En el complejo escenario latinoamericano del siglo XXI, las universidades nacionales ocupan un lugar estratégico, no solo como instituciones educativas, sino como actores políticos, científicos y culturales con capacidad de intervención en los debates centrales de nuestras sociedades. En Argentina, su historia está marcada por una fuerte tradición reformista, que desde 1918 sentó las bases de una universidad democrática, autónoma, cogobernada y comprometida con la realidad social. Sin embargo, hoy esas instituciones enfrentan tensiones múltiples: la presión por adaptarse a las demandas del mercado global, la fragilidad de los presupuestos públicos, el avance de discursos deslegitimadores y la necesidad de repensarse ante los nuevos escenarios tecnológicos y sociales.

Una función que excede la enseñanza

Las universidades nacionales argentinas no son sólo lugares donde se dictan clases. Son, ante todo, espacios de producción y circulación de conocimiento, de formación de ciudadanía crítica y de construcción de soberanía cultural y científica. Como señala el pedagogo Pablo Pineau, “la universidad no tiene sentido si no es pública, gratuita, inclusiva y comprometida con la transformación de las condiciones materiales de existencia”. Bajo esta premisa, la universidad asume el desafío de no ser neutral: elige ponerse del lado de los sectores más postergados, intervenir en el territorio, dialogar con las demandas sociales y contribuir al desarrollo nacional.

En este sentido, universidades como la UNLP, la UNC, la UBA o la UNR han sido protagonistas de proyectos estratégicos en áreas tan diversas como la salud pública, el desarrollo tecnológico, la economía social, el ambiente, la memoria y los derechos humanos. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, se destacaron en la producción de barbijos, test rápidos, insumos sanitarios y campañas de vacunación. Estos hechos confirman que las universidades públicas no son islas, sino motores de soluciones colectivas.

El riesgo de la mercantilización

A pesar de estos aportes, la universidad pública enfrenta fuertes amenazas. En un contexto de ajuste económico, el recorte presupuestario golpea directamente su capacidad de funcionamiento, de investigación y de inclusión. Como advierte el especialista en políticas educativas Adrián Cannellotto, “la lógica de la eficiencia mal entendida, propia del neoliberalismo, busca reducir la universidad a un servicio, en lugar de concebirla como un derecho y un bien público”.

La creciente mercantilización del conocimiento, impulsada por organismos financieros internacionales y modelos de evaluación productivistas, tiende a imponer criterios cuantitativos que ignoran la especificidad de las ciencias sociales, las humanidades y los aportes culturales no mensurables en términos de rentabilidad. Esta lógica, además, pone en riesgo el acceso de los sectores populares, socavando el carácter igualador que históricamente tuvo la educación superior en Argentina.

Autonomía y compromiso político

Otra tensión central es la disputa por la autonomía universitaria. Si bien la Constitución Nacional la garantiza, en los hechos muchas universidades sufren presiones políticas, judiciales o mediáticas que buscan condicionar sus agendas académicas. La autonomía no debe confundirse con indiferencia social: al contrario, como sostenía la filósofa Adriana Puiggrós, “la universidad debe ser autónoma del poder, pero nunca del pueblo”.

En este contexto, el rol de la universidad como actor político cobra mayor relevancia. Las casas de estudio son espacios donde se disputa el sentido común, donde se forma a las futuras generaciones que conducirán los destinos del país. La universidad que no toma partido por los derechos humanos, por la justicia social, por la equidad de género, por la soberanía científica y tecnológica, corre el riesgo de volverse irrelevante o, peor aún, funcional al statu quo.

La integración regional como horizonte

A nivel regional, el fortalecimiento de redes universitarias como AUGM (Asociación de Universidades Grupo Montevideo) y ENLACES (Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior) muestra la voluntad de las universidades de construir una agenda común. La reciente elección de la Universidad Nacional de La Plata como vicepresidenta de AUGM refuerza esta línea: se reconoce su trayectoria en la defensa de la integración regional, la cooperación científica y el compromiso con una universidad latinoamericana autónoma y solidaria.

La internacionalización de la educación superior no puede reducirse a rankings o intercambios elitistas: debe pensarse como un proceso de construcción colectiva del conocimiento entre países del Sur, respetando la diversidad cultural y las necesidades locales. En ese sentido, la universidad pública tiene mucho para aportar desde su experiencia y su capital humano.

Una defensa activa

El futuro de las universidades nacionales está en disputa. No alcanza con defender su existencia: es necesario pensar su sentido, su proyecto y su misión en la sociedad contemporánea. Ante los intentos de vaciamiento simbólico y material, es fundamental que las comunidades universitarias docentes, estudiantes, no docentes, graduados se movilicen, articulen y comuniquen el valor social de lo que hacen cada día. La universidad debe ser un faro de pensamiento crítico, pero también una herramienta concreta para transformar realidades.

Como dijo el rector Martín López Armengol de la Universidad Nacional de La Plata en la última sesión de AUGM, “defender la universidad pública es defender la posibilidad de construir un futuro más justo e igualitario para todos”. Esa defensa no puede quedar en manos de unos pocos: es responsabilidad de toda la sociedad.