La localidad platense de Los Hornos sigue conmocionada tras un ataque de extrema violencia que dejó a un joven con secuelas irreversibles. A menos de 48 horas del hecho, fuentes oficiales confirmaron que Marcelo Alexander Castagnet Romero, de 24 años y nacionalidad uruguaya, debió ser sometido a la amputación de una pierna a causa de las graves heridas sufridas durante una agresión múltiple. Mientras tanto, sus familiares y amigos organizaron una protesta en reclamo de justicia, que incluyó un corte de calle y la quema de gomas frente a la comisaría local, denunciando además irregularidades en la causa judicial.

El episodio, que ya se convirtió en tema central de la agenda local, sucedió en la madrugada del domingo, alrededor de las 6, en la intersección de calles 142 y 57. Según la reconstrucción de testigos y material fílmico, Marcelo fue abordado por al menos cuatro agresores: dos mujeres mayores de edad y dos adolescentes de 16 años, quienes actuaron con armas blancas. La violencia del ataque fue tal que la víctima sufrió al menos cuatro cortes profundos, en distintas partes del cuerpo, incluyendo la espalda, la entrepierna y la pierna que finalmente fue amputada.

Vecinos que presenciaron la escena describen un cuadro de extrema desesperación y pánico. “Nunca había visto algo así, fue como una película de terror”, relató un testigo que ayudó a trasladar al joven al hospital. Las imágenes difundidas muestran a Marcelo desangrándose en la calle, auxiliado por transeúntes hasta la llegada de la ambulancia. El drama generó conmoción en toda la comunidad de Los Hornos, donde se multiplican los cuestionamientos sobre la seguridad y la respuesta de las autoridades locales.

La operación médica y la lucha por salvar la vida

Tras el ataque, la víctima fue trasladada en estado crítico a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos. Desde allí, los profesionales médicos decidieron su derivación inmediata al Hospital San Juan de Dios, donde ingresó a quirófano en condiciones críticas. Según fuentes del centro de salud, los cortes en la pierna habían comprometido arterias principales, lo que obligó a un procedimiento de emergencia que finalmente derivó en la amputación.

Los médicos informaron que Marcelo se encuentra actualmente estable pero permanece intubado y bajo estricta observación. La intervención, aseguran, fue la única alternativa para salvar su vida frente al riesgo de hemorragia masiva e infección. “Estamos concentrados en su recuperación, el proceso será largo y requerirá rehabilitación física y psicológica”, detalló uno de los profesionales que participó en la operación.

La familia de la víctima enfrenta ahora un doble desafío: acompañar la recuperación de Marcelo y exigir justicia por lo sucedido. La noticia de la amputación profundizó el dolor y la indignación de los allegados, quienes denuncian además que los presuntos responsables ya habrían recuperado la libertad a pesar de estar imputados por lesiones graves. Este hecho desató una protesta que incluyó cortes de calle y la quema de gomas frente a la comisaría, una medida que busca visibilizar lo que consideran un fallo del sistema judicial.

Investigación y reclamo de justicia

El Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Tercera intervino rápidamente tras la denuncia del ataque y logró identificar a los cuatro presuntos agresores: dos mujeres mayores y dos adolescentes. Todos fueron inicialmente imputados por lesiones graves y permanecieron en custodia, pero según denunciaron los familiares de Marcelo, la justicia habría dispuesto su liberación, lo que generó un fuerte malestar en la comunidad.

Los familiares reclaman ahora un cambio de carátula judicial, argumentando que la gravedad de las heridas y la amputación de la pierna de Marcelo justifican una revisión del proceso y una imputación más severa. “No podemos permitir que esto quede impune. Mi hijo casi pierde la vida y ahora una pierna. Necesitamos que se haga justicia y que los responsables paguen por lo que hicieron”, declaró la madre de la víctima durante la protesta.

Organizaciones locales y vecinos coinciden en que este caso refleja un problema estructural en la seguridad del barrio y la falta de medidas preventivas efectivas. Las calles de Los Hornos, históricamente transitadas y con fuerte presencia vecinal, ahora son escenario de debates sobre la responsabilidad de las autoridades en la protección de los ciudadanos. El reclamo social apunta no solo a sancionar a los agresores, sino también a impulsar políticas de prevención frente a la violencia callejera y la actuación judicial en casos de extrema gravedad.

El impacto del hecho se ha extendido más allá de Los Hornos. En redes sociales, la comunidad platense y usuarios de otras ciudades de Argentina han mostrado su apoyo a Marcelo y su familia, compartiendo imágenes de la protesta y mensajes de solidaridad. La viralización del episodio también generó llamados a reforzar los sistemas de vigilancia vecinal y el control sobre menores involucrados en delitos graves.

A nivel judicial, la investigación continúa abierta y los fiscales a cargo deberán evaluar la posibilidad de recaratular el delito, considerando la secuela permanente que sufrió la víctima. Este paso podría modificar las condiciones de detención de los imputados y marcar un precedente en casos de violencia grupal con consecuencias irreversibles.

Mientras tanto, Marcelo permanece internado y su entorno confía en que la atención médica permita su recuperación parcial, aunque con la certeza de que enfrentará un proceso largo de rehabilitación. La comunidad de Los Hornos observa con atención cómo se desarrolla la causa judicial y exige respuestas claras a las autoridades, en un contexto marcado por la indignación y la búsqueda de justicia para una víctima que sobrevivió a un ataque brutal pero que pagó un alto precio físico y emocional.

El caso refleja no solo la violencia que puede desencadenarse en situaciones de conflicto interpersonal, sino también las fallas que muchas veces atraviesan el sistema judicial y de protección ciudadana. La protesta de familiares y vecinos de Marcelo, lejos de ser un episodio aislado, se inscribe en un reclamo más amplio por seguridad, transparencia judicial y medidas efectivas que eviten que tragedias similares vuelvan a ocurrir en la zona.