El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto cuestionó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre Cristina Fernández de Kirchner y planteó que una modificación de su situación judicial podría abrir la discusión sobre una eventual candidatura presidencial en 2027. El legislador también criticó las condiciones de la prisión domiciliaria de la exmandataria y defendió la continuidad de las elecciones primarias como mecanismo para definir las candidaturas.

Durante una entrevista en el programa Futuro Imperfecto, conducido por Lorena Maciel en Radio con Vos, el dirigente de Encuentro Republicano Federal sostuvo que la sanción impuesta a la expresidenta merece una revisión. Además, mencionó la posibilidad de que un pronunciamiento de Naciones Unidas relacionado con el caso pueda servir como argumento para impulsar un pedido de revisión ante la Corte Suprema de Justicia.

La discusión se produce mientras los principales espacios políticos comienzan a proyectar sus estrategias para las elecciones presidenciales de 2027. Sin embargo, la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a competir electoralmente está condicionada por su situación judicial y no depende únicamente de las declaraciones de dirigentes políticos.

Pichetto cuestionó la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner

Uno de los principales cuestionamientos de Pichetto estuvo dirigido a la duración de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El diputado consideró que una restricción de carácter perpetuo debe ser discutida en función de su proporcionalidad y de la relación que mantiene con la condena de prisión.

“La inhabilitación especial perpetua me parece que no es una pena propia del siglo XXI”, afirmó durante la entrevista. Para explicar su postura, comparó esa sanción con el ostracismo de la antigua Grecia, una práctica mediante la cual determinados ciudadanos eran apartados de la vida política de la comunidad.

El legislador también sostuvo que la duración de la inhabilitación debería guardar una relación razonable con la pena principal. “No puede ser superior la inhabilitación” a la pena de privación de la libertad, expresó, al cuestionar que una restricción para ejercer funciones públicas pueda mantenerse de manera permanente.

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión y a inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La sentencia quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los recursos de su defensa, por lo que la exmandataria enfrenta actualmente las consecuencias penales y electorales derivadas de ese fallo.

La postura de Pichetto apunta a discutir el alcance de una sanción que, por su carácter permanente, limita la posibilidad de que la expresidenta vuelva a ocupar cargos electivos. No obstante, el planteo del diputado no modifica la condena ni deja sin efecto la inhabilitación vigente.

Al referirse a una posible candidatura presidencial, el legislador fue claro respecto de las condiciones necesarias para que esa alternativa pueda concretarse. “Si se le levanta la inhabilitación y hay una modificación de la pena, indudablemente que sí”, respondió cuando le preguntaron si Cristina Kirchner podría presentarse en los comicios de 2027.

De esta manera, Pichetto dejó abierta la posibilidad política, pero la vinculó con una eventual decisión judicial. Para que la expresidenta pudiera competir, sería necesario que su situación legal cambiara de manera que desaparecieran los impedimentos correspondientes. Hasta que eso ocurra, una postulación no puede darse por habilitada.

El diputado también cuestionó que Cristina Kirchner haya sido retirada del padrón electoral. En su interpretación, el derecho al voto merece un análisis específico y debe examinarse a la luz de los criterios aplicados por la Justicia Electoral en otros casos.

Se trata de una discusión diferente de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, ya que ambas cuestiones tienen consecuencias jurídicas propias. Por ese motivo, cualquier modificación de las restricciones electorales debe resolverse mediante los procedimientos y las decisiones que correspondan.

Naciones Unidas, la prisión domiciliaria y el debate penal

Otro de los puntos abordados por Pichetto fue la posibilidad de que una decisión de Naciones Unidas vinculada con el caso pueda aportar fundamentos para solicitar una revisión judicial. El legislador mencionó un eventual recurso ante la Corte Suprema, aunque esa alternativa depende de las características del pronunciamiento internacional y de su pertinencia jurídica.

La eventual intervención de un organismo internacional no implica, por sí sola, que una condena firme quede anulada o que una persona recupere automáticamente sus derechos políticos. Para producir efectos sobre la situación de la expresidenta, cualquier planteo debería seguir los procedimientos correspondientes y ser evaluado por las autoridades competentes.

Pichetto también manifestó su desacuerdo con el uso de una tobillera electrónica durante la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. El diputado consideró que el dispositivo representa un “exceso de mortificación”, teniendo en cuenta que la exmandataria permanece en su domicilio bajo custodia policial.

Su crítica se concentró en las condiciones de cumplimiento de la pena y en la proporcionalidad de las medidas de control. Sin embargo, ese cuestionamiento no debe confundirse con la discusión sobre la inhabilitación perpetua: se trata de aspectos diferentes del caso y cualquier modificación requiere una decisión de las autoridades judiciales.

El legislador vinculó sus observaciones con la necesidad de actualizar el Código Penal argentino, cuyo texto original data de 1921 y fue objeto de modificaciones parciales a lo largo de las décadas. Desde su perspectiva, el sistema necesita una revisión integral que contemple los cambios sociales, tecnológicos y económicos.

Entre los asuntos que mencionó se encuentran los delitos digitales, las conductas relacionadas con la inteligencia artificial y las infracciones ambientales. También propuso revisar determinadas sanciones para analizar si sus características y consecuencias continúan siendo adecuadas para los problemas actuales.

En ese marco, la inhabilitación perpetua aparece como uno de los temas que Pichetto considera necesario discutir. Su planteo invita a examinar la relación entre las penas principales y las accesorias, los efectos de las condenas firmes y los criterios que deben utilizarse para establecer restricciones al ejercicio de funciones públicas.

Una eventual reforma del Código Penal, de todos modos, requeriría un debate legislativo y no resolvería automáticamente la situación particular de Cristina Kirchner. La aplicación de cualquier cambio normativo a una condena existente dependería de las disposiciones aprobadas y de la interpretación judicial correspondiente.

Por ahora, las declaraciones del diputado representan una posición política y jurídica sobre el alcance de las sanciones. El futuro de la expresidenta en el terreno electoral continúa sujeto a su situación legal y a las decisiones que puedan adoptarse por las vías institucionales.

Las PASO y la disputa por las candidaturas presidenciales de 2027

Pichetto también analizó el panorama político que comienza a configurarse de cara a las próximas elecciones presidenciales. En particular, defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a las que considera una herramienta para ordenar las internas partidarias y definir candidaturas.

“Esperemos mantener la primaria”, sostuvo el legislador, al plantear que el mecanismo puede permitir la competencia entre distintos sectores de una misma fuerza política. Según su interpretación, las primarias no solo resultan relevantes para el peronismo, sino también para los espacios opositores y para las distintas corrientes que conviven dentro del oficialismo.

En el caso del peronismo, Pichetto mencionó a Axel Kicillof, Sergio Massa, Sergio Uñac y Gerardo Zamora entre los dirigentes que podrían tener protagonismo en la discusión presidencial. Su planteo apunta a un escenario en el que diferentes referentes busquen posicionarse y construir apoyos de cara a 2027.

La eventual participación de Cristina Kirchner agrega otro elemento a ese panorama. Si su situación judicial llegara a modificarse, su posible candidatura podría influir en la reorganización del espacio, aunque todavía no existe una habilitación que permita dar esa posibilidad por confirmada.

El diputado también cuestionó la intención del Gobierno de modificar el sistema de primarias y vinculó esa discusión con la estrategia política del presidente Javier Milei y de Karina Milei. A su entender, las reglas electorales pueden tener consecuencias sobre la competencia interna y sobre la manera en que cada fuerza organiza su oferta de candidatos.

En relación con el oficialismo, Pichetto se refirió a Patricia Bullrich y consideró que sus declaraciones sobre la continuidad del proyecto político reflejan aspiraciones presidenciales. El legislador interpretó que la dirigente podría buscar un mayor protagonismo en la sucesión de Milei y sostuvo que las PASO podrían servirle para disputar una candidatura.

También mencionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel como una figura que eventualmente podría competir con una propuesta propia. Pichetto estimó que podría captar entre siete y ocho puntos porcentuales del electorado, una proyección que atribuyó a las diferencias que mantiene con otros integrantes del Gobierno y a la existencia de votantes identificados con posiciones nacionalistas, católicas y vinculadas con las Fuerzas Armadas.

Estas apreciaciones forman parte del análisis político del diputado y no constituyen resultados electorales ni candidaturas confirmadas. La definición de los postulantes dependerá de las decisiones de cada dirigente, de los acuerdos partidarios y de las reglas electorales que finalmente estén vigentes.

Así, las declaraciones de Pichetto reúnen dos discusiones que podrían ganar relevancia durante el camino hacia 2027: el alcance de la inhabilitación que pesa sobre Cristina Kirchner y la forma en que los principales espacios políticos resolverán sus candidaturas. Mientras el futuro electoral de la expresidenta depende de una eventual modificación judicial, la continuidad de las PASO aparece como una de las cuestiones centrales para la organización de la próxima competencia presidencial.