El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió el papel del Estado en la educación pública y cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno nacional durante un acto realizado en La Plata. El mandatario bonaerense encabezó un encuentro con más de 800 representantes de la comunidad educativa, autoridades, especialistas y dirigentes gremiales, en el marco de los 150 años de la aplicación de la Ley N°988 de Educación Común.

La actividad tuvo lugar en el Teatro Argentino de La Plata y contó con la participación de la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, y del intendente platense, Julio Alak. El encuentro tuvo como eje la conmemoración de una norma que marcó uno de los primeros pasos en la organización de la educación pública de la provincia de Buenos Aires y que antecedió a la Ley Nacional N°1420.

Durante su exposición, Kicillof convirtió la fecha histórica en una oportunidad para plantear una discusión sobre el presente del sistema educativo argentino. El gobernador sostuvo que la educación pública atraviesa un momento de fuerte tensión y cuestionó al Gobierno de Javier Milei por lo que considera un retroceso en las responsabilidades que históricamente asumió el Estado nacional.

El mandatario provincial recordó que la consolidación de la educación pública bonaerense estuvo vinculada desde sus comienzos con una participación activa del Estado. Según explicó, durante décadas la Nación tuvo responsabilidades vinculadas con la construcción y mantenimiento de escuelas, el equipamiento de los establecimientos y el financiamiento de distintas políticas educativas.

Para Kicillof, el escenario actual supone un cambio de esa concepción. El gobernador cuestionó que el Gobierno nacional presente su política como una expresión del federalismo y sostuvo que existe una retirada de responsabilidades que, a su entender, forman parte de los compromisos históricos asumidos por el Estado argentino.

En ese contexto, apuntó contra el concepto de “libertad educativa” que promueve la administración de Milei. Kicillof consideró que detrás de esa definición existe un modelo que puede profundizar las diferencias entre las familias y condicionar el acceso a la educación según los recursos económicos disponibles.

“No vamos a mejorar la educación con recetas importadas”, sostuvo el gobernador, al tiempo que planteó que cualquier transformación del sistema debe realizarse con la participación de quienes forman parte de las escuelas.

Su planteo incluyó a docentes, estudiantes, trabajadores, familias y al conjunto de la comunidad educativa. Para el mandatario bonaerense, la discusión sobre el futuro de la educación pública no puede reducirse a una disputa presupuestaria ni a una confrontación política entre gobiernos, sino que debe contemplar también las necesidades concretas de las escuelas.

La actividad en el Teatro Argentino reunió a representantes de distintas jurisdicciones del país y buscó darle una dimensión federal a la discusión. Entre los participantes estuvieron autoridades educativas de La Pampa, Misiones y Córdoba, además de funcionarios bonaerenses, representantes gremiales y referentes con trayectoria en el ámbito educativo.

La presencia de distintos actores permitió vincular el aniversario de la Ley N°988 con algunos de los principales desafíos actuales del sistema educativo: el financiamiento, la infraestructura escolar, el acceso a la enseñanza, las condiciones de trabajo y la necesidad de sostener la escolarización en todo el territorio.

Qué estableció la Ley 988 y por qué es importante para la educación bonaerense

La Ley N°988 de Educación Común fue promulgada en septiembre de 1875 y comenzó a aplicarse al año siguiente. Su sanción se produjo casi una década antes de la Ley Nacional N°1420, una de las normas más importantes de la historia educativa argentina.

La legislación bonaerense estableció principios vinculados con la educación primaria y avanzó en la organización de un sistema que buscaba ampliar el acceso a la enseñanza. Entre otras cuestiones, determinó responsabilidades para los padres respecto de la educación básica de sus hijos, definió organismos de administración y organización y estableció funciones para directivos y docentes.

También contempló la creación de bibliotecas populares, incorporando una concepción más amplia del acceso al conocimiento y de la relación entre las instituciones educativas y las comunidades.

El aniversario de la norma fue presentado por las autoridades bonaerenses como una oportunidad para recuperar ese proceso histórico y analizar cómo evolucionó la educación pública durante los últimos 150 años.

Flavia Terigi destacó la relevancia de este tipo de legislación para la expansión de la escolarización en la Argentina. La directora general de Cultura y Educación sostuvo que las primeras leyes educativas contribuyeron a consolidar una alternativa estatal y favorecieron un crecimiento significativo de la matrícula.

La funcionaria defendió además la necesidad de preservar el papel de las escuelas y del Estado como garantes del acceso a la educación. En su intervención, planteó que las discusiones actuales sobre el funcionamiento del sistema no deberían llevar a cuestionar la necesidad de contar con instituciones educativas capaces de recibir y acompañar a todos los estudiantes.

El debate adquiere una importancia particular en la provincia de Buenos Aires, donde el sistema educativo tiene una dimensión territorial considerable y alcanza a millones de estudiantes. La infraestructura, el transporte, los recursos pedagógicos, las condiciones laborales y el financiamiento forman parte de una agenda que impacta directamente sobre el funcionamiento cotidiano de las escuelas.

Por eso, la conmemoración de la Ley N°988 no quedó limitada a una mirada sobre el pasado. El encuentro buscó utilizar aquella experiencia como referencia para discutir qué tipo de educación pública se necesita en el presente.

Uno de los puntos centrales de la exposición de Kicillof fue precisamente la necesidad de evitar una mirada idealizada sobre el sistema. El gobernador sostuvo que defender la escuela pública no implica afirmar que no existen problemas.

Por el contrario, planteó que existen cuestiones que deben ser modificadas y mejoradas, pero rechazó que la solución consista en trasladar modelos desarrollados en otros contextos sin considerar las características sociales, económicas y culturales de la Argentina.

En esa línea, afirmó que los cambios deben surgir de un proceso que involucre a los propios protagonistas del sistema educativo. Docentes, estudiantes, trabajadores y familias fueron mencionados como actores indispensables para pensar las transformaciones que necesita la escuela.

La posición del gobernador marca una diferencia con la orientación que el Gobierno nacional busca imprimirle a la política educativa. Mientras la administración de Milei plantea modificaciones en el papel del Estado y en la relación entre las familias, las instituciones y el sistema educativo, la Provincia sostiene que la educación debe continuar siendo una responsabilidad central de las políticas públicas.

Infraestructura, escuelas de La Plata y la disputa por el futuro educativo

La discusión sobre la educación pública también tuvo un componente directamente vinculado con La Plata. Durante el encuentro, el intendente Julio Alak destacó las obras realizadas en establecimientos educativos de la capital bonaerense y sostuvo que el mantenimiento de los edificios escolares forma parte de las políticas necesarias para garantizar el derecho a estudiar.

Alak afirmó que se realizaron intervenciones en alrededor del 70% de los edificios escolares de la ciudad. El intendente presentó esas obras como parte de una política destinada a mejorar las condiciones en las que estudiantes, docentes y trabajadores desarrollan diariamente sus actividades.

La infraestructura constituye uno de los aspectos más visibles de la política educativa. Un establecimiento en buenas condiciones no resuelve por sí solo los desafíos pedagógicos, pero constituye una condición básica para que las clases puedan desarrollarse adecuadamente.

En La Plata, además, la cuestión tiene una dimensión particular debido a la cantidad de instituciones educativas distribuidas en distintos barrios de la ciudad. Las necesidades de mantenimiento, ampliación y reparación forman parte de una agenda que requiere coordinación entre los diferentes niveles del Estado.

Durante la jornada también estuvieron presentes autoridades vinculadas con infraestructura escolar, planeamiento y administración de recursos humanos de la Provincia, además de dirigentes y referentes educativos.

Entre los participantes se encontraban la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; y funcionarios responsables de distintas áreas del sistema educativo bonaerense.

También asistieron el senador provincial Pedro Borgini, el director general y artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer, y los dirigentes Alberto Sileoni y Mario Oporto, además de representantes gremiales y funcionarios municipales.

La participación de autoridades de otras provincias permitió ampliar el debate más allá de Buenos Aires. La ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger; el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Ramiro Aranda; y el secretario de Educación de Córdoba, Luis Franchi, formaron parte de la actividad.

El encuentro dejó así una discusión que combina historia, política pública y actualidad. La Ley N°988 representa uno de los antecedentes de la construcción de la educación pública bonaerense, mientras que las diferencias entre el Gobierno nacional y la administración provincial muestran que el papel del Estado en la educación continúa siendo un tema de fuerte disputa política.

Kicillof aprovechó el aniversario para remarcar que, desde su perspectiva, la escuela pública atraviesa un momento de especial presión. El gobernador llamó a defenderla como una institución fundamental para la integración de las comunidades y para garantizar oportunidades educativas independientemente del lugar de residencia o de la situación económica de cada familia.

Sin embargo, también insistió en que defender el sistema no significa negar sus dificultades. La propuesta planteada durante el encuentro consiste en avanzar sobre los problemas existentes mediante una transformación construida con participación de los integrantes de la comunidad educativa.

La definición busca instalar una diferencia frente a las políticas que el oficialismo nacional impulsa bajo el concepto de libertad educativa. Para Kicillof, la discusión de fondo pasa por determinar si la educación debe ser entendida principalmente como un servicio sujeto a las posibilidades de cada familia o como un derecho que requiere una responsabilidad activa del Estado.

A 150 años de la aplicación de la Ley N°988, esa discusión vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política argentina. La norma sancionada en el siglo XIX contribuyó a sentar las bases de un sistema educativo que luego se expandió y alcanzó progresivamente a sectores cada vez más amplios de la población.

En el presente, el debate adquiere nuevas dimensiones. El financiamiento educativo, la infraestructura escolar, el rol de los docentes, la participación de las familias y las políticas nacionales y provinciales forman parte de una discusión que seguirá atravesando a la educación argentina.

Desde La Plata, Kicillof buscó dejar una posición definida: la educación pública debe ser defendida, pero también transformada. Y esa transformación, según planteó, no debería construirse a partir de modelos ajenos a la realidad argentina, sino con la participación de docentes, estudiantes, trabajadores y comunidades educativas.

La conmemoración de la Ley N°988 terminó funcionando así como algo más que un homenaje histórico. Se convirtió en una señal política en medio de una discusión nacional sobre el futuro de las escuelas, el financiamiento de la educación y las responsabilidades que deben asumir los distintos niveles del Estado.

Para la Provincia de Buenos Aires, el desafío consiste ahora en trasladar esa defensa de la educación pública a políticas concretas que permitan mejorar las condiciones de enseñanza, fortalecer la infraestructura y garantizar el acceso a la escuela. En esa disputa, La Plata volvió a convertirse en el escenario elegido para poner en primer plano uno de los debates más importantes de la Argentina actual.