En diálogo con Comunicadores LP, el abogado penalista Juan Manuel Duarte Carvalhosa analizó el avance de la investigación, las hipótesis que maneja la fiscalía y los elementos que podrían resultar decisivos para el futuro judicial de la causa

La investigación por el crimen de Agostina, la adolescente de 14 años asesinada en circunstancias que aún se encuentran bajo análisis judicial, continúa avanzando en una etapa clave donde la fiscalía intenta reconstruir con precisión qué ocurrió y quiénes fueron los responsables. El expediente, que mantiene una fuerte conmoción social, se apoya en distintas líneas investigativas que incluyen la posibilidad de un femicidio, la eventual existencia de violencia sexual previa y la sospecha de maniobras destinadas a ocultar evidencia.

En diálogo con Comunicadores LP, el abogado penalista Juan Manuel Duarte Carvalhosa explicó el estado actual de la causa y remarcó que la investigación se encuentra todavía en una fase preliminar, donde la recolección y valoración de pruebas resulta determinante para sostener cualquier acusación futura. Según indicó, la complejidad del caso exige un análisis minucioso de cada elemento incorporado al expediente, ya que de ello dependerá no sólo la calificación legal del hecho, sino también la posibilidad de que la causa avance hacia un juicio oral con acusaciones de extrema gravedad.

La muerte de Agostina generó un fuerte impacto público no sólo por la violencia del hecho, sino también por la edad de la víctima y el contexto en el que se investiga el crimen. Mientras familiares y allegados esperan respuestas concretas, la Justicia continúa trabajando en distintas medidas probatorias que permitan reconstruir la secuencia de los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados, en un expediente que podría derivar en penas máximas previstas por la legislación argentina.

Una investigación en etapa clave donde cada prueba puede cambiar el rumbo del expediente

Durante la entrevista concedida a Comunicadores LP, Duarte Carvalhosa explicó que la causa se encuentra actualmente en plena etapa de investigación penal preparatoria, lo que implica que todavía no existe una acusación formal elevada a juicio, sino un proceso de recolección de evidencia que permitirá a la fiscalía decidir cómo encuadrar jurídicamente el hecho. En este sentido, detalló que ya se realizaron allanamientos, pericias técnicas, autopsia y diversas medidas testimoniales que buscan reconstruir qué ocurrió antes, durante y después del crimen.

El abogado remarcó que el sistema judicial cordobés contempla la posibilidad de juicio por jurados en este tipo de delitos graves, lo que incorpora a la ciudadanía en la decisión final sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados. Desde su perspectiva, este modelo fortalece la participación social en decisiones judiciales de alto impacto, ya que permite que la sociedad intervenga directamente en la resolución de causas que conmueven a la opinión pública.

«Soy de los que están a favor del juicio por jurados porque la sociedad se involucra en la decisión de si una persona debe ser condenada o absuelta», sostuvo durante la entrevista, al referirse al funcionamiento del sistema y su impacto en casos de esta magnitud.

Una vez que la fiscalía considere reunida la prueba suficiente, solicitará la elevación a juicio, instancia en la que un tribunal deberá analizar la totalidad del expediente y determinar si corresponde avanzar hacia un proceso oral. Hasta entonces, cada pericia y cada testimonio pueden modificar el escenario de la causa y redefinir su rumbo judicial.

Femicidio, abuso sexual y encubrimiento: las hipótesis más graves bajo análisis judicial

Uno de los puntos centrales del análisis jurídico realizado por Duarte Carvalhosa está vinculado a la posible calificación del hecho como femicidio, figura penal que contempla la pena de prisión perpetua cuando se acredita que el homicidio fue cometido en un contexto de violencia de género. Según explicó, esta es actualmente una de las principales hipótesis que maneja la fiscalía, aunque aún debe ser respaldada por pruebas concretas que permitan sostener ese encuadre legal.

«Es un femicidio porque habría mediado violencia de género. Tiene la máxima pena que prevé nuestro Código Penal, que es la prisión perpetua», afirmó el abogado, al describir la gravedad de la acusación que se analiza en la causa.

Sin embargo, la investigación no se agota allí, ya que también se evalúa la posibilidad de que haya existido una agresión sexual previa al homicidio. En caso de confirmarse mediante pericias forenses y análisis complementarios, podría configurarse un concurso de delitos, lo que implicaría la imputación simultánea de abuso sexual agravado y homicidio, reforzando aún más la acusación fiscal y ampliando el alcance penal del caso.

«Puede haber concurso de delitos si se comprueba un abuso sexual con acceso carnal previo al homicidio», explicó Duarte Carvalhosa durante la entrevista con Comunicadores LP, al detallar cómo podrían coexistir distintas figuras penales dentro de un mismo hecho.

La edad de Agostina, de apenas 14 años, también adquiere un peso fundamental dentro de la causa, no sólo por su condición de menor de edad, sino también por la protección especial que establecen la legislación nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Este elemento refuerza la gravedad del expediente y coloca el caso dentro de los estándares más altos de tutela judicial.

Las pruebas determinantes y la posible existencia de encubrimiento en la causa

Entre los elementos más relevantes que analiza la fiscalía se encuentra la autopsia, considerada una de las pruebas centrales en este tipo de investigaciones, ya que permite establecer la causa de muerte, la mecánica del hecho y la existencia de posibles signos de violencia o lesiones compatibles con agresiones previas. Según explicó el abogado, estos resultados pueden resultar determinantes para confirmar o descartar las principales hipótesis del caso.

«La autopsia es una prueba fundamental en cualquier homicidio. Puede determinar signos de violencia, abuso sexual o lesiones defensivas en la víctima», señaló Duarte Carvalhosa en su análisis del expediente.

A esto se suman los testimonios que puedan surgir durante la investigación, los cuales podrían aportar información clave para reconstruir los movimientos previos y posteriores al crimen. Personas que hayan visto, escuchado o tenido conocimiento indirecto de lo ocurrido podrían convertirse en piezas importantes dentro del proceso judicial, especialmente en la etapa de juicio oral, donde su declaración tendrá mayor peso probatorio.

Otro punto que genera especial atención es la posible existencia de encubrimiento o entorpecimiento de la investigación. Si se llegara a comprobar que determinadas personas colaboraron en la eliminación de pruebas, la limpieza de la escena o la ocultación de evidencia, podrían enfrentarse a nuevas imputaciones penales que agraven el cuadro general del expediente.

El abogado explicó que este tipo de conductas tienen un impacto directo en las decisiones judiciales, ya que pueden ser interpretadas como un riesgo procesal, especialmente al momento de evaluar medidas como la prisión preventiva.

«El ocultamiento de prueba es uno de los elementos que la Justicia analiza para evaluar el riesgo procesal de una persona investigada», indicó.

Mientras la causa avanza, la familia de Agostina continúa esperando respuestas concretas en un proceso que todavía tiene etapas decisivas por delante. Aunque ninguna resolución judicial puede reparar el daño causado, el objetivo del expediente es alcanzar la verdad y determinar responsabilidades dentro del marco legal.

La investigación sigue abierta y cada nueva prueba incorporada puede modificar el escenario judicial. En ese contexto, la expectativa está puesta en la fiscalía y en el desarrollo de las pericias que podrían definir el futuro de una de las causas más sensibles del último tiempo, tanto por la gravedad del hecho como por la edad de la víctima.