En medio de un clima político convulsionado y bajo la atenta mirada de la ciudadanía, el Senado de la Nación vuelve a quedar en el centro de la escena. A partir de julio, los senadores comenzarán a percibir un sueldo bruto mensual superior a los $9,5 millones, lo que equivale a alrededor de $7 millones netos, tras una actualización automática de sus dietas atada a la paritaria de los trabajadores legislativos. La medida, si bien prevista por una resolución aprobada en 2024, desató una fuerte reacción del Gobierno Nacional y puso nuevamente en discusión los privilegios de la clase política.

El origen de la suba: una resolución que volvió a regir

El aumento de las dietas tiene su raíz en una resolución aprobada por el Senado en abril de 2024, cuando, por amplia mayoría, se votó vincular las remuneraciones de los senadores a las actualizaciones paritarias que recibe el personal del Congreso. En concreto, la normativa estableció una fórmula de cálculo basada en “módulos salariales”: cada senador percibiría una dieta mensual de 2.500 módulos, más 1.000 módulos por gastos de representación y otros 500 por desarraigo (para quienes no residen en el AMBA). El valor de cada módulo se ajusta de acuerdo a las negociaciones paritarias de los empleados legislativos.

Aunque la resolución generó críticas en su momento, el impacto fue postergado por una medida de congelamiento que regía hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, al no renovarse ese congelamiento ni aprobarse una nueva norma que modificara la fórmula, el mecanismo se reactivó automáticamente a partir de enero de 2025, y su impacto recién se verá reflejado en los haberes de julio, debido a la implementación gradual de los aumentos del personal del Congreso.

¿Cuánto ganarán los senadores?

Con el nuevo esquema, y considerando el valor actualizado del módulo tras la paritaria legislativa del primer semestre del año, el sueldo bruto de cada senador supera los $9.500.000 mensuales. Descontando cargas sociales e impuestos, el ingreso neto queda cerca de los $7 millones. Esto representa un incremento sustancial respecto a los montos percibidos durante 2024, cuando los legisladores habían acordado congelar sus dietas en medio del ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

Reacciones cruzadas: entre la indignación presidencial y el silencio oficialista

El aumento generó una inmediata ola de indignación social y política. El presidente Javier Milei fue uno de los primeros en reaccionar. Desde sus redes sociales, calificó la medida como «una estafa al pueblo argentino» y acusó a los senadores de actuar como «la peor casta», en línea con su retórica antiestablishment.

“Son unos estafadores, están burlándose de la gente que no puede llegar a fin de mes”, expresó el mandatario, elevando el tono contra los legisladores que, en su visión, están alejados de la realidad del país.

La vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, intentó desligarse de la polémica. A través de un comunicado, su entorno explicó que no tiene facultades para modificar las dietas de los senadores, ya que su rol se limita a coordinar las paritarias del personal del Congreso. Sin embargo, fuentes cercanas a Villarruel dejaron trascender que está evaluando “alternativas legales” para frenar o revertir el aumento, aunque reconocen que no pueden ir en contra de una resolución votada por el pleno del cuerpo legislativo.

Unión por la Patria propone limitar los sueldos

En medio de la polémica, el bloque de Unión por la Patria, encabezado por el senador formoseño José Mayans, presentó un proyecto de ley para establecer un tope a las remuneraciones de los funcionarios de los tres poderes del Estado. La iniciativa busca que ningún salario público pueda superar el equivalente a 20 salarios mínimos, vitales y móviles. Según la última actualización del SMVyM en septiembre de 2024, ese tope equivaldría a unos $5,4 millones.

“Este aumento es injustificable en un país con más del 50% de pobreza. Necesitamos reglas claras y responsables para el salario de los funcionarios públicos”, sostuvo Mayans al presentar el proyecto.

Un espejo de la crisis institucional

El debate sobre los sueldos de los senadores refleja una tensión más profunda entre la política institucional y la demanda social por austeridad y transparencia. Mientras la mayoría de los argentinos enfrenta una fuerte caída del poder adquisitivo y un ajuste generalizado del gasto público, el Congreso se convierte una vez más en símbolo de privilegio.

Distintos sectores de la sociedad civil, incluyendo organizaciones sindicales y colectivos de trabajadores estatales, expresaron su rechazo al aumento. También se multiplicaron en redes sociales los pedidos de retroceso y revisión de la medida.