El ministro del Interior, Diego Santilli, comenzó a delinear un intenso cronograma de visitas a las provincias con el objetivo de avanzar en la segunda etapa de la agenda legislativa del Gobierno, centrada en la sanción de la reforma laboral 2026. Tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, la cartera que encabeza Santilli busca consolidar consensos con los gobernadores y anticipar ajustes que faciliten la aprobación de un proyecto considerado clave para la generación de empleo y la modernización del mercado laboral en Argentina. La primera parada será este miércoles en Chubut, y se prevé un total de al menos diez reuniones con representantes provinciales durante enero, mientras que Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco podrían ser las siguientes provincias en recibir al ministro, según confirmaron fuentes oficiales. La agenda combina diálogo político, revisión de planteos provinciales y exposición de los beneficios que la reforma laboral traería a las economías locales, mientras se reciben los reclamos específicos que cada provincia desee plantear.

Coordinación con gobernadores: la relación con Chubut y otras provincias

La coordinación con los gobernadores es un eje central de la estrategia de Santilli. El vínculo con Ignacio Torres, gobernador de Chubut, resulta clave aunque complejo: durante la reciente discusión del Presupuesto, Torres reclamó el pago de más de 51.000 millones de pesos adeudados por la ANSES y adelantó que elevaría el reclamo ante la Corte Suprema. Desde Casa Rosada aseguran que, pese al receso estival, los tiempos para lograr acuerdos legislativos apremian y que la reforma laboral representa un objetivo estratégico para mostrar un avance concreto en la gestión del presidente Javier Milei. Santilli retomará contacto con los mandatarios con quienes mantiene buena relación y buscará incluir a quienes quedaron fuera de la primera ronda tras su asunción en noviembre; hasta ahora, ya se reunió con 18 de los 20 gobernadores, y está prevista una conversación con Claudio Poggi, de San Luis, aunque sin legisladores propios.

Sesiones extraordinarias y agenda política

En paralelo, la administración analiza la extensión de las sesiones extraordinarias para el lunes 2 de febrero, mientras que algunos estudian adelantar la convocatoria al 19 de enero para organizar asistencias y dar inicio a las comisiones el 2 de febrero. Pasadas las festividades, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reactiva la mesa política que integran Patricia Bullrich, Martín Menem, Santilli, Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Este equipo funcionó con eficiencia durante la última sesión, aunque registró algunos roces internos que deberán resolverse para garantizar la armonía en la discusión de la reforma laboral.

Avances y negociaciones con bloques aliados y gremios

Bullrich y Menem también mantienen reuniones con bloques aliados para acercar posiciones respecto al proyecto elaborado por los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo, que encontró resistencias en la Confederación General del Trabajo (CGT). Fuentes oficiales aseguran que hay margen para negociar algunos puntos tributarios específicos, aunque enfatizan que la generación de empleo sigue siendo la prioridad. Incluso, algunos funcionarios admitieron la posibilidad de mejorar la redacción para facilitar la aprobación y lograr conformidad de los gremios. Sin embargo, no todos los integrantes de la mesa cercana al presidente Milei comparten esta estrategia: una fuente con acceso al despacho presidencial afirmó que “no hay más que discutir. La reforma enviada ya contempla las modificaciones necesarias y se encuentra consensuada”.

Expectativas en Balcarce 50

En Balcarce 50 esperan que el equipo legislativo que logró sancionar el Presupuesto 2026 pueda replicar ese desempeño en la aprobación de la reforma laboral en Diputados y Senado, pese a la complejidad del proyecto. La atención de funcionarios y legisladores está centrada en cumplir con los objetivos del mandatario y avanzar con rapidez en un proyecto estratégico que consideran prioritario para el desarrollo económico y la generación de empleo.