El Gobierno de Javier Milei cerró el primer semestre legislativo de 2026 con un balance que considera ampliamente positivo. A pesar de no haber concretado la totalidad de las reformas estructurales anunciadas al inicio del año, la administración libertaria consiguió aprobar leyes de fuerte impacto económico, laboral, judicial e institucional, además de consolidar una estrategia parlamentaria que le permitió avanzar en temas que permanecían estancados desde hacía años.

Entre los principales logros aparecen la reforma laboral, el nuevo Régimen Penal Juvenil, la modificación de la Ley de Glaciares, la Ley de Inocencia Fiscal y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, considerado uno de los tratados internacionales más importantes de las últimas décadas.

Con el Congreso entrando en el receso invernal, la Casa Rosada ya prepara una segunda etapa de reformas que promete abrir nuevos debates políticos. La prioridad será avanzar con la eliminación de las PASO, una iniciativa que el oficialismo considera estratégica para el futuro electoral, además de impulsar cambios vinculados con la estabilidad fiscal, el Banco Central, la propiedad privada y nuevas medidas para fomentar inversiones.

Las reformas que fortalecieron el plan económico y laboral de Milei

La principal victoria legislativa del oficialismo fue la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, una iniciativa que el Gobierno definió como uno de los pilares de su programa económico para incentivar la inversión privada, reducir los costos laborales y promover la generación de empleo formal.

La norma introdujo modificaciones profundas en el mercado de trabajo argentino. Entre los cambios más relevantes se encuentra la implementación del banco de horas, una herramienta que permite reorganizar las jornadas laborales de acuerdo con las necesidades productivas de cada empresa.

Además, la legislación modificó el esquema de indemnizaciones mediante nuevos mecanismos de compensación, redujo distintas cargas para los empleadores y creó un fondo de asistencia laboral financiado por las propias empresas.

Otro de los cambios centrales fue la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, un sistema mediante el cual los acuerdos continuaban vigentes aun después de su vencimiento. Con la nueva normativa, los convenios deberán ser renegociados y cobrarán mayor importancia los acuerdos celebrados directamente dentro de cada empresa.

La ley también incorporó una figura destinada a trabajadores independientes que prestan servicios específicos fuera del régimen tradicional de contrato laboral, una medida que el Gobierno considera clave para ampliar las posibilidades de contratación y adaptarse a nuevas modalidades de empleo.

Uno de los aspectos que generó mayor discusión fue la regulación del derecho de huelga en servicios esenciales. A partir de la reforma, sectores como salud, educación, transporte, energía y agua deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 75% durante las medidas de fuerza. Para otras actividades consideradas trascendentales, como bancos, minería, industria y comercio electrónico, el servicio mínimo obligatorio será del 50%.

Mientras el oficialismo sostiene que estas modificaciones brindan mayor previsibilidad a la economía y mejoran el clima para las inversiones, los sindicatos mantienen cuestionamientos por considerar que afectan derechos laborales históricos.

Dentro del paquete económico también sobresale la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El tratado, fruto de más de dos décadas de negociaciones, abre oportunidades para ampliar exportaciones argentinas, incrementar inversiones extranjeras y facilitar el acceso de empresas nacionales a uno de los mercados más importantes del mundo.

Para el Gobierno, este acuerdo representa una herramienta estratégica para mejorar la competitividad del sector privado y fortalecer la inserción internacional de la economía argentina.

Seguridad, inversiones y cambios fiscales: los proyectos que marcaron el semestre

Otro de los proyectos más relevantes aprobados por el Congreso fue el nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años luego de un debate que permanecía abierto desde hacía casi veinte años.

Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma actualiza el sistema penal frente a nuevas modalidades delictivas y brinda mayores herramientas para intervenir en casos de delitos graves cometidos por menores de edad. Al mismo tiempo, distintos especialistas y organizaciones expresaron reparos sobre el impacto que la medida podría tener en materia de derechos de niños y adolescentes.

El oficialismo también consiguió modificar la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada principalmente por provincias con fuerte actividad minera.

La reforma estableció que cada provincia podrá definir cuáles son los glaciares y ambientes periglaciares que deberán preservarse de acuerdo con su función hídrica comprobada o relevante. Según el Gobierno, el objetivo es compatibilizar el desarrollo de inversiones productivas con la protección ambiental.

Otra de las leyes destacadas fue la denominada Inocencia Fiscal, impulsada para incentivar la regularización de activos y facilitar la incorporación de ahorros no declarados al circuito económico formal.

La normativa elevó los montos mínimos para configurar delitos de evasión tributaria y redujo los plazos de prescripción penal. Desde el Ministerio de Economía consideran que estas modificaciones generan mayor seguridad jurídica para los contribuyentes y simplifican el funcionamiento del sistema tributario.

Sin embargo, el Ejecutivo ya trabaja en una ampliación de la iniciativa con el objetivo de permitir que más personas puedan acceder al régimen y potenciar el ingreso de capitales a la economía formal.

Durante los últimos meses también avanzaron otros proyectos importantes para la estrategia económica oficial.

Entre ellos aparecen el acuerdo destinado a resolver litigios pendientes con acreedores internacionales, la media sanción del denominado Super RIGI para promover inversiones en sectores estratégicos, las modificaciones al régimen de Zonas Frías y la denominada Ley Hojarasca, orientada a eliminar regulaciones consideradas innecesarias para la actividad económica.

A estas iniciativas se suma el avance en la cobertura de vacantes dentro del Poder Judicial. Durante el semestre se aprobaron más de cien designaciones para juzgados, fiscalías y defensorías, mientras el Ministerio de Justicia trabaja para enviar nuevos pliegos al Senado antes de fin de año.

La reforma política y las leyes que buscará aprobar después del receso

Concluido el primer semestre parlamentario, el Gobierno ya puso la mirada en una nueva etapa de reformas que considera determinantes para consolidar su programa económico e institucional.

El principal objetivo será avanzar con la reforma política, cuyo punto central consiste en eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Desde la Casa Rosada sostienen que las elecciones primarias representan un gasto innecesario para el Estado cuando no existe competencia interna dentro de los partidos políticos y consideran que su eliminación permitirá simplificar el calendario electoral.

Sin embargo, la iniciativa todavía enfrenta diferencias entre algunos gobernadores y bloques aliados, por lo que las negociaciones continuarán durante las próximas semanas para reunir los apoyos necesarios.

Además de la reforma electoral, el oficialismo buscará aprobar un conjunto de proyectos vinculados con la protección de la propiedad privada.

Entre las propuestas aparecen mecanismos para agilizar los procesos de desalojo, modificaciones en la legislación sobre manejo del fuego, cambios en la ley de expropiaciones y nuevas reglas para la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros.

La agenda económica también ocupará un lugar central durante la segunda mitad del año.

El Gobierno pretende ampliar los beneficios de la Ley de Inocencia Fiscal mediante nuevos incentivos para la regularización de activos y promover una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central destinada a reforzar su independencia y limitar la posibilidad de financiar al Tesoro Nacional.

Otra de las iniciativas apunta a incorporar un mecanismo inspirado en el denominado «shutdown» utilizado en Estados Unidos, con el objetivo de impedir que el Estado incremente el gasto público por encima de los recursos autorizados en el Presupuesto.

Para el Ejecutivo, estas reformas buscan consolidar el equilibrio fiscal, fortalecer la estabilidad macroeconómica, generar mayor confianza para las inversiones privadas y ofrecer previsibilidad a empresas, emprendedores y mercados financieros.

Con una primera mitad del año marcada por importantes avances legislativos, el Gobierno de Javier Milei apuesta ahora a sostener el respaldo parlamentario para impulsar una nueva etapa de transformaciones. La discusión sobre las PASO, la independencia del Banco Central, la estabilidad fiscal, la seguridad jurídica y las inversiones promete convertir al segundo semestre en uno de los períodos políticos más intensos del año, con iniciativas que podrían redefinir el funcionamiento institucional y económico de la Argentina en los próximos años.