El tribunal del Segundo Circuito de Nueva York concedió una suspensión temporal que frena el traspaso del 51 % de YPF. El Gobierno nacional busca evitar lo que considera un “daño irreparable” a la soberanía del país.

La batalla legal por la expropiación de YPF volvió a tomar centralidad esta semana tras la decisión de la Justicia de los Estados Unidos de suspender temporalmente la entrega del 51 % de las acciones de la petrolera estatal. La medida, dispuesta por la jueza Loretta Preska, pospone el cumplimiento de la sentencia dictada en septiembre de 2023, que ordenaba al Estado argentino indemnizar a los fondos Petersen Energía y Eton Park con más de 16.000 millones de dólares.

El fallo había determinado que Argentina violó el estatuto de YPF al nacionalizar la compañía en 2012 sin realizar una oferta pública a los accionistas minoritarios. Tras un extenso proceso judicial impulsado por Burford Capital, fondo que adquirió los derechos litigiosos, la jueza Preska ordenó en junio de este año la entrega del paquete accionario en un plazo de 14 días. Sin embargo, la decisión fue apelada y ahora la Corte del Segundo Circuito deberá definir si la suspensión se mantiene o si se avanza con el traspaso de las acciones.

Una decisión clave para el Gobierno

Desde el entorno del presidente Javier Milei celebraron la medida cautelar como una victoria táctica. “Evitar la entrega inmediata de las acciones es clave para proteger la soberanía y la estabilidad económica”, señalaron fuentes oficiales. La apelación, presentada por el equipo legal argentino, sostiene que ejecutar el fallo mientras se resuelve la instancia superior implicaría un “daño irreparable”, al comprometer un activo estratégico del país.

La administración libertaria considera que la entrega del 51 % de las acciones —hoy en manos del Estado Nacional a través de la participación en YPF— afectaría severamente la gobernabilidad de la empresa y generaría un precedente riesgoso en términos de inmunidad soberana. “Es como si un tribunal extranjero ordenara la entrega del oro de Fort Knox”, fue una de las analogías utilizadas por el equipo legal argentino.

Próximas definiciones

El tribunal de apelaciones fijó un cronograma estricto: hasta el 17 de julio, los demandantes podrán presentar su oposición a la suspensión, y Argentina tendrá plazo hasta el 22 de julio para responder. Luego, será un panel de tres jueces del Segundo Circuito quien determine si se mantiene la medida cautelar hasta que se resuelva la apelación de fondo.

El Gobierno argentino ya anticipó que, en caso de un revés, apelará a la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo que podría extender el conflicto durante meses e incluso años.

Contexto político y económico

El fallo original de Preska representó uno de los mayores reveses financieros en la historia judicial contra un Estado soberano. La nacionalización de YPF, ejecutada en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y bajo la dirección del entonces viceministro de Economía Axel Kicillof, fue presentada en su momento como una medida estratégica para recuperar el control energético del país.

La situación actual se enmarca en un contexto de extrema fragilidad económica. El Gobierno de Milei sostiene que la pérdida del control accionario de YPF impactaría de manera directa en las posibilidades de sostener reservas, controlar precios de combustibles y continuar con el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los principales proyectos energéticos del país.

¿Qué está en juego?

El caso YPF no es solo una disputa legal entre el Estado argentino y fondos de inversión. Es también una pulseada política e ideológica sobre el rol del Estado, la legalidad de la reestatización y los límites de los tribunales extranjeros para condicionar decisiones soberanas. Mientras tanto, los mercados observan con atención. Tras la noticia de la suspensión, las acciones de YPF, que habían caído con fuerza, recuperaron terreno en Wall Street.

El futuro inmediato dependerá de lo que decida la Corte de Apelaciones. Pero lo cierto es que el caso continuará ocupando un lugar central en la agenda política, judicial y mediática de los próximos meses.