La Universidad Nacional de La Plata y la Municipalidad firmaron un convenio para producir alimentos deshidratados que llegarán a comedores de la región. Más allá de la iniciativa, el acuerdo abre un debate urgente

La crisis alimentaria en la región dejó de ser un dato estadístico para transformarse en una realidad cotidiana. En ese contexto, la decisión de la UNLP y el municipio de articular un programa de producción y distribución de raciones deshidratadas es una señal contundente: cuando las instituciones se comprometen, pueden marcar la diferencia en la vida de miles de familias.

El aporte de la Planta de Alimentos de la UNLP no es menor. Se trata de tecnología, conocimiento científico y una logística que permite transformar hortalizas y granos en menús equilibrados, fáciles de cocinar y de bajo costo. En un país donde la mesa de los sectores populares está cada vez más vacía, que la universidad pública se ponga al frente de una política de producción de alimentos es, sin dudas, un acto de compromiso social.

Sin embargo, el propio vicepresidente de la UNLP, Fernando Tauber, lo dijo con crudeza: “Si el Estado nacional no lo resuelve, lo vamos a resolver nosotros”. La frase, más allá de su tono voluntarista, refleja una preocupación de fondo: la universidad y el municipio están asumiendo un rol que debería tener una estrategia nacional. La lucha contra el hambre no puede depender de la voluntad de voluntarias como “Las Manzaneras”, ni de convenios puntuales, sino de políticas públicas sostenidas, universales y de largo plazo.

Por otro lado, el convenio vuelve a poner en primer plano una pregunta que incomoda: ¿cuánto más se le puede pedir a la universidad pública? La UNLP ya sostiene comedores propios, brinda asistencia en salud, aporta soluciones tecnológicas y ahora, además, produce alimentos. Es cierto que su misión es ser una institución comprometida con la comunidad, pero también es evidente que su función principal la producción y transmisión de conocimiento está siendo tensionada por demandas sociales que exceden sus recursos.

El rol del municipio, encabezado por Julio Alak, es también clave: no alcanza con que la universidad produzca si no existe una red de distribución eficiente, transparente y cercana al territorio. Aquí, la articulación con los comedores y las organizaciones barriales será decisiva. El reconocimiento al histórico trabajo de las Manzaneras no es un gesto simbólico: es la constatación de que la política pública, si quiere ser efectiva, debe anclarse en la trama social que sostiene los barrios día a día.

La iniciativa “Nutrir Comunidad” es, sin dudas, un paso en la dirección correcta. Pero el riesgo es que se convierta en un parche frente a un problema estructural. La inseguridad alimentaria no se resuelve sólo con raciones deshidratadas por más nutritivas y necesarias que sean, sino con un cambio profundo en el modelo económico, en el acceso a la tierra, en la producción y distribución de alimentos.

En tiempos de crisis, los gestos solidarios y los proyectos innovadores son indispensables. La UNLP y el municipio están demostrando que cuando las instituciones se unen, pueden dar respuestas concretas y rápidas. Pero también están lanzando un mensaje político: la lucha contra el hambre no admite más dilaciones.

Porque el hambre, en definitiva, no espera.