La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una sesión clave para el Gobierno de Javier Milei. El oficialismo buscará avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y con la ampliación de Inocencia Fiscal II, dos iniciativas que apuntan a modificar las reglas monetarias y tributarias del país.

La jornada promete extenderse durante varias horas y será también una prueba para la relación entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas. Después del revés que el oficialismo sufrió en el Senado con las reformas de las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego, el Gobierno necesita mostrar capacidad para reunir apoyos y sostener su agenda económica en el Congreso.

Para conseguir el quórum, los libertarios aceptaron ampliar el temario e incorporar proyectos reclamados por distintos sectores de la oposición dialoguista. La mayoría de esas iniciativas no implica un fuerte impacto fiscal, pero sí tiene importancia para los legisladores que responden a gobernadores y estructuras políticas provinciales.

La discusión tendrá un componente económico y otro estrictamente parlamentario. Mientras el Gobierno buscará enviar una señal de previsibilidad a los mercados, sus aliados aprovecharán la sesión para plantear demandas propias y medir hasta dónde pueden condicionar las decisiones de la Casa Rosada.

Reforma del BCRA: qué cambia con la nueva Carta Orgánica

El proyecto que mayor importancia tiene para el Gobierno es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. La iniciativa busca reforzar la independencia de la autoridad monetaria y establecer límites más estrictos a su relación financiera con el Tesoro.

Uno de los principales cambios consiste en prohibir de manera explícita el financiamiento directo o indirecto del Tesoro por parte del Banco Central. De aprobarse la reforma, la entidad no podría utilizar adelantos transitorios para cubrir las necesidades financieras del Gobierno ni comprar directamente títulos públicos en el mercado primario.

La propuesta busca cerrar una herramienta que históricamente fue utilizada por distintos gobiernos para financiar parte del déficit fiscal mediante emisión monetaria. Para la administración de Milei, limitar ese mecanismo es una condición necesaria para evitar que las necesidades de las cuentas públicas terminen presionando sobre la cantidad de dinero y, eventualmente, sobre la inflación.

El proyecto también plantea modificar los objetivos que actualmente tiene el Banco Central. La Carta Orgánica reformada en 2012 había ampliado las funciones de la institución y establecido metas relacionadas con la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

El Gobierno pretende volver a concentrar la misión del organismo en un objetivo central: preservar el valor de la moneda.

La discusión no se limita a la política monetaria. Otro de los puntos importantes está relacionado con la posibilidad de remover al presidente y a los integrantes del directorio del Banco Central.

La propuesta establece que la remoción deberá estar respaldada por una causal grave y requerirá una mayoría especial de dos tercios en el Senado y en la Cámara de Diputados. El objetivo declarado es otorgar mayor estabilidad institucional a las autoridades de la entidad.

Sin embargo, la negociación parlamentaria todavía tiene aspectos pendientes. Algunos bloques provinciales plantearon la posibilidad de federalizar la integración del directorio del Banco Central mediante la incorporación de representantes de distintas regiones.

Esa alternativa se convirtió en una de las cartas de negociación entre el oficialismo y los legisladores que buscan una mayor participación de las provincias en las decisiones económicas nacionales.

Para el Gobierno, la aprobación de la reforma tendría además un fuerte valor simbólico. La intención es mostrar que el equilibrio fiscal no constituye solamente una política de corto plazo, sino que también pretende convertirse en una regla institucional para limitar el financiamiento monetario del Estado.

Inocencia Fiscal II: quiénes podrán acceder y qué cambia

El otro proyecto económico central de la sesión será la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal. El Gobierno considera que la versión aprobada anteriormente no consiguió los resultados esperados y propone modificar sus condiciones para ampliar el número de personas que pueden acceder a sus beneficios.

La nueva iniciativa elimina los límites de ingresos y patrimonio que establecía el régimen original. De esta manera, las personas humanas podrán incorporarse independientemente de cuánto ganen por año o del patrimonio que posean.

La excepción estará dada por los Grandes Contribuyentes, que quedarán excluidos de determinadas presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios contemplados en el esquema.

El objetivo económico es incentivar la incorporación de ahorros al circuito formal. Según las estimaciones difundidas por el Gobierno, existen alrededor de USD 179.000 millones que permanecen fuera del sistema y que podrían transformarse en consumo, inversión o financiamiento para la actividad económica.

La apuesta oficial es que una mayor previsibilidad tributaria ayude a generar confianza entre los contribuyentes que mantienen parte de sus ahorros fuera del sistema financiero.

Uno de los cambios más relevantes está relacionado con las discrepancias que pueda detectar ARCA entre la información declarada por una persona y los datos disponibles para el organismo recaudador.

La nueva normativa establece parámetros más precisos para determinar cuándo una diferencia puede considerarse significativa. El objetivo es evitar que una discrepancia menor provoque automáticamente la pérdida de los beneficios del régimen.

Además, cuando exista una observación, el contribuyente tendrá un plazo de 15 días para corregir la situación y abonar la diferencia correspondiente. De esa manera, se busca que un error o una diferencia puntual pueda solucionarse sin que la persona quede inmediatamente fuera del sistema.

El proyecto también incorpora una restricción específica para funcionarios de los tres poderes del Estado. Podrán acceder al Régimen Simplificado de Ganancias, pero no podrán utilizar los mecanismos destinados a exteriorizar dólares u otros fondos que no hubieran sido declarados.

La modificación busca responder a uno de los principales cuestionamientos políticos que rodearon la discusión sobre el régimen: la posibilidad de que funcionarios públicos pudieran beneficiarse de una herramienta diseñada para facilitar la formalización de ahorros.

Para el Gobierno, Inocencia Fiscal II representa una oportunidad para reducir la informalidad y ampliar la base económica que opera dentro del sistema. Para sus críticos, en cambio, será fundamental determinar si las nuevas reglas ofrecen controles suficientes para evitar abusos.

La discusión tendrá así dos dimensiones. Por un lado, estará el objetivo de movilizar capitales y aumentar la actividad económica. Por otro, la necesidad de establecer reglas claras para diferenciar la regularización de ahorros de mecanismos destinados a ocultar el origen de los fondos.

Una negociación voto por voto para sostener el quórum

La sesión también será importante porque mostrará la capacidad del oficialismo para construir acuerdos en una Cámara de Diputados fragmentada.

Después de los últimos conflictos parlamentarios, La Libertad Avanza decidió incorporar al temario alrededor de una docena de proyectos promovidos por bloques aliados y dialoguistas. Se trata, en muchos casos, de iniciativas con impacto principalmente provincial o simbólico.

Entre ellas aparece la reducción del IVA para la fécula de mandioca, un reclamo impulsado desde Misiones. También se discutirán proyectos destinados a otorgar reconocimientos nacionales a distintas provincias y localidades.

El temario contempla declarar a San Juan como Cuna de Sarmiento y Capital Nacional de la Educación, a Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías y a Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo.

También se incluyen iniciativas para reconocer a San José de los Cerrillos, en Salta, como Capital Nacional del Cerdo Negro; a Caá Catí, en Corrientes, como Capital Nacional de la Producción Bubalina; y a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina cada 9 de julio.

Además, se prevé ampliar las cámaras federales de apelaciones de Tucumán y Mar del Plata.

Aunque varias de estas iniciativas no representan grandes costos para el Estado, tienen un peso político importante para los diputados que buscan mostrar resultados concretos en sus provincias.

El Gobierno apunta así a conseguir respaldo de espacios como Argentina Federal, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz, Independencia, Adelante Buenos Aires y Córdoba Federal.

Durante la previa también se incorporó la denominada Ley Joaquín, una iniciativa vinculada con la seguridad de las instalaciones deportivas y recreativas. El proyecto surgió luego de la muerte de un niño de 12 años que fue aplastado por un arco de fútbol sin la sujeción correspondiente en Junín de los Andes.

La propuesta busca establecer mayores controles sobre la instalación, fijación y mantenimiento de arcos de fútbol, estructuras de hockey y handball, postes de rugby y vóley, aros de básquet y juegos ubicados en espacios públicos y privados.

El proyecto había sido presentado por la diputada Luciana Potenza, de Unión por la Patria, y consiguió dictamen unánime en comisión.

La inclusión de esta iniciativa también tendrá una lectura política. El oficialismo buscará comprobar si la oposición acompaña un proyecto que cuenta con respaldo transversal y, al mismo tiempo, mantener el número de legisladores necesario para que la sesión avance.

Mientras tanto, distintos sectores opositores analizaban la posibilidad de solicitar cambios en el temario o impulsar una moción para que las comisiones comiencen a tratar proyectos vinculados con el endeudamiento familiar.

Una eventual votación sobre este punto podría funcionar como una medición de fuerzas. Si la oposición consigue reunir 129 votos, demostraría que tiene capacidad para impulsar una futura sesión especial. Si queda lejos de esa cifra, el oficialismo podría utilizar el resultado para exhibir las dificultades de sus adversarios para coordinar una estrategia común.

La jornada, por lo tanto, tendrá varios niveles de importancia.

Para Milei, la aprobación de la reforma del Banco Central permitiría reforzar uno de los principales pilares de su programa económico y enviar una señal de mayor disciplina monetaria. Inocencia Fiscal II, en tanto, apunta a incorporar recursos al circuito formal y generar condiciones para que parte de los ahorros actualmente fuera del sistema pueda dirigirse hacia la economía.

Pero el resultado político será igual de relevante.

La Libertad Avanza todavía necesita negociar con bloques que no integran su espacio y que pueden cambiar de posición de acuerdo con cada proyecto. Los gobernadores y sus legisladores conservan capacidad para condicionar las votaciones y obtener respuestas a sus reclamos.

Por eso, la sesión será una prueba concreta de la capacidad del Gobierno para construir mayorías en el Congreso.

El oficialismo buscará cerrar la jornada con dos resultados: avanzar con sus principales reformas económicas y demostrar que, pese a los recientes tropiezos, mantiene capacidad para negociar y reunir votos.

Los aliados, en cambio, tendrán la oportunidad de mostrar que su respaldo no es automático y que cada acompañamiento parlamentario tiene un costo político.

En un Congreso donde ninguna fuerza cuenta por sí sola con los votos suficientes, la sesión de este miércoles puede marcar el tono de las próximas negociaciones. El debate sobre el Banco Central y la política fiscal será, en definitiva, también una discusión sobre cuánto poder conserva el Gobierno para imponer su agenda y cuánto espacio tienen sus aliados para modificarla.