El inicio de 2026 enfrenta al Gobierno con una de las encrucijadas económicas más complejas de los últimos años: cómo cumplir con la meta de superávit fiscal sin comprometer la expectativa de que la inflación alcance niveles cercanos a cero a mitad de año, según las proyecciones del presidente Javier Milei. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un Presupuesto que reduce la meta de superávit primario al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI), frente al 2,2% pactado previamente con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este ajuste responde tanto a la realidad fiscal del país como a la necesidad de equilibrar los compromisos internacionales, pero para los analistas representa un desafío mayúsculo considerando las presiones sobre el gasto público, la caída de ciertos ingresos tributarios y la necesidad de sostener reservas internacionales en un contexto de alta volatilidad cambiaria.

Contexto histórico y desafíos fiscales

Durante los últimos años, Argentina ha intentado equilibrar la disciplina fiscal con la necesidad de estimular la economía interna. En 2025, el país logró un superávit primario del 1,6% del PBI, un resultado que se consideró positivo en términos de consolidación fiscal. Sin embargo, para 2026, el panorama es distinto: la reducción de la meta al 1,5% implica que cualquier error en la recaudación o aumento imprevisto del gasto podría desequilibrar los números. La presión sobre las cuentas públicas se acentúa por leyes vigentes que limitan la capacidad de ajuste, como la normativa sobre financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, que impiden recortes automáticos en partidas significativas del presupuesto.

En paralelo, se discuten reformas impositivas y laborales que tendrán un impacto directo sobre la recaudación. Entre estas medidas se destaca la reducción de la alícuota de Ganancias para sociedades, que si bien incentiva la inversión y la actividad privada, reduce los ingresos nacionales disponibles. La eventual aprobación de la reforma laboral, con disminuciones en contribuciones patronales, podría generar una caída de 0,54% del PBI, aunque se espera compensarla parcialmente con la creación de empleo formal. Para los analistas, estos ajustes deben combinarse con un control más estricto de subsidios y tarifas para garantizar que la meta fiscal sea alcanzable sin comprometer la estabilidad económica.

Ajustes en tarifas y subsidios

El Gobierno ya aplicó aumentos en servicios públicos con el objetivo de contener el déficit y avanzar hacia el superávit. Los incrementos incluyen:

• Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa): +4% mensual de enero a abril.
• Gas: +3% mensual.
• Electricidad: +3,88%.
• Prepagas: +2,5% promedio.

Estas medidas buscan reducir los subsidios y fortalecer las cuentas fiscales sin afectar de manera excesiva a los hogares. Sin embargo, especialistas advierten que estos incrementos, aunque necesarios, no serán suficientes si la economía no logra generar empleo formal ni estimular la actividad productiva. Según Lucio Garay Méndez, economista de EcoGo, la combinación de menores alícuotas de exportación, ajustes de tarifas y un mercado laboral sin crecimiento robusto limita la capacidad del Estado para cumplir la meta fiscal sin medidas adicionales.

Inflación y proyecciones económicas

El debate sobre la inflación cero es clave en la discusión fiscal. Mientras el presidente Milei proyecta que los precios tenderán a cero a mediados de 2026, el Indec mostró una aceleración en los últimos meses de 2025. Para diciembre, las consultoras estiman que la inflación se ubicará nuevamente en torno al 2,5%, cifra idéntica a noviembre, lo que muestra un escenario aún inestable. Esta situación plantea un dilema: si la inflación efectivamente baja, el gasto público no se licuará como en años anteriores, limitando el efecto positivo sobre el superávit. En este contexto, cualquier caída en la recaudación derivada de impuestos reducidos, como los Derechos de Exportación, tendrá un impacto directo sobre las cuentas nacionales, ya que estos ingresos no se coparticipan.

La segunda revisión con el FMI

En febrero, el ministro Caputo participará de la segunda revisión del acuerdo con el FMI, donde se espera que la meta fiscal se ajuste formalmente del 2,2% al 1,5% del PBI, consolidando lo aprobado en el Presupuesto 2026. En esta instancia también se definirán los objetivos de acumulación de reservas y se evaluará la efectividad de la nueva fase del programa económico, que contempla un esquema de bandas cambiarias ajustables mensualmente según la inflación. Aunque el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que el plan tuvo el visto bueno del FMI, exfuncionarios sostienen que se trata de una solución temporal, diseñada para evitar el atraso del tipo de cambio, sin modificar de manera definitiva la estrategia cambiaria. La revisión será clave para definir si se mantienen los lineamientos actuales o se introducen ajustes adicionales en tarifas, subsidios y política fiscal.

Crecimiento económico y capacidad de contribución al superávit

El Presupuesto proyecta un crecimiento del 5% del PBI para 2026, cifra optimista frente a estimaciones de consultoras externas que ubican el crecimiento en torno al 4,5%. Este nivel de expansión es crítico, ya que el superávit primario depende no solo de la reducción del gasto y los ingresos fiscales, sino también de la dinámica de la economía real, incluida la generación de empleo formal. La falta de perspectivas robustas en la actividad económica y el mercado laboral limita la capacidad de la economía para contribuir positivamente a la meta fiscal, haciendo que cualquier ajuste en tarifas, subsidios o contribuciones sociales tenga un efecto directo sobre el cumplimiento de los objetivos.

Conclusión: equilibrio fiscal e inflación cero, el gran desafío de 2026

Argentina inicia 2026 en un delicado equilibrio. Cumplir la meta fiscal del 1,5% del PBI sin comprometer la expectativa de inflación cero requerirá una combinación de ajustes selectivos en tarifas y subsidios, modificaciones tributarias estratégicas y coordinación estrecha con el FMI. La manera en que se resuelva esta tensión marcará el rumbo económico del país durante los próximos meses, determinando si es posible consolidar un superávit fiscal sostenible mientras se mantiene la actividad económica y se fomenta la creación de empleo formal. La combinación de decisiones internas y acuerdos internacionales definirá no solo la confianza de inversores y mercados, sino también el bienestar de los hogares, que sentirán el impacto de tarifas, impuestos y políticas económicas en su día a día.