La Justicia de San Luis llevará a juicio a la exsecretaria de Deportes Cintia Ramírez por presuntas maniobras irregulares con fondos estatales durante su gestión. La investigación apunta a transferencias millonarias hacia un club del que ella misma era presidenta y a la compra de un colectivo que habría sido adquirido con un fuerte sobreprecio.

El proceso judicial comenzará el 16 de marzo y podría convertirse en uno de los casos de presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años en la provincia. La fiscalía sostiene que parte de los recursos públicos destinados al deporte habrían terminado beneficiando a una institución privada vinculada directamente con la exfuncionaria.

Una causa judicial que investiga el manejo de casi 290 millones de pesos en fondos públicos comenzará a debatirse en los tribunales de San Luis la próxima semana. La exsecretaria de Deportes provincial, Cintia Ramírez, será juzgada por presuntas maniobras irregulares durante su gestión, en un proceso que podría derivar en una condena de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El caso se centra en una serie de decisiones administrativas tomadas entre 2022 y 2023, período en el que Ramírez formó parte del gobierno provincial encabezado por el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá. La fiscalía considera que durante ese tiempo se habrían utilizado recursos estatales para favorecer a una entidad privada vinculada directamente con la propia funcionaria.

La investigación sostiene que las maniobras incluyeron transferencias millonarias desde un organismo público hacia un club deportivo del cual Ramírez era presidenta, además de la compra de un colectivo cuyo valor habría superado ampliamente el precio real del vehículo. En conjunto, estas operaciones suman cerca de 290 millones de pesos y constituyen el eje central del proceso judicial que comenzará el 16 de marzo.

Transferencias millonarias bajo sospecha

Uno de los aspectos más relevantes de la causa judicial está vinculado con la creación de una estructura institucional que, según los investigadores, permitió canalizar recursos públicos hacia una institución privada.

La investigación reconstruyó que en marzo de 2022 se creó el Ente Deporte San Luis, un organismo que recibió un aporte estatal no reintegrable cercano a los 280 millones de pesos. El objetivo declarado de ese fondo era promover el desarrollo de actividades deportivas en toda la provincia mediante subsidios, programas de fomento y apoyo a instituciones.

Sin embargo, pocos meses después ocurrió un hecho que despertó sospechas en el ámbito judicial. En octubre de ese mismo año se fundó la asociación civil San Luis FC, un club orientado principalmente al fútbol femenino. La institución fue creada con la participación de Cintia Ramírez, quien asumió la presidencia de la entidad.

De acuerdo con la investigación, la estructura del club también incluía a personas cercanas a la funcionaria. Su pareja ocupó el cargo de vicepresidente, mientras que otro de los socios fundadores mantenía vínculos con el organismo estatal encargado de distribuir los fondos destinados al deporte.

A partir de ese momento comenzaron a registrarse transferencias desde el ente público hacia la institución privada. La fiscalía identificó un total de 188 operaciones que, en conjunto, superaron los 166 millones de pesos.

Según la acusación, los recursos se utilizaron para financiar distintos gastos operativos del club, entre ellos transporte, alimentación, equipamiento, electrodomésticos y otros insumos necesarios para el funcionamiento de la institución.

El punto central de la acusación radica en que la misma persona que tenía responsabilidades en la administración de los recursos públicos también encabezaba la institución que recibía parte de esos fondos. Para los investigadores, este esquema podría encuadrarse dentro de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude contra la administración estatal.

La fiscalía sostiene que muchas de las transferencias se realizaron bajo procedimientos administrativos que, en apariencia, cumplían con los requisitos formales. Sin embargo, el planteo de la acusación indica que detrás de esa estructura se habría montado un mecanismo destinado a beneficiar a una entidad privada mediante recursos provenientes del Estado.

La compra de un colectivo que generó polémica

Otro de los hechos que será analizado durante el juicio es la compra de un colectivo que, según los investigadores, se habría realizado con un precio considerablemente superior al valor real del vehículo.

La operación se concretó en diciembre de 2023, pocos días antes de que Ramírez dejara su cargo en la Secretaría de Deportes. El expediente administrativo que autorizó la adquisición se inició el 1 de diciembre de ese año, apenas nueve días antes de su salida de la función pública.

El vehículo comprado fue un colectivo marca Volvo, modelo 2018, con capacidad para 60 pasajeros. Según la documentación incorporada a la causa, el monto abonado por la operación rondó los 290 millones de pesos.

Posteriormente, peritos judiciales realizaron una tasación del vehículo y concluyeron que su valor real sería significativamente menor. De acuerdo con ese informe técnico, el colectivo presentaba condiciones de deterioro y su precio estimado no superaría los 114 millones de pesos.

La diferencia entre el monto pagado y el valor determinado por los peritos generó una brecha cercana a los 175 millones de pesos, lo que llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de un sobreprecio en la operación.

Para el fiscal que lleva adelante la causa, la rapidez con la que se tramitó el expediente administrativo también constituye un aspecto relevante que deberá analizarse durante el juicio. La compra se concretó en un lapso muy breve y en los últimos días de la gestión de la funcionaria.

Durante el debate oral se presentarán informes técnicos, pericias y testimonios que buscarán establecer si el precio pagado por el colectivo se ajustaba a las condiciones reales del mercado o si existieron irregularidades en el procedimiento de adquisición.

El juicio que podría marcar un precedente en la provincia

El proceso judicial que comenzará el 16 de marzo contará con una extensa lista de testigos y especialistas convocados para analizar las operaciones bajo sospecha.

Entre las personas citadas a declarar se encuentra el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, quien fue propuesto como testigo por la defensa de la exsecretaria. Su testimonio podría resultar clave para explicar el contexto administrativo en el que se otorgaron los subsidios al club y se autorizó la compra del colectivo.

También deberán presentarse exintegrantes del gabinete provincial, entre ellos el exsecretario de la Gobernación Miguel Ángel Berardo y el exministro de Hacienda Eloy Horcajo. A ellos se sumarán funcionarios de la Secretaría de Deportes, interventores del club y peritos que participaron en las tasaciones del vehículo.

La presencia del exgobernador en el juicio todavía genera incertidumbre. De acuerdo con información difundida en medios locales, podría encontrarse fuera del país durante los días en que se desarrollará el debate oral, lo que pondría en duda su participación directa en las audiencias.

En el plano judicial, la causa ya atravesó diversas instancias procesales. En mayo del año pasado, la jueza de Garantía N°4 de la ciudad de San Luis, Luciana Banó, resolvió que existían elementos suficientes para elevar el expediente a juicio.

La defensa de Ramírez intentó frenar el proceso mediante un planteo de nulidad. Los abogados argumentaron que la acusación había modificado la calificación legal de los hechos y que esto afectaba el derecho a defensa de la exfuncionaria. Sin embargo, el tribunal rechazó ese planteo y confirmó la continuidad del proceso judicial.

Actualmente, la fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los delitos investigados incluyen fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario.

El desarrollo del juicio permitirá determinar si las decisiones administrativas tomadas durante la gestión de Ramírez se ajustaron a los procedimientos legales o si, como sostiene la acusación, formaron parte de un esquema irregular destinado a beneficiar a una institución privada vinculada directamente con la funcionaria.

La resolución final del tribunal no solo definirá la situación judicial de la exsecretaria de Deportes, sino que también podría tener impacto institucional en la provincia. El caso pone bajo análisis la forma en que se administran los recursos públicos destinados al deporte y el alcance de las responsabilidades de los funcionarios encargados de gestionar esos fondos.