En la antesala de una jornada legislativa decisiva, el Gobierno nacional comenzó a destrabar conflictos con las provincias a través del envío de fondos y acuerdos políticos con gobernadores y bloques parlamentarios, en un intento por asegurarse los votos necesarios para avanzar con el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados.

La estrategia oficial se completa con el objetivo de acelerar dictámenes en el Senado para la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares, en una semana que promete ser de alta tensión política.

La Casa Rosada sigue de cerca una sesión que se anticipa extensa y compleja, donde se pondrán a prueba los acuerdos tejidos en los últimos días. El ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza las negociaciones con los espacios denominados “dialoguistas”, mientras el Ministerio de Economía habilitó el giro de recursos a distritos clave, una señal política destinada a recomponer vínculos y consolidar respaldos legislativos.

Durante las últimas semanas, el Ejecutivo comenzó a distribuir Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a distintas provincias.

Tucumán recibió $20.000 millones; Misiones, $12.000 millones; y Chaco, $11.000 millones. Según fuentes oficiales, estas transferencias buscan atender urgencias financieras provinciales, en un contexto marcado por la caída de la coparticipación y las dificultades para afrontar compromisos como el pago de aguinaldos.

El caso de Tucumán resulta central en la estrategia del oficialismo. El gobernador Osvaldo Jaldo tuvo un rol clave para que el Presupuesto 2026 obtuviera dictamen de mayoría en comisión, ya que uno de los diputados alineados con su gestión, Elía Fernández, integra ese espacio y acompañó el texto impulsado por La Libertad Avanza.

En Misiones, el respaldo también aparece atado a la influencia del gobernador Hugo Passalacqua sobre legisladores nacionales. En particular, los senadores Carlos Arce y Sonia Decut y el diputado Oscar Herrera Ahuad serán piezas importantes en las votaciones que se vienen tanto en Diputados como en el Senado.

Además, desde el Ejecutivo anticiparon que en los próximos días se girarán ATN a Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, y a Chubut, donde el mandatario es Ignacio “Nacho” Torres. Según explicaron fuentes cercanas a esas administraciones, los fondos estarían destinados a cubrir compromisos salariales y compensar la merma de recursos nacionales.

Desde las provincias reconocen que, tras semanas de tensión, el vínculo con la Casa Rosada atraviesa un mejor momento. “Siempre hay tironeos en la negociación del Presupuesto, es algo habitual. Pero el Gobierno empezó a cumplir buena parte de lo acordado”, señalaron cerca de uno de los gobernadores que negocia con el oficialismo.

Uno de los conflictos más sensibles fue el reclamo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la deuda derivada del recorte de la coparticipación dispuesto en 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. La ausencia de una referencia explícita a ese tema en el proyecto de Presupuesto generó un fuerte malestar en el PRO, que decidió firmar en disidencia el dictamen de mayoría como gesto de protesta.

Sin embargo, el escenario cambió horas más tarde. Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, alcanzaron un acuerdo con el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, para incorporar un artículo que habilita al jefe de Gabinete a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con los fallos de la Corte Suprema.

Ese punto remite directamente a la sentencia de diciembre de 2022, cuando el máximo tribunal ordenó restituir a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa coparticipable y dispuso que las transferencias se realicen de manera diaria y automática a través del Banco Nación. Aunque CABA reclamaba el 3,50%, la inclusión del artículo fue suficiente para destrabar el conflicto político.

Con este acuerdo, el oficialismo busca asegurarse también el acompañamiento del nuevo interbloque “Fuerzas del Cambio”, integrado por el PRO, la UCR, el MID, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires. Ese espacio contará con 22 diputados, cuyos votos resultan determinantes para que el Gobierno logre aprobar tanto el Presupuesto 2026 como la ley de Inocencia Fiscal.

En paralelo, el Senado aparece como el próximo frente de disputa. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, se fijó como meta conseguir dictámenes para la reforma laboral y las modificaciones a la Ley de Glaciares antes del viernes. La intención del oficialismo es unificar esos proyectos con las iniciativas que eventualmente lleguen desde Diputados y convocar a una sesión para el 26 de diciembre.

De este modo, el Gobierno encara una semana clave para su agenda de reformas, combinando negociación política, concesiones financieras y presión parlamentaria. El resultado de las votaciones marcará no solo el rumbo legislativo de fin de año, sino también el nivel de respaldo real con el que cuenta la administración de Javier Milei para avanzar con su programa económico y estructural en un Congreso fragmentado y atravesado por disputas de poder.