Los defensores del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Orlando Spagnuolo, se apartaron de su representación en la causa en la que se investiga un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos. La decisión se conoció en la jornada en que la fiscalía concretó allanamientos en propiedades vinculadas a Spagnuolo y a otro ex funcionario, y secuestró dinero en una caja de seguridad a nombre del primero.

Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze notificaron al juzgado su renuncia “por motivos personales”, según el escrito presentado ante la autoridad judicial. La presentación —que los propios letrados elevaron formalmente— deja a Spagnuolo sin los profesionales que lo venían asistiendo en el expediente, en un momento en el que avanzan las medidas de prueba ordenadas por la Fiscalía.

Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal federal a cargo de la investigación, Franco Picardi, dispuso allanamientos en un barrio privado y en una sucursal bancaria vinculados a Spagnuolo y a Daniel Garbellini, también investigado por su paso por la ANDIS. En el operativo realizado en la entidad financiera se detectó una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo que contenía 80.000 dólares y 2.000 euros, sumas que fueron secuestradas por los investigadores por estar sin declarar.

La causa se originó tras la difusión de grabaciones que, según la denuncia inicial del abogado Gregorio Dalbón, probarían pagos indebidos en licitaciones y compras de medicamentos dentro del organismo. Las grabaciones se difundieron públicamente a través del canal Carnaval Stream, y desde entonces la fiscalía y la Justicia comenzaron a indagar sobre su veracidad y el supuesto circuito de pagos.

Pedido de nulidad y secreto de sumario

En paralelo a las pesquisas, las defensas de algunas de las empresas involucradas —entre ellas la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina— presentaron un planteo de nulidad que cuestiona la utilización de los audios como prueba. En ese reclamo sostienen que las conversaciones habrían sido obtenidas en violación del derecho a la intimidad y podrían haber sido adulteradas, por lo que solicitan que se anule todo lo actuado desde su inicio.

El expediente permanece en secreto de sumario, una medida que limita el acceso al contenido de la causa y que, según las fuentes, podría prorrogarse por otros diez días a pedido del fiscal. Mientras tanto, el juez federal Sebastián Casanello aguarda los informes de la fiscalía y de la querella —la ONG Poder Ciudadano actúa como querellante en el expediente— antes de resolver sobre las cuestiones procesales planteadas.

Declaraciones y posibles colaboraciones

En las últimas horas declaró como testigo ante la fiscalía el consultor en comunicación Fernando Cerimedo, quien ratificó ante el fiscal Picardi que Spagnuolo le describió un supuesto esquema de sobornos ligado a compras que culminaban en la Secretaría General de la Presidencia. Cerimedo indicó que las conversaciones con el ex funcionario se habrían dado en varias oportunidades a lo largo de 2024 y detalló los elementos de los que tenía conocimiento; el testigo, según su entorno, aportó lo que sabía y mantendrá reserva por el secreto de sumario.

Hasta el momento, ninguno de los mencionados en la causa —Spagnuolo, Garbellini o los titulares de la droguería— recibió una imputación formal. Las defensas que intervinieron en el expediente habían solicitado tiempo para revisar el legajo antes de fijar posición respecto de planteos como la nulidad; ahora que los abogados de Spagnuolo renunciaron, su planteo procesal quedará en manos de quien asuma la defensa.

Desde el entorno del ex funcionario no descartan que pueda analizarse la figura del “imputado colaborador” —es decir, un eventual ofrecimiento de cooperación a cambio de beneficios procesales— aunque oficialmente no se ha adoptado una decisión definitiva en ese sentido.

Cruces y causas conexas

El caso principal también derivó en denuncias cruzadas y el surgimiento de otras investigaciones relacionadas con la difusión y el origen de las grabaciones. El Gobierno, según fuentes oficiales, presentó una denuncia por una supuesta operación ilegal de inteligencia tras la aparición de nuevos audios vinculados a otras figuras públicas; esa investigación está a cargo del fiscal Carlos Stornelli e involucra la actuación de periodistas que difundieron los materiales, quienes ya declararon en Comodoro Py y aseguraron no estar imputados.

Qué sigue en la causa

El avance de la investigación dependerá, en el corto plazo, de las decisiones de la fiscalía y del juez Casanello respecto de las medidas solicitadas por las defensas, incluida la petición de nulidad. Si los tribunales rechazaran ese planteo, la pesquisa continuará con la producción y contraste de nuevas pruebas; si, por el contrario, se admitiera alguna nulidad relevante, parte del material podría quedar descartado y el proceso tendría que reconfigurarse.

Además, la salida de los abogados de Spagnuolo vuelve urgente la designación de nuevos defensores o el planteo de la defensa oficial, en caso de que el imputado no contrate a otros profesionales. A la espera de esos movimientos, la causa sigue bajo secreto de sumario y con la incertidumbre sobre si se formalizarán imputaciones o si alguno de los involucrados propondrá colaboración judicial.

La causa, por la combinación de los allanamientos, el hallazgo del dinero en la caja de seguridad y las declaraciones ya reunidas, entra ahora en una etapa decisiva en la que las partes, el Ministerio Público y el juzgado definirán el alcance probatorio de las grabaciones y el rumbo procesal que tomará la investigación.