El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzará con una medida que impacta de lleno en el sistema financiero: impondrá una alícuota del 9% de Ingresos Brutos a los bancos que realicen operaciones con bonos y otros instrumentos emitidos por el Estado nacional. La decisión se enmarca en la modificación del Código Fiscal bonaerense enviada por Axel Kicillof a la Legislatura, donde además se sostiene la exención impositiva para los títulos emitidos por la propia provincia, los municipios y otras jurisdicciones subnacionales.
La iniciativa busca eliminar la exención que alcanzaba a los títulos públicos de origen nacional —prevista en el artículo 207, inciso c, del Código Fiscal— y que ponía en igualdad a las emisiones de Nación, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios. Esa norma contemplaba que cualquier operación con bonos, letras u obligaciones emitidas por estos niveles de gobierno quedara sin la obligación de pagar Ingresos Brutos, al igual que las rentas derivadas de esos instrumentos.
El proyecto incorpora un cambio clave: especifica que las entidades financieras no estarán comprendidas dentro de esa exención cuando operen con instrumentos emitidos por la Nación o con sus rentas asociadas. En la redacción final, la provincia excluye explícitamente a los bancos de los beneficios tributarios para movimientos vinculados a la deuda nacional, pero mantiene intacta la exención para las emisiones provinciales o municipales. Al mismo tiempo, no se incluyen las operaciones referidas a títulos de CABA o de otras jurisdicciones, lo que genera una diferencia de trato en materia tributaria.
La reimplantación del impuesto para bonos soberanos se da mientras Kicillof negocia con la Legislatura la aprobación de la Ley Impositiva 2026, el Presupuesto del próximo año y una autorización para endeudarse por hasta USD 3.000 millones. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados ya dio dictamen favorable y el oficialismo aspira a tratar los proyectos en ambas cámaras en una única jornada. Para la suba impositiva alcanza con mayoría simple; en cambio, el endeudamiento requiere dos tercios de los presentes.
En el sector financiero observan con atención el impacto de la medida. Estiman que la carga adicional podría elevar entre un 30% y un 40% el total que los bancos tributan a la provincia por Ingresos Brutos, un número significativo si se considera que Buenos Aires concentra cerca de un tercio de la facturación gravada de las principales entidades del país. Las entidades vienen reclamando desde hace años por la presión fiscal sobre su actividad, argumentando que cada incremento se traslada a los costos operativos y termina afectando el acceso al crédito para familias y empresas.
La alícuota del 9% es una de las más elevadas del país para servicios financieros, un nivel que Buenos Aires comparte con provincias como Tucumán, Neuquén, Entre Ríos, Río Negro, La Pampa, Chubut, Catamarca y La Rioja. Desde la oposición también surgieron cuestionamientos. El presidente del bloque del PRO en la Legislatura bonaerense, Matías Ranzini, advirtió en redes que la medida “encarece el financiamiento del sector privado” y acusó al oficialismo de buscar una mayor recaudación “a cualquier costo”.
El debate sobre Ingresos Brutos viene generando tensiones más allá del sector bancario. Diversas cámaras empresarias ya habían manifestado su preocupación por la falta de actualización de la base no imponible durante los últimos dos años, situación que obligó a muchas pymes a tributar el impuesto pese a no haber mejorado su facturación real. ADIBA, CEPBA, FEBA y UIPBA reclamaron llevar esa base a alrededor de $4.600 millones para compensar la inflación acumulada y evitar que más pequeñas empresas queden atrapadas por la carga impositiva.
Además, las entidades industriales insisten en revisar algunas alícuotas específicas que hoy afectan a sectores cuya competitividad depende de márgenes muy ajustados. Señalan particularmente los casos del papel y cartón, y de la industria cervecera, que pagan por encima del promedio manufacturero. El cartón, insumo transversal a múltiples cadenas productivas —desde alimentos y bebidas hasta la industria química, textil, farmacéutica y autopartista— tributa un 3%, el doble de lo que abonan la mayoría de los rubros industriales. Para los empresarios, esto impacta directamente en la estructura de costos y perjudica al conjunto del entramado productivo bonaerense.
La discusión legislativa será determinante para conocer si la provincia avanza con un esquema impositivo más rígido sobre los instrumentos del Tesoro nacional o si la presión de los sectores productivos y financieros logra moderar la propuesta. Mientras tanto, el gobierno de Kicillof apuesta a reforzar la recaudación provincial en un contexto económico donde las necesidades fiscales compiten con las demandas del sistema productivo y del crédito.





