores fue reflejada por distintos medios. En cualquier caso, tanto 0,25 como 0,27 g/l implican un resultado positivo bajo la legislación bonaerense, que establece tolerancia cero para quienes conducen.

Durante el procedimiento también fue sometida al test la esposa de Allan, Mariana Avico, quien obtuvo un resultado negativo. De acuerdo con la versión oficial del Ministerio, ella podía hacerse cargo del vehículo una vez constatado que no había consumido alcohol.

El organismo provincial sostiene que, mientras los agentes continuaban con las actuaciones administrativas, Allan y su esposa abandonaron el lugar sin autorización. Esa afirmación fue acompañada por un video registrado durante el operativo y difundido posteriormente por el propio Ministerio.

La Provincia calificó públicamente el episodio como una fuga del control. Esa descripción es precisamente uno de los puntos que el concejal platense cuestiona.

El caso adquirió además una dimensión política porque Allan fue senador bonaerense y, durante su paso por la Cámara Alta, votó a favor de la Ley de Alcohol Cero sancionada en 2022. Actualmente ocupa una banca como concejal de La Libertad Avanza en La Plata y también se desempeña como director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR).

La multa de casi un millón de pesos y la prohibición para conducir

La aplicación del régimen de Alcohol Cero implica consecuencias administrativas para los conductores que son detectados con presencia de alcohol en sangre. En el caso de Allan, el expediente derivó en una multa y en una medida de inhabilitación para conducir.

La información sobre la sanción señala que deberá pagar 438 unidades fijas, cuyo valor informado alcanza aproximadamente los $999.078. Además, se estableció que no podrá volver a conducir hasta Navidad.

Este punto debe diferenciarse de la primera medida adoptada por las autoridades. Luego del operativo, el Ministerio de Transporte había dispuesto una inhabilitación preventiva, mientras las actuaciones quedaban a disposición de la jueza interviniente. La Provincia informó inicialmente que la sanción definitiva podía establecer una inhabilitación de entre tres y seis meses.

Otros reportes periodísticos señalaron posteriormente una suspensión de 90 días.

Por eso, la situación administrativa debe analizarse de acuerdo con la resolución efectivamente dictada en el expediente y no únicamente a partir de la comunicación inicial del operativo.

La normativa bonaerense no establece excepciones en función de la cantidad de alcohol consumida: el régimen de Alcohol Cero prohíbe conducir con presencia de alcohol en sangre. El sistema fue implementado con el objetivo de reducir los riesgos asociados a la conducción después del consumo de bebidas alcohólicas.

El caso de Allan volvió a poner ese régimen en discusión pública porque el dirigente reconoció haber consumido una copa antes de ponerse al volante.

La cuestión también generó repercusión por su condición de funcionario y dirigente político. Allan no solo integra el Concejo Deliberante de La Plata, sino que ocupa además un cargo en el ámbito nacional.

Sin embargo, desde el punto de vista administrativo, el elemento central del expediente es el resultado del control y las circunstancias registradas durante el procedimiento.

La Provincia sostuvo que el dirigente no presentó una licencia de conducir física durante el operativo. Según la explicación oficial, esto impidió que los agentes pudieran retener el documento en ese momento. En el caso de su esposa, el Ministerio indicó que la licencia física permanecía en poder de los agentes cuando el vehículo abandonó el lugar.

El episodio quedó registrado por las cámaras corporales utilizadas por los agentes y esas imágenes fueron posteriormente difundidas por la cartera bonaerense.

Allan niega haberse fugado y analiza acciones contra el Ministerio

La difusión del video abrió una segunda controversia alrededor del episodio.

El Ministerio de Transporte publicó las imágenes del procedimiento y sostuvo que Allan y su esposa se retiraron antes de que terminaran las actuaciones. La propia cartera provincial utilizó la expresión “se dieron a la fuga” para describir el comportamiento de ambos.

Allan rechaza esa versión.

El concejal platense reconoce la infracción derivada del resultado positivo del control, pero niega que haya protagonizado una fuga. En ese sentido, cuestiona especialmente la manera en que el Ministerio presentó públicamente el episodio y la utilización de las imágenes en redes sociales.

El dirigente evalúa avanzar con acciones contra el Ministerio de Transporte bonaerense por la difusión del material y por la referencia a una supuesta fuga del lugar del operativo.

De concretarse una presentación, uno de los puntos centrales será establecer si la publicación oficial se ajustó a las circunstancias registradas durante el procedimiento y si la descripción realizada por el organismo provincial corresponde con lo ocurrido.

Por ahora, existen dos versiones sobre ese tramo del episodio. La Provincia afirma que Allan y su esposa abandonaron el operativo sin autorización mientras todavía se completaban las actuaciones. El concejal, en cambio, niega haberse fugado y cuestiona la caracterización realizada por el organismo.

La diferencia entre ambas posiciones resulta relevante porque el resultado positivo del test constituye un hecho distinto de la discusión sobre la manera en que terminó el operativo.

El caso también volvió a generar repercusión en La Plata debido al rol político de Allan y a su actividad como funcionario nacional. La difusión del procedimiento convirtió una infracción de tránsito en un episodio con impacto político y comunicacional.

Mientras tanto, la sanción económica y la restricción para conducir forman parte de las consecuencias administrativas del expediente. La eventual disputa con el Ministerio de Transporte, en cambio, constituye un capítulo diferente que podría continuar en los próximos días si Allan finalmente decide avanzar con una presentación.

La polémica queda así planteada alrededor de tres elementos: el resultado positivo de alcoholemia, la sanción aplicada y la discusión sobre el supuesto abandono del operativo.

Para Allan, el episodio comenzó como un control de tránsito y terminó convirtiéndose en una controversia pública que ahora podría trasladarse al terreno judicial o administrativo. Para la Provincia, en tanto, el caso forma parte de los controles de Alcohol Cero que se realizan en territorio bonaerense y que, según la versión oficial, deben aplicarse sin distinción respecto de quién se encuentra al volante.

La evolución del expediente determinará finalmente cuáles son las sanciones que deberá cumplir el concejal y si prosperan las acciones que analiza contra el Ministerio de Transporte por la difusión del video y la versión oficial sobre lo ocurrido en Pinamar.