En una sesión maratónica y con un amplio respaldo opositor, la Cámara de Diputados otorgó este miércoles media sanción al proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento de las universidades nacionales, actualizar los recursos por inflación y convocar paritarias para docentes y no docentes. La votación, que representó un nuevo desafío para el gobierno de Javier Milei, se produjo en el marco de una jornada legislativa cargada de tensión, con otros temas sensibles en agenda como la emergencia pediátrica y el reparto de fondos coparticipables.

Con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa promovida por el bloque radical disidente “Democracia para Siempre” en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), superó con holgura el umbral de mayoría simple, pero se quedó a solo un voto de alcanzar los dos tercios necesarios para blindarse ante un eventual veto presidencial. Hubo 18 ausencias clave, muchas de ellas impulsadas desde gobernaciones alineadas con la Casa Rosada.

El proyecto establece la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, incluidos los hospitales universitarios y partidas para investigación científica. Además, ordena al Poder Ejecutivo convocar a paritarias dentro de los próximos tres meses y propone un aumento en el sistema de becas destinado a estudiantes de bajos recursos.

Cruces políticos y posicionamientos

Desde el oficialismo, el rechazo fue tajante. Los diputados de La Libertad Avanza sostuvieron que la medida implica un “riesgo fiscal” y atenta contra el objetivo central del gobierno: el superávit. “No vamos a tirar por la borda todo el esfuerzo que estamos haciendo los argentinos para no tener déficit y no generar inflación”, argumentó la diputada libertaria Nadia Márquez. En la misma línea, Santiago Santurio afirmó que “quieren romper el superávit y a los que más lastiman es a los más vulnerables”.

En contraste, desde el espacio promotor del proyecto, la diputada Danya Tavela denunció la inacción del Ejecutivo: “Por segundo año consecutivo el Gobierno no cumple con su obligación de presentar el Presupuesto. Llevamos dos años de un atraso histórico en el sistema universitario. Ni siquiera en los años noventa se vivió algo similar”.

Gabriela Brouwer de Koning, de la UCR, agregó: “El orden fiscal no debe ser un fin en sí mismo. Si queremos que Argentina crezca, debemos priorizar la educación, la ciencia y la tecnología. La universidad pública es una inversión estratégica”. Por su parte, Oscar Agost Carreño, del bloque Encuentro Federal, apuntó: “Invertir en la universidad no va en contra de la responsabilidad fiscal. Lo que discutimos son las prioridades de inversión del país”.

El Gobierno, en minoría y sin margen

Pese a sus esfuerzos, el oficialismo no logró impedir que se alcanzara el quórum para habilitar el debate. Poco después del mediodía, el tablero marcó 131 diputados presentes, dos por encima del mínimo requerido. Con aportes clave de Unión por la Patria, sectores disidentes del radicalismo, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal y bloques provinciales, la sesión siguió adelante pese a las maniobras del oficialismo.

Entre los aportes sorpresivos al quórum se destacaron los diputados Karina Banfi, Martín Tetaz, Julio Cobos, Fabio Quetglas y Roxana Reyes, entre otros. También participaron figuras cercanas a gobernadores provinciales que optaron por desmarcarse del Gobierno nacional, como Sergio Acevedo (Santa Cruz) y Mario Barletta (Santa Fe).

El PRO mostró una postura dividida: hubo algunas ausencias llamativas, como la de Silvia Lospennato, y algunas adhesiones puntuales al proyecto por parte de diputados del ala moderada como Álvaro González y Héctor Baldassi.

El Senado, la próxima parada

La media sanción deja al oficialismo en una posición incómoda. Aunque aún tiene la facultad del veto, como ya hizo en 2024 con una ley similar, la cercanía a los dos tercios genera incertidumbre sobre si podrá sostenerlo ante una eventual insistencia de ambas cámaras. La oposición ya anticipó que buscará consolidar esa mayoría especial en el Senado, donde también existen bloques dialoguistas y disidencias internas.

El presidente Javier Milei, por su parte, ratificó en distintas oportunidades que no permitirá “gastos no financiados” y ya adelantó que vetará cualquier ley que comprometa el superávit fiscal. La tensión con el sistema universitario lleva más de un año acumulando conflictos, luego de recortes presupuestarios, desfinanciamiento en investigación y la eliminación de programas de extensión y becas.

Repercusiones y contexto

La media sanción se da en el marco de un clima de creciente presión social por el estado crítico del sistema universitario, y con rectores, docentes y estudiantes en permanente estado de alerta. La votación fue celebrada por el CIN, que viene advirtiendo desde principios de año sobre el deterioro de la infraestructura, la paralización de investigaciones y los problemas salariales que enfrentan los trabajadores de la educación superior.

Además, el temario legislativo del día incluyó otros proyectos sensibles para el Ejecutivo, como la declaración de emergencia en pediatría —impulsada por la crítica situación del Hospital Garrahan— y dos iniciativas para coparticipar los impuestos a los combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional, exigencias que responden a reclamos directos de los gobernadores.

El avance del proyecto de financiamiento universitario en la Cámara baja representa mucho más que una victoria legislativa para la oposición: es una señal clara de que existen mayorías parlamentarias dispuestas a confrontar con el modelo fiscalista del gobierno nacional cuando se trata de derechos básicos como la educación.

El debate ahora se traslada al Senado, pero también a la calle, donde la comunidad universitaria continúa movilizada y atenta. En paralelo, el oficialismo enfrenta su propio dilema: sostener el ajuste a cualquier costo o ceder ante la presión de un Congreso cada vez más activo y articulado.