La investigación por la caída fatal de la joven de 26 años desde el departamento que compartía con su pareja avanza hacia una instancia clave. La fiscalía sostiene que hubo abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada. La defensa insiste con la excarcelación.

La causa que investiga la muerte de Rocío Ayelén Alvarito, ocurrida el 29 de enero de 2026 en un departamento del centro de La Plata, atraviesa un momento decisivo. El fiscal Álvaro Garganta solicitó la prisión preventiva de Marcos Ariel García, pareja de la víctima, al considerar que existen elementos suficientes para sostener su responsabilidad penal en los hechos que derivaron en el fallecimiento de la joven de 26 años.

El expediente reconstruye una secuencia compleja que se inició durante la mañana de aquel día, en la vivienda ubicada en la intersección de 47 y Diagonal 76, donde ambos convivían. Según la hipótesis acusatoria, una fuerte discusión escaló hasta generar un escenario de extrema tensión emocional que terminó con Rocío colgándose del balcón del inmueble y cayendo al vacío, con consecuencias fatales horas después en un centro de salud.

Mientras la fiscalía avanza con el pedido de prisión preventiva bajo las figuras de abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada, la defensa del imputado redobla esfuerzos para lograr su excarcelación. El planteo ya llegó a la Cámara Penal, que deberá revisar la situación procesal y definir si García continúa detenido mientras se desarrolla la investigación.

La reconstrucción de los hechos según la fiscalía

En su requerimiento, el fiscal sostiene que en la mañana del 29 de enero se produjo una discusión intensa entre Rocío Ayelén Alvarito y Marcos Ariel García dentro del departamento que compartían. Para la acusación, la joven intentó retirarse del lugar en medio del conflicto, pero su pareja no se lo habría permitido, restringiendo su libertad de movimiento.

Ese episodio, según la hipótesis oficial, generó en la víctima una descompensación psicológica que la llevó a intentar escapar por el balcón. La fiscalía describe un cuadro de angustia extrema en el que Rocío, al no poder salir por la vía habitual, habría optado por colgarse del balcón como vía de huida.

El punto central de la imputación no es la existencia de una agresión física directa que provocara la caída, sino la conducta previa y posterior atribuida al imputado. El fiscal considera que García creó un contexto de desesperación que colocó a la joven en una situación límite y que, una vez advertido el riesgo inminente, no desplegó acciones eficaces para resguardar su integridad física.

La acusación sostiene que, aun cuando la decisión de colgarse del balcón haya sido adoptada por la propia víctima, el contexto generado y la supuesta omisión de auxilio resultan penalmente relevantes. En ese marco, la caída que provocó lesiones gravísimas y su posterior muerte no serían un hecho aislado, sino el desenlace de una secuencia previa atribuida al imputado.

Los delitos imputados: qué significan y qué penas prevén

El fiscal le endilga a Marcos Ariel García los delitos de abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada, en concurso real entre sí. Se trata de figuras penales de considerable gravedad que, de prosperar, contemplan penas de cumplimiento efectivo.

El abandono de persona seguido de muerte se configura cuando alguien que tiene un deber jurídico de cuidado coloca a otra persona en situación de desamparo o no la asiste frente a un peligro concreto, y esa omisión deriva en el fallecimiento. En el caso bajo análisis, la fiscalía entiende que, en el marco de una convivencia, existía un deber especial de protección hacia la víctima.

Por su parte, la privación ilegal de la libertad agravada implica restringir ilegítimamente la libertad ambulatoria de otra persona. La agravante puede vincularse con el vínculo existente entre víctima e imputado o con la forma en que se produjo la restricción. Para la acusación, impedir que Rocío abandonara el departamento durante la discusión constituye un elemento central del tipo penal.

La figura del concurso real significa que ambos delitos se analizan de manera independiente, y en caso de condena las penas podrían acumularse dentro de los límites establecidos por el Código Penal. Esa circunstancia agrava el panorama procesal del imputado y refuerza el pedido de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público.

La prisión preventiva y los criterios que evalúa la Justicia

La solicitud de prisión preventiva no implica una condena anticipada, pero sí supone que el fiscal considera acreditados, en esta etapa, elementos suficientes para sostener la probable responsabilidad del imputado y la necesidad de mantenerlo detenido para asegurar el proceso.

Para dictar la prisión preventiva, los jueces deben evaluar dos aspectos centrales: la existencia de indicios firmes sobre la comisión del delito y la participación del acusado, y la presencia de riesgos procesales, como peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.

En causas de alto impacto, el análisis suele ser minucioso. Se pondera la gravedad del hecho, la expectativa de pena, la conducta previa del imputado y su arraigo. En este expediente, la fiscalía entiende que la calificación legal y las circunstancias del caso justifican la medida cautelar más gravosa.

La defensa, en cambio, sostiene que no existen riesgos concretos que ameriten la detención preventiva y que el imputado podría afrontar el proceso en libertad bajo determinadas condiciones. Esa discusión es la que ahora deberá resolver la Cámara Penal.

La estrategia de la defensa y el debate en la Cámara

Los abogados de Marcos Ariel García cuestionan la reconstrucción realizada por la fiscalía y plantean que no se ha probado una acción directa que provocara la caída. Argumentan que una discusión de pareja, aun cuando haya sido intensa, no constituye por sí misma un delito ni puede transformarse automáticamente en responsabilidad penal por el desenlace trágico.

También ponen en duda que se haya configurado una verdadera privación ilegal de la libertad, es decir, una restricción concreta y efectiva que impidiera a la víctima abandonar el lugar. En relación con el abandono de persona, sostienen que no se acreditó una omisión deliberada de auxilio en los términos exigidos por la ley.

El recurso presentado ante la Cámara Penal busca revertir la negativa a la excarcelación y cuestionar la solidez de los indicios reunidos hasta el momento. Los camaristas deberán analizar la prueba existente, la calificación jurídica y la razonabilidad de mantener la detención en esta etapa.

La decisión que adopte el tribunal no sólo impactará en la situación inmediata del imputado, sino que marcará el rumbo del proceso. Si confirma la prisión preventiva, García continuará detenido mientras la causa avanza hacia una eventual elevación a juicio. Si la revoca, podría recuperar la libertad bajo reglas de conducta estrictas.

Un caso que conmociona a La Plata y abre interrogantes

La muerte de Rocío Ayelén Alvarito generó conmoción en la comunidad platense y reavivó el debate sobre la responsabilidad penal en contextos de conflictos de pareja. El expediente obliga a analizar hasta qué punto determinadas conductas previas y omisiones pueden resultar determinantes en un desenlace fatal.

En este tipo de investigaciones, la reconstrucción de los minutos previos resulta clave. Pericias psicológicas, testimonios, análisis de comunicaciones y estudios técnicos sobre la mecánica de la caída forman parte del conjunto probatorio que deberá ser evaluado en profundidad.

La Justicia deberá determinar si el contexto descripto por la fiscalía fue suficiente para colocar a la víctima en una situación desesperante que terminó en la caída, y si el imputado tenía la posibilidad concreta y el deber jurídico de evitar ese resultado.

Mientras tanto, la causa continúa su curso en los tribunales de La Plata. La definición sobre la prisión preventiva será un hito en un proceso que todavía tiene etapas por delante y que mantiene en vilo tanto a la familia de la joven como al entorno del acusado.

El expediente avanza con la mirada puesta en esclarecer con precisión qué ocurrió aquella mañana del 29 de enero de 2026. La resolución judicial que se adopte en las próximas semanas será determinante para encaminar el caso hacia juicio o redefinir la situación procesal del único imputado en una causa que sigue generando impacto y debate en la ciudad.